El Juzgado Federal en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo N°2 de San Martín dictó una medida cautelar que suspende la aplicación del decreto 462/25, el cual ordenaba el vacimiento del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), en lo que se traduce como un nuevo golpe al gobierno de Javier Milei.

La resolución, obtenida tras la presentación del sindicato Asociación Trabajadores del Estado (ATE), ordena al Ejecutivo abstenerse de ejecutar cualquier acto administrativo que derive de dicho decreto, garantizando la continuidad del organismo y la estabilidad laboral de sus 1.140 trabajadores.

La decisión judicial, a cargo de la jueza Martina Isabel Forns, representa un importante triunfo para ATE, que desde el anuncio del decreto denunció su ilegalidad y los riesgos que implicaba para el desarrollo tecnológico e industrial del país.

El fallo, emitido en respuesta a una medida cautelar presentada por el gremio, argumenta que el decreto vulnera derechos laborales, como el principio de estabilidad, y sindicales consagrados en convenios colectivos, la Constitución Nacional y en los convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Además, cuestiona la legitimidad de las facultades delegadas utilizadas por el Gobierno para avanzar con el cierre del INTI, un organismo clave para la investigación y el desarrollo industrial.

INTI: Aguiar celebró la medida como un triunfo de ATE contra Javier Milei

Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE, celebró la resolución y lanzó un duro mensaje al presidente Javier Milei y al ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger: “Presidente Milei, para asegurar el plan colonial que le encargaron, usted se propone aniquilar la industria y la producción, pero no va a poder. Sturzenegger, te digo que son bastante inútiles, eh. Ni las facultades delegadas supieron utilizar. Uno por uno vamos a voltear tus decretos truchos. La lucha sirve, el INTI no se toca”.

El INTI, creado en 1957, es una institución estratégica para el desarrollo tecnológico y la competitividad de la industria argentina. Su eventual cierre, dispuesto por el decreto 462/25, habría implicado no solo la pérdida de miles de empleos, sino también un retroceso en la capacidad del país para innovar y sostener su tejido productivo.

La medida cautelar, que tiene una vigencia de seis meses, obliga al Gobierno a mantener la estructura y el funcionamiento del organismo mientras se resuelve la cuestión de fondo sobre la legalidad del decreto.

Este fallo se suma a otros recientes, como la suspensión del decreto 461/25 que ordenaba la disolución de Vialidad Nacional, también frenada por el mismo juzgado a partir de una acción del Sindicato de Empleados de Vialidad Nacional (SEVINA). Ambos casos reflejan una creciente resistencia judicial y gremial a las políticas de desmantelamiento de organismos públicos impulsadas por el Ejecutivo.

Desde ATE destacaron que la estrategia jurídica desplegada por el sindicato, junto con la movilización de los trabajadores, fue clave para obtener este resultado. El gremio anunció que continuará monitoreando la situación y preparando acciones legales para enfrentar otras medidas del Gobierno que considere lesivas a los derechos laborales y al interés nacional, tal como sucedió con el INTI.

FUENTE. MUNDO GREMIAL