La tensión crece en la ciudad de Río Tercero a medida que se acerca el vencimiento de la conciliación obligatoria dictada, por el gobierno de Córdoba, tras el despido de 124 trabajadores de Petroquímica Río Tercero. Con el plazo a punto de expirar el próximo lunes 4 de agosto, la seccional local del  Sindicato del Personal de Industrias Químicas y Petroquímicas (SPIQyP) endureció su postura y advirtió que, de no haber una reincorporación, tomarán la planta para mantener sus puestos de trabajo.

El sindicato también anunció que llevará adelante una movilización masiva en la ciudad de Córdoba para los próximos días, buscando visibilizar el conflicto y presionar a las autoridades provinciales para que intervengan de manera efectiva.

Cómo empezó el conflicto en Petroquímicas Río Tercero

El conflicto se originó el 14 de julio pasado, cuando la empresa, perteneciente al Grupo León Forte, cesanteó a 124 empleados, sumándose a los 140 despidos de octubre del año pasado. La situación se agravó por la parálisis de la producción de Diisocianato de Tolueno (TDI), un insumo clave para la industria de colchones, debido a la apertura de importaciones. Según Gabriel Cuaino, secretario general del sindicato, las audiencias de conciliación no arrojaron resultados positivos, ya que la empresa ratificó su decisión de no reincorporar a los empleados.

Denuncia de “lockout patronal” y estafa

Lucas Felici, secretario gremial del SPIQyP, calificó la situación como un «lockout patronal», señalando que la empresa busca «estafar a los trabajadores» al no mostrar voluntad de negociación ni pagar las indemnizaciones correspondientes a los 124 despedidos. El sindicato denunció que Petroquímicas Río Tercero presentó un concurso preventivo de crisis, pero no abonó las compensaciones.

En declaraciones a Radio Gráfica, Felici advirtió que, «si para el 4 de agosto no tenemos respuesta, vamos a ocupar la fábrica». Por su parte, Gabriel Cuaino explicó que, «estamos llegando al final de una conciliación obligatoria con una empresa que prácticamente se presentó obligatoriamente, pero nunca trajo ninguna propuesta para solucionar el problema o el conflicto en el que estamos«, subrayó.

Impacto social y advertencias al gobierno

Desde el gremio advirtieron que el conflicto escaló el ámbito laboral para convertirse en un «conflicto social» en una ciudad de 42.000 habitantes. Felici destacó el impacto económico que significan los despidos, calculando que Río Tercero perderá anualmente alrededor de 10.000 millones de pesos en ingresos salariales.

Además, el sindicato local lanzó una fuerte advertencia a las autoridades del Ejecutivo cordobés. Felici sostuvo que si se intenta un desalojo y hay represión, los responsables serán el gobierno municipal y el gobierno provincial de Córdoba. «Le pedimos al gobierno provincial que marque la cancha, que establezca realmente una mesa que construya las soluciones para salir de este conflicto», remarcó el dirigente sindical.

Felici manifestó que este caso podría sentar un precedente perjudicial para otros conflictos en la región. En ese sentido, mencionó que ya existen posibilidades de despidos en otras petroquímicas, como Atanor, que tiene un Proceso Preventivo de Crisis aprobado.

Apoyo de otros gremios y repercusiones en la industria

El reclamo de los químicos recibió el apoyo de otros sectores sindicales. El principal respaldo llegó de la Confederación de Sindicatos Industriales de la República Argentina (CSIRA), que manifestó su apoyo a las medidas del gremio desarrolladas las últimas semanas, que incluyeron manifestaciones por la ciudad de Río Tercero.

Asimismo, en una conferencia de prensa, David Salto, titular de la seccional local de ATE, aseguró que la unidad gremial marchará contra el «industricidio nacional», entendiendo que la Fábrica Militar de Río Tercero también se ve afectada, ya que era la principal compradora del ácido nítrico que producía para Petroquímica. Con la planta de TDI cerrada, la Fábrica Militar enfrenta también un futuro incierto.

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