La reforma laboral de Milei avanza sobre el financiamiento cultural y deja al cine argentino en estado crítico
La iniciativa enviada al Congreso y firmada recientemente por el presidente elimina los recursos que sostienen al Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales. En caso de aprobarse tal como está redactada, dejaría a toda la industria audiovisual en una situación de extrema fragilidad.
Mientras la atención pública se concentra en las modificaciones laborales, el proyecto del Gobierno de Javier Milei avanza silenciosamente sobre el financiamiento del cine nacional. Entre artículos que pasan casi desapercibidos, la iniciativa elimina las principales fuentes de recursos del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) y deja a toda la industria en una situación de extrema fragilidad.
Si el proyecto se aprueba tal como está redactado, el INCAA perderá sus fondos propios y quedará completamente atado a las partidas que -si quiere- decida girarle el Ministerio de Economía. Para un sector que ya lleva dos años de paralización, esta modificación no es un detalle administrativo: es, directamente, una amenaza de desaparición.
La reforma laboral que intenta aprobar el gobierno introduce cambios en dos leyes clave: la Ley de Cine (17.741) y la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (26.522). Aunque figuran en el texto legislativo como modificaciones accesorias, en la práctica reconfiguran de raíz el sistema de fomento cultural.
Por un lado, se eliminan herramientas básicas de control del INCAA, como la fiscalización de taquilla, declaraciones juradas obligatorias y sanciones por falsificación de boletos. Sin esos mecanismos, el organismo pierde toda capacidad de verificar ingresos y sostener su recaudación.
Pero el golpe central aparece en la derogación del Título V de la Ley 26.522, que establecía el histórico gravamen sobre la facturación de radios, canales y servicios de cable.
Ese impuesto destinaba el 25% de lo recaudado al Fondo de Fomento Cinematográfico. Sin él, desaparece la principal fuente de financiamiento del cine argentino y también la de RTA, el Instituto Nacional del Teatro, el Instituto Nacional de la Música y los proyectos audiovisuales comunitarios.
“Como si lo hubieran querido colar”: la advertencia de Daniel Pensa
Consultado por Página 12, Daniel Pensa -productor, director, docente y presidente de la Cámara Argentina de la Industria Cinematográfica (CAIC)– expresó su sorpresa por la inclusión del tema en un paquete laboral: “La primera cuestión que nos sorprende es que haya cuestiones tributarias en una reforma laboral. Según la asesoría legal que tenemos, las cuestiones tributarias deben ser ingresadas en la Cámara de Diputados, no en el Senado. No entiendo qué tienen que ver estos impuestos con una reforma laboral”, afirmó.
Pensa explicó con claridad el impacto inmediato de los artículos propuestos: “La Ley de Cine dice que el Fondo de Fomento del INCAA se nutre de dos impuestos: el 10% del boleto cinematográfico -que no lo pagaba el espectador, sino que era parte del IVA que iba directo al Fondo- y el 25% de lo que recauda el ENACOM de las televisoras. Al derogarse estos artículos, el Fondo de Fomento queda sin su fuente automática”.
Según el proyecto, la eliminación de estos recursos rige al día siguiente de la promulgación de la ley. Pensa lo resume así: “El dinero del 10% de los boletos y el 25% que el ENACOM enviaba ya no se enviará más. Es decir, el INCAA se queda sin fondos”.
El Gobierno sostiene que sería el Ministerio de Economía quien decidiría cuánto dinero asignar anualmente, “de acuerdo a la disponibilidad presupuestaria”.
“Sabemos que después eso no sucede, porque es un gobierno al que no le interesa que haya cine. ¿Quién va a hacer cine sabiendo que queda a merced de una decisión política?”, cuestionó Pensa.
Un organismo que “existe”, pero no puede actuar
La Ley de Bases establece que el INCAA no puede ser disuelto. Sin embargo, permite al Ejecutivo modificar o eliminar funciones. En un organismo sin fondos, esa potestad adquiere un sentido automático: el INCAA seguiría existiendo solo en lo formal, pero sin capacidad real de acción.
El daño excede lo económico. Sin financiamiento, se detiene por completo la cadena audiovisual: rodajes, técnicos, productoras, escuelas de cine, salas que dependen del cine nacional para sostener su diversidad de programación. El impacto es laboral, cultural y simbólico.
Como sintetiza Pensa, desde una mezcla de bronca e impotencia: “No llegamos a entender por qué este gobierno quiere que no tengamos más cine nacional, siendo una de las herramientas más potentes para mostrar la imagen de un país al mundo: su cultura, sus productos, su turismo, su funcionamiento. El cine es una de las herramientas más potentes que existen”.
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