Guerra de radares: más detalles del escándalo que pone en jaque a los municipios
Tras la gran repercusión de la nota anterior sobre la crisis del sistema de fotomultas en la provincia de Buenos Aires, realizamos un nuevo análisis de la situación.
La disputa se intensificó cuando las empresas Tránsito Seguro S.A. y Secutrans S.A., vinculadas al empresario Leandro Camani, revelaron en detalle las graves falencias del sistema de fotomultas provincial. Denunciaron falta de controles, adjudicaciones direccionadas, funcionarios involucrados y contratos millonarios firmados sin licitación.
Actualmente se tramitan varias causas en la justicia provincial y federal.
En el fuero provincial, el fiscal Álvaro Garganta y el juez de Garantías Di Massi avanzan con una investigación en la que intervienen testigos de identidad reservada. En el expediente, las firmas Secutrans S.A., Tránsito Seguro S.A. y Smart Vial actúan como querellantes.
La pesquisa permitió destapar una presunta red de empresas beneficiarias, entre ellas CECAITRA y TNG Group S.A., que habrían sido favorecidas en el servicio de fotomultas.
El empresario y especialista vial Matías Trejo, en su declaración, describió una compleja trama de irregularidades administrativas que comprometería a ex y actuales funcionarios de la gestión provincial.
Según sus denuncias, funcionarios bonaerenses habrían acelerado trámites en beneficio de CECAITRA, lo que podría derivar en el cuestionamiento de miles de multas. Para esclarecer responsabilidades, será clave determinar las fechas exactas de las aprobaciones y altas administrativas.
Uno de los puntos más sensibles es la rápida aprobación de dispositivos de control vial, en la que se habrían visto involucrados el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) y la propia administración provincial.
En las últimas semanas, un nuevo testigo de identidad reservada, citado por el diario La Nación, aportó más detalles sobre la guerra empresarial. Su testimonio vincula a CECAITRA y TNG Group S.A. en un presunto acuerdo para perjudicar a las empresas querellantes, con el respaldo de sectores del poder político.
El testigo describió reuniones en hoteles de lujo, la entrega de sobres de papel madera con dinero a funcionarios, fiestas privadas, viajes de placer, e incluso estrategias mediáticas coordinadas para dañar a competidores.
En paralelo, la justicia federal también avanza en causas instruidas por los juzgados de Tres de Febrero (Dr. Juan Manuel Culotta) y La Plata (Dr. Adrián Kreplak). Las investigaciones involucran a CECAITRA y Tránsito Seguro S.A., e incluyeron allanamientos en varios municipios —San Martín, Mar del Plata, La Matanza, San Isidro, Morón, Zárate, General Rodríguez—, así como en la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) y su fundación, y en la UTN La Plata.
A esto se suman denuncias cruzadas entre TNG Group S.A. y el empresario Matías Trejo (de Safety Vial), quien en la justicia federal porteña accedió a una probation por la supuesta sustracción de equipos.
El sistema de fotomultas no solo enfrenta cuestionamientos judiciales, sino también críticas de intendentes, varios de los cuales ya decidieron suspender su aplicación ante las irregularidades. Mientras tanto, continúa la guerra entre las empresas proveedoras de radares.
El escándalo deja en evidencia un problema estructural: el sistema de fotomultas bonaerense se transformó en una caja millonaria disputada por empresas privadas, universidades y municipios, bajo control estatal y hoy bajo la lupa de la justicia provincial y federal.
La gran incógnita en el ámbito político y judicial es si el sistema terminará colapsando o si deberá ser replanteado desde cero.
