Jorge Sola, integrante del triunvirato de conducción y secretario general del Sindicato del Seguro, fue el encargado de fijar la posición de la central obrera. En declaraciones a Radio Rivadavia, el dirigente lanzó una advertencia directa al Gobierno de Javier Milei: “Se van a chocar con una pared”. Según el análisis de la CGT, el proyecto actual contiene «violaciones a conceptos de carácter constitucional» que garantizan su judicialización inmediata apenas se intente aplicar.

El «trabajo silencioso» detrás del freno legislativo

Para la central obrera, la decisión de la senadora Patricia Bullrich de no llevar el dictamen al recinto el próximo 26 de diciembre no fue una concesión gratuita, sino el resultado de la presión en las calles y de una estrategia parlamentaria articulada. Sola reveló que existió un “trabajo silencioso y productivo con gobernadores, senadores y diputados de todos los sectores políticos” para desmenuzar las consecuencias del texto oficialista.

“Debatir esto entre gallos y medianoche era un error y se tomó nota de ello”, sentenció Sola, quien además aseguró que el oficialismo se vio obligado a retroceder porque “no tenían los números para sacarla como querían” ante las disidencias totales o parciales de varios legisladores.

Diagnóstico de crisis: Pymes y empleo en la mira

La resistencia de la central obrera no se agotará en la técnica jurídica, sino que se apoya en un diagnóstico alarmante de la economía real. La CGT sostiene que el actual modelo está rompiendo el tejido productivo:

• Cierre de empresas: Denuncian que se han perdido más de 18.000 pymes en los últimos dos años, con un promedio de 30 cierres diarios.
• Goteo de empleo: La central estima la pérdida de 200.000 puestos formales, calculando que cada día hay 400 trabajadores menos.
• Presión impositiva: Sola cuestionó que, pese a las promesas de campaña, para abrir una pyme se destine entre el 30% y 40% a tributos nacionales, provinciales y tasas municipales.

El dirigente también criticó duramente la “apertura indiscriminada de importaciones”, señalando que afecta de lleno a sectores como el textil, el cerámico y el del juguete. Además, discrepó con el Presidente sobre la informalidad laboral, afirmando que los trabajadores en negro o monotributistas “tienen derechos pero no los pueden ejercer” por la precariedad del sistema.

La «hoja de ruta» hacia febrero

Con la mira puesta en el segundo llamado a sesiones extraordinarias, la CGT ya diseñó su estrategia para el verano. La intención es intensificar los encuentros con los senadores que han mostrado disposición a revisar el articulado. “La hoja de ruta ahora es empezar a preguntar con senadores que aceptaron tener una mirada con nosotros; son muchos, de distintos sectores”, explicó Sola.

Desde la calle Azopardo exigen que el Gobierno no limite el diálogo solo al sector sindical, sino que escuche a todos los actores económicos. Si bien mantienen una “mirada propositiva” sobre ciertos aspectos de la modernización, son tajantes en que el proyecto actual “no va a mejorar la situación laboral”.

Finalmente, desde la central obrera resaltaron que el ajuste fiscal tiene un “costo social elevado” y un “descalabro” que impacta en jubilados, personas con discapacidad e informales. Si en febrero el oficialismo intenta imponer el proyecto sin modificaciones sustanciales, la CGT advirtió que la respuesta volverá a ser la movilización masiva y la profundización de medidas de fuerza.

FUENTE.   MUNDO GREMIAL