Las cámaras empresariales que agrupan a los prestadores médicos privados de PAMI, un sector que aporta más de la mitad de las camas de internación en toda la Argentina, emitieron un comunicado de prensa en el que advierten sobre el riesgo inminente de una suspensión en la continuidad de los servicios de salud para jubilados y pensionados.

El reclamo patronal expone cifras alarmantes: frente a un importante retraso de costos que alcanza el 102% acumulado, las autoridades de la obra social dispusieron incrementos de apenas el 1,9% para el mes de junio y otro 1,9% para julio de 2026. Al cuadro se suma que estas magras actualizaciones, las únicas concedidas en lo que va del año, impactarán recién en las liquidaciones de agosto y septiembre, asfixiando financieramente a los efectores médicos.

Firmado por las entidades ADECRA, CAPRESS, ACAMI, FECLIBA, SALUD FEDERAL y CONFECLISA, el documento detalla que las instituciones de salud ya no pueden sostener sus prestaciones en condiciones normales debido al atraso en los aranceles, los plazos de pago extendidos y la aplicación de «débitos injustificados» sobre las facturaciones presentadas. Las corporaciones privadas exigen con carácter de urgencia la apertura de una mesa de diálogo que garantice un esquema de actualización atado a los costos reales y un modelo prestacional «más simple, transparente y sostenible».

Vaciamiento estructural y un escenario laboral hostil

Para el arco sindical que opera dentro del organismo, el reclamo de los empresarios de la salud es la punta del iceberg de una crisis mucho más profunda, caracterizada por una política deliberada de ajuste y un marcado desfinanciamiento económico. Desde el Sindicato Unido de Trabajadores y Empleados del PAMI (SUTEPA) denunciaron una pérdida del poder adquisitivo «sin precedentes» entre el personal de la institución, cuyos sueldos quedaron drásticamente rezagados frente al proceso inflacionario.

“El escenario laboral se ha vuelto cada vez más hostil”, denunciaron desde la conducción de SUTEPA. El gremio vinculó el estrangulamiento presupuestario del PAMI a decisiones macroeconómicas de la administración central, tales como el recorte de fondos derivado de la eliminación del impuesto PAIS, la retracción en la recaudación de la ANSES y los topes presupuestarios generales. Según el diagnóstico de los representantes de los trabajadores, la falta de prestaciones sociosanitarias elementales y las falencias de gestión están empujando al organismo a una parálisis total: “Sin fondos, el PAMI no funciona”, sintetizaron.

Una conducción fragmentada e internas en el área de Salud

La crisis operativa de la obra social se ve agravada por una severa disgregación en la cadena de mandos. De acuerdo con investigaciones del sector, la gestión comandada por Esteban Leguízamo adolece de una falta de conducción unificada y se encuentra tensionada por el avance de segundas líneas y funcionarios del Ministerio de Salud de la Nación, conducido por Mario Lugones.

Nombres clave del armado oficial como el viceministro Guido Giana, el segundo del PAMI, Carlos Zamparolo, y operadores vinculados al titular de la Asociación de Médicos Municipales, Carlos Rojo, aparecen disputándose el control de áreas estratégicas. Esta superposición de «capas tectónicas» políticas en el organigrama administrativo no solo neutraliza las decisiones cotidianas en el sensible terreno de la asistencia social, sino que fomenta una creciente opacidad. Gremios estatales advierten que el desorden organizativo camina a la par de una progresiva transferencia de recursos públicos hacia el sector privado mediante el direccionamiento discrecional de cápitas y contratos.

Médicos de cabecera: 72 horas de paro nacional en abril

A este sombrío panorama de clínicas desfinanciadas y empleados precarizados se sumó la trinchera de los profesionales médicos. Los médicos de cabecera del PAMI llevaron adelante en abril un masivo paro nacional de actividades por 72 horas en rechazo a las modificaciones unilaterales que la obra social intentó imponer sobre sus condiciones de trabajo y escalas salariales.

La medida de fuerza, que provocó la suspensión de turnos, recetas y derivaciones programadas en los consultorios de todo el país, visibilizó el descontento de un sector clave para el acceso a la atención primaria. Desde SUTEPA respaldaron la huelga médica y recordaron que mientras los ingresos de los prestadores intermedios lograron seguir parcialmente el ritmo general de precios, el personal de planta y los profesionales de cabecera fueron los principales damnificados del ajuste económico.

Un reflejo de la crisis social

El complejo cuadro de PAMI no constituye un hecho aislado, sino que se enmarca en una crisis del mundo del trabajo donde, según datos socioeconómicos vigentes, el 60% de los asalariados bajo convenios formales ya se ve obligado a recortar consumos de primera necesidad y alimentos.

Frente a la inacción oficial, los trabajadores del organismo elevaron un pliego de demandas urgentes que incluye una recomposición salarial inmediata, la correcta liquidación y reparto del Fondo de Capacitación para la totalidad de la planta, y el pleno acatamiento de los marcos legales que protegen los derechos humanos de la tercera edad. Con la atención médica de millones de beneficiarios pendiendo de un hilo, el conflicto de PAMI dejó de ser una mera disputa de números de auditoría para transformarse en una emergencia sanitaria y social.

FUENTE.,  MUNDO GREMIAL