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LA JUSTICIA TUCUMANA, EN LA MIRA DE LA CORTE

La reciente liberación de un narcotraficante que había aceptado su culpabilidad y la
posible decisión de darle arresto domiciliario a un violador hicieron estallar las
alarmas que, ya desde hace tiempo, habían comenzado a sonar en Tucumán con
relación al funcionamiento de la justicia provincial. Y la CSJN empezó a
monitorearla.

POR: MARCELINO MORENO

La situación en la Justicia de Tucumán es más que preocupante. A tal punto, que desde la
Corte Suprema de Justicia de la Nación están monitoreando de cerca el desempeño de
los jueces y fiscales de esa provincia norteña. Y el tema no es menor, dado que ha habido
una importante cantidad de fallos judiciales calificados como “disparatados”, contrarios al
Derecho y, en más de un caso, considerados irrisorios.

Un juez “más bueno que Lassie”
La frase entrecomillada que alude al famoso perro de la serie de televisión, no tiene la
intención, claramente, de elogiar al magistrado al que habremos de aludir en estas líneas.
Pero citaremos este caso porque, como afirma un viejo dicho, “para muestra basta un
botón”. Nos referimos a un hecho reciente que generó una gran indignación en la
sociedad a la vez que incrementó las críticas negativas contra el sistema judicial
tucumano. Es que un juez absolvió a un narcotraficante que, en un juicio abreviado, había
aceptado su culpabilidad sobre el delito que se le imputaba.

Pero si esa sola decisión causó un enorme desagrado, peor resultó que el magistrado
ordenara la inmediata libertad del acusado y la restitución, a éste, de todos los elementos
que se le habían secuestrado al momento de su detención, incluidos 82 gramos de
cocaína, 3 gramos de marihuana, balanzas de precisión y pastillas. La resolución del
doctor Gonzalo Ascárate, el juez de marras, figura en soporte de audio y video registrado
por el propio Poder Judicial tucumano. Y el escándalo que generó llegó a tal punto que
finalmente el magistrado presentó la renuncia a su cargo.

Sin embargo, el arriba citado no es un caso aislado. Son varias las organizaciones
defensoras de los derechos de las víctimas y de la salud pública que hace tiempo vienen
denunciando graves irregularidades en el funcionamiento de la Justicia de Tucumán. Y
algunas de ellas han llegado al punto de presentar reclamos formales ante la Corte
Suprema de Justicia de la Nación. Es por estos reclamos que, ahora, el supremo tribunal
del país deberá resolver si interviene directamente o delega el caso en la Corte Suprema
provincial.

¿Un violador a su casa?
El mal funcionamiento de la justicia tucumana es tal que también deja desprotegidas a
muchas mujeres víctimas de distintos tipos de violencia. Como ejemplo podemos citar el
caso denunciado por diversas agrupaciones de mujeres víctimas de violencia de género,
según las cuales a un condenado de violación –identificado como D. A. Bustos,
responsable de haber golpeado, amenazado y abusado sexualmente de quien era su
pareja- se le otorgarían el arresto domiciliario y otros beneficios, decisión ésta apoyada en
“informes psiquiátricos particulares y otros recursos legales”. Lo llamativo de este caso es
que el protagonista de este caso no había solicitado ningún tratamiento psicológico ni
psiquiátrico antes de conocer que su sentencia quedaría firme.

Con la inminente decisión judicial, su víctima se siente lógicamente vulnerable y teme por
su integridad. El caso está en manos de la jueza Ana María Iácono, quien este 26 de
diciembre debe resolver si Bustos cumplirá su condena en la cárcel, en un hospital
psiquiátrico o en su casa. Respecto de este caso, la sociedad tucumana está expectante.
Pero a la vez exige respuestas claras y contundentes que apunten a consolidar la justicia
y brinden seguridad a las víctimas.

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