Desde que Javier Milei llegó al gobierno, la realidad de las universidades públicas fue de mal en peor. Además de una pérdida del poder adquisitivo para sus trabajadores del orden del 40 por ciento, también se recortaron fondos para gastos de funcionamiento, becas, investigación y extensión. Prácticamente, la administración libertaria paralizó a las casas de estudio en Argentina y desafió su legitimidad cada vez que pudo. Como respuesta, las instituciones organizaron clases públicas, paros y diversas iniciativas. La última se llevó adelante este jueves bajo la consigna “Prendete a defender a la universidad pública”.

Dos de las mayores movilizaciones –por lo masivas y lo transversales– en oposición al gobierno fueron las organizadas desde las universidades en abril y octubre de 2024. En ambas, estudiantes, graduados, docentes, no docentes, gremios y personas que se solidarizaron con la causa colmaron Plaza de Mayo y las ciudades más importantes en todas las provincias del país. Esto fue así por un hecho que se puede comprobar fácilmente: en todo el territorio nacional hay universidades públicas para defender.

Frente a la primera del 23 de abril, el gobierno respondió con el pedido de auditorías. Un pretexto utilizado para retrasar la inversión en las universidades (ya que las cuentas de las instituciones son periódicamente evaluadas), en pos de cumplir con el mantra del “déficit cero”. En sus redes sociales, Milei compartió un posteo que decía “Lágrimas de zurdos” y aseguró que esa protesta, lejos de cuestionar su gobierno, revalidaba el triunfo de su espacio político.

Como respuesta a la segunda marcha masiva de la comunidad universitaria, realizada el 2 de octubre, el gobierno vetó la Ley de Financiamiento universitario. Precisamente, había sido aprobada en el Congreso y, al garantizar más presupuesto y la recomposición de los salarios, aseguraba un respiro para las universidades y sus trabajadores. De hecho, confirmó algo que el mandatario ya había anticipado mediante la red X el mismo día de la marcha con la provocación “Veto total”.

Además del presidente, otros referentes del oficialismo desacreditaron las marchas diciendo que había menos gente de la que hubo, así como también refirieron a la “politización” de la protesta por la presencia de políticos provenientes de diferentes espacios opositores. La lectura fue lineal: si en la marcha también hay políticos, entonces es una marcha política, como si de otro modo no lo fuera.

Leyes, clases públicas y más

Además del proyecto sancionado y vetado de octubre, se propusieron otros. Entre todas las opciones presentadas por diferentes bloques, el que se promueve por estos días es el impulsado por el Consejo Interuniversitario Nacional, el espacio que reúne a todos los rectores. La norma, que podría ser discutida en el recinto el próximo 2 de julio, además de priorizar una mejora en el salario de los trabajadores y los gastos de funcionamiento, ofrece una mirada prospectiva y propone el crecimiento de las inversiones hasta llegar al 1,5 por ciento del PBI hacia 2031. Nada descabellado: si la educación interesa tanto, más vale fomentarla como política de Estado que trascienda los gobiernos.

El proyecto tiene dos aspectos novedosos. Por un lado, crea un fondo destinado a carreras estratégicas vinculadas a la aplicación de la inteligencia artificial y el desarrollo de Argentina. Y, por otra parte, especifica de dónde saldrán los fondos que piden las universidades: de la coparticipación federal y un proceso de reasignación de partidas. Este punto es importante porque el principal argumento del presidente cuando vetó el proyecto sancionado el año pasado era que rechazaría de plano cualquier norma que alterara el “déficit cero”.

Además de las protestas pacíficas y de las iniciativas legislativas, a lo largo de este año y medio de gestión libertaria se multiplicaron los abrazos simbólicos, las radios abiertas, las ferias de ciencias y divulgación, los ruidazos y las clases públicas en las adyacencias de las instituciones con el objetivo de dejar un mensaje conciso: las universidades son espacios que hay que cuidar más allá del color político.

Solo un cambio de piel

El tono de la confrontación entre el gobierno y las universidades se fue modificando conforme transcurrió el tiempo. En 2025, el oficialismo suavizó el acento agresivo que destacaba en 2024, y optó por bajar el volumen al debate. Quizás la decisión obedezca al año electoral, pero las declaraciones prepotentes y las desacreditaciones a las universidades no aparecieron tanto como en otros momentos de enfrentamiento directo.

Aunque la estrategia discursiva cambió, no ocurrió lo mismo con las condiciones materiales de los trabajadores y las trabajadoras de las instituciones universitarias. Desde la asunción de Milei, el salario docente perdió entre un 30 y un 40 por ciento de poder adquisitivo y las paritarias se convirtieron en aumentos míseros y unilaterales. En este sentido, se estima que uno de cada cuatro trabajadores universitarios está por debajo de la línea de pobreza. Asimismo, el presupuesto disminuyó del 0,72 por ciento del PBI en 2023 a 0,43, al tiempo que los fondos para becas cayeron un 75 por ciento con respecto a ese año.

Las universidades siguen en pie, sobreviven, pero no son las mismas. Sus docentes se marchan en busca de otros trabajos, y en el mejor de los casos realizan changas que sirven de complemento al trabajo en las aulas. Las personas que se desempeñan como personal administrativo y de servicios se las arreglan de manera similar.

El gobierno sabe que la mejor manera de desangrar a las universidades es ajustando el presupuesto. Lo que quizás el gobierno no sabe es que las universidades poseen una enorme tradición de lucha. Un siglo de capital simbólico acumulado no se termina de la noche a la mañana.

Por Pablo Esteban-PAGINA 12