Fotomultas bajo sospecha: la prórroga de San Isidro y las explosivas causas judiciales.

La decisión del municipio de San Isidro de prorrogar la suspensión del sistema de fotomultas que realizan las empresas SECUTRANS, TRÁNSITO SEGURO y CECAITRA mientras avanza la investigación judicial federal no ocurre en el vacío. Se inscribe en el marco de una causa de gran escala que ya derivó en allanamientos simultáneos a municipios bonaerenses, puso bajo la lupa convenios con las universidades públicas de San Martín y la Scalabrini Ortíz, y expuso un entramado donde confluyen recaudación estatal, operadores privados y vínculos políticos transversales.

Lejos de tratarse de un debate técnico sobre seguridad vial, lo que investiga la Justicia —y viene documentando el periodismo de investigación— es la posible existencia de un modelo deliberadamente diseñado para eludir controles, fragmentar responsabilidades y maximizar ganancias privadas a costa de fondos públicos.

Allanamientos federales y municipios bajo investigación

Por orden del juez federal Juan Manuel Culotta, fueron allanados los municipios San Isidro, La Matanza, Morón, General Pueyrredón (Mar del Plata), San Martín, Zárate, Junín, Olavarría, General Rodríguez, Roque Pérez y 9 de Julio, según informaron El Día de La Plata, Perfil y otros medios del alcance nacional.

Los procedimientos tuvieron como objetivo secuestrar contratos, convenios, formularios de distribución de fondos, expedientes administrativos y documentación contable vinculada al sistema de fotomultas, particularmente aquellos acuerdos firmados con universidades públicas que luego habrían subcontratado a empresas privadas, sin licitaciones transparentes ni control efectivo del servicio, todo bajo la posible connivencia de los Subsecretarios y directores provinciales en seguridad Vial de la Provincia de Buenos Aires, quien esperan sus citaciones judiciales.

Fuentes judiciales sostienen que la investigación apunta a determinar si los municipios cedieron ilegalmente la explotación de un poder estatal a privados, resignando ingresos y capacidad de control mediante la pantalla universitaria con la connivencia provincial.

Lo que surge según trascendidos de la justicia es que no existiría tal delegación a la universidad como refieren algunos municipios por cuanto los convenios se habrían firmado entre todas las partes involucradas  -empresa, municipalidad y universidad-; y ello agravaría la calificación penal, sumado a irregularidades detectadas en los formularios de distribución de fondos firmados por Intendentes que tendrían CBU adulterados.

La justicia también aguarda los resultados de la investigación del Ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires en las auditorías prometidas al asumir la cartera para detectar inconsistencias o complicidad de funcionarios y refieren la inminente presentación bajo la figura de querellante del organismo de Transporte en resguardo de los intereses y pérdidas de la provincia de Buenos Aires.

Camani, Yofe y los contactos políticos

Las investigaciones periodísticas publicadas por MDZ Online, InfoPilar, El Destape y otros medios identifican a Leandro Camani como uno de los actores centrales del negocio de las fotomultas y sus denuncias, junto al líder de la Coalición Civica de Pilar Matías Yofe como operadores y con un modus operandi similar en distintos niveles.

Según estos artículos periodísticos, existen testimonios y registros tecnológicos de contactos, reuniones y vínculos políticos que rodean a Camani y Yofe, incluyendo intercambios con Elisa Carrió, funcionarios bonaerenses y un operador político de Moron de apellido Ferreiro, siempre en carácter de relaciones políticas o institucionales, sin imputaciones judiciales formales al momento, pero relevantes para comprender cómo el esquema logró sostenerse.

En la causa seguida contra Matías Yofe por el fiscal Germán Camafreita, titular de la UFI N.º 3 de Pilar, Carrió reconoció haber aconsejado a su ahijado político tirar el celular al mar, aunque despejó cualquier vínculo con el empresario vial Leandro Camani. En el marco de dicha investigación, los custodios declararon sobre sus movimientos en una zona específica de Libertador con el empresario, su presencia en los Martín Fierro con un Concejal oficialista Pilarense, sumado a la declaración testimonial del ex “Lilito” Ponce de León, titular del medio periodístico InfoPilar, quien dio cuenta de los vínculos y formas de trabajo.

Frente a estas declaraciones, tanto Elisa Carrió como su espacio político negaron categóricamente cualquier relación o vínculo con el empresario vial mientras en el expediente se aguardan los resultados de pruebas sobre el chip del celular y computadoras aportadas por la esposa de Yofe, que podrían llegar a vincular a las partes.

Mayra Mendoza, Quilmes y la denuncia de Grabois

El caso escaló públicamente cuando Juan Grabois denunció vínculos entre Camani y la intendenta de Quilmes – hoy Diputada -, Mayra Mendoza, en el marco del conflicto por el estacionamiento medido y el sistema de control urbano de fotomultas y peaje en ese municipio.

Medios como Mundo Gremial y el DiarioAR informaron que Grabois acusó a la gestión municipal de favorecer un esquema privatizador a medida de una sola empresa y que habría beneficiado a operadores ligados al negocio de las multas, generando protestas y un fuerte conflicto político en perjuicio de los trabajadores sociales.

Desde la intendencia de Quilmes negaron las acusaciones y recordaron que no existe imputación judicial contra Mendoza por su nexos con Camani, pero reconocieron su amistad política con la foto que publicó el medio quilmeño en la inauguración en Puente 14. Sin embargo, el episodio volvió a poner en primer plano la reiteración de los mismos nombres en distintos distritos.

Responsabilidades penales: el riesgo concreto para los municipios

Más allá del ruido político provincial, y la crisis del sistema de fotomultas provincial, la causa federal abre riesgos penales concretos para funcionarios municipales.

Según advierten especialistas al finalizar la feria judicial se espera la definición de la situación procesal de los jefes comunales, sean citados los mismos como testigos o su calificación legal sea la de imputados. Recordemos que algunos de ellos han tomado licencia en sus cargos y se encuentran ocupando bancas legislativas.

A todo este esquema se suma las denuncias contra las empresas TNG GROUP y CECAITRA seguidas por las empresas de Camani SECUTRANS SA Y TRÁNSITO SEGURO junto a S-MART VIAL de Matías Trejo, llevadas adelante por el Fiscal Álvaro Garganta de La Plata y bajo supervisión de Conte Grand. En esa misma causa se denunció y recusó al Juez de Garantías Massi a cargo del Expediente por imparcialidad, siendo confirmado en el cargo por la Cámara de Apelaciones. No obstante ello Matias Yofe y el diputado Bugallo pidieron juicio político por imparcialidad al desvincular al empresario y aletargar la investigación, entre otros motivos.

Conclusión: un sistema que ya no resiste opacidad

La prórroga de la suspensión del sistema de fotomultas en San Isidro no es una salida administrativa: es una decisión tomada bajo investigación judicial, en un escenario donde la continuidad puede convertirse en prueba, no en atenuante.

Lo que emerge de las causas judiciales y del trabajo periodístico es la posible existencia de un modelo de recaudación montado sobre la delegación irregular de funciones estatales, con beneficios concentrados en privados y controles públicos debilitados.

La pregunta ya no es si el sistema de fotomultas debe reformarse, sino cuántos municipios, universidades, funcionarios y actores privados deberán responder penalmente por haberlo sostenido.