Abogado penalista
En Argentina es muy cierto aquello según lo cual la Justicia actúa como
las serpientes que solo muerden los pies descalzos.
La falta de instrucción y de recursos económicos, acercan a las personas,
en especial a los más jóvenes, al circuito de los juzgados criminales y
correccionales.
Allí encuentran la telaraña judicial que los obliga a separarse de la
sociedad por tiempos mas o menos prolongados.
Claro que hay delincuentes peligrosos, que necesariamente deben estar
privados de su libertad para purgar sus culpas y al mismo tiempo
establecer su espíritu de seguridad y tranquilidad en la comunidad que
difícilmente pueda generarse de otra manera, al menos en nuestro país.
Sin perjuicio de ello, la mirada crítica está puesta sobre el sistema
judicial que a menudo avanza sobre los que menos pueden defenderse; sobre
aquellos que resumen su lenguaje a tan solo 120 vocablos; sobre los mismos
que apenas han promediado el colegio primario. Es ante ellos donde la
Justicia se pone de pie, con los ojos bien abiertos, la mirada juzgadora,
la boca cerrada y mordiendo la punta de la lengua, con el índice en alto y
la otra mano en la cintura.
Es allí donde la Justicia aplica la ley de la manera mas severa, sin
evaluar eximentes, sin tener en cuenta atenuante alguno.
Esto sucede en los clásicos delitos de robo simple, robo en poblado y en
banda, lesiones en riña, hurto de mercaderías y otros.
Este panorama no estaría mal, al fin y al cabo sino fuera por el reflejo
de la dicotomía que se observa cuando la misma justicia evalúa la
posibilidad de aplicar la ley a una persona con instrucción
universitaria, con recursos económicos y con vínculos políticos.
Acá es donde la acción judicial a menudo se detiene a mitad de camino, se
queda sin combustible, en el marco de una fatiga previsible desde el
inicio de la denuncia.
Esto último ocurre, muy frecuentemente, en los casos en que se denuncian
hechos de corrupción gubernamental, o de los llamados “delitos de guantes
blancos”, cohechos, malversación de caudales públicos, falsificación de
moneda, estafas y otras defraudaciones.
Hay, por ello, delitos que rara vez encuentran aplicación en los estrados
de tribunales. Por eso también es cierto que si se borraran un conjunto de
delitos del Código Penal, pues nada cambiaría en el escenario
tribunalicio.
