Que el INDEC haya informado este miércoles que la pobreza alcanzó en el primer semestre del año casi el 41% de la población, es decir abarcando 18 millones y medio de argentinos donde además hay aproximadamente otros 4 millones que no llegan a cubrir las necesidades alimentarias, que pasan hambre, explican en gran parte por qué no alcanza la descomunal asistencia social de repartir el gobierno a lo largo de la cuarentena.
La cifra conocida hace unas horas en la más alta desde el primer semestre del 2004 que fue del 44,3%. A fines del 2001 se ubicaba en el 38,3 %por ciento y en el segundo semestre del 2012 ya con todas las consecuencia del estallido social de diciembre saltó al 57,5%. Si la comparación se realiza contra el segundo semestre la cifra conocida hoy es la mayor desde el 2003 cuando entre junio y diciembre esa cifra había alcanzado el 47, 8%.
Entre planes alimentarios, programas de primera infancia y empleo el Ministerio de Desarrollo Social ejecutó a lo largo de estos 6 meses y pico de cuarentena 150 mil millones de pesos, es decir que quintuplicó el giro de partidas sociales con respecto al 2019. Todo esto además del IFE y el ATP, pero parece que no es suficiente.
Se los presenta como números, pero son personas esto que hablábamos de 18 millones y medio conformado por pobres e indigentes que también explica la escalada de usurpaciones que se dieron en este último tiempo en el conurbano bonaerense.
Para mañana está previsto que se lleve a cabo el desalojo en Guernica, sin embargo por pedido del ministro bonaerense Andrés Larroque, sería postergado una vez más hacia el 14 octubre, digo seria porque el fiscal de la causa Juan Cruz Condomí Alcorta se opone a la medida al igual que el abogado que representa la firma que tiene a cargo el emprendimiento inmobiliario donde se realizó la toma en ese campo de Guernica.
Se estima que de última hora esté resuelto si el desalojo se hace o no mañana, y si efectivamente se vuelve a posponer por 2 semanas. De ponerse sería fundamental para que el gobierno provincial siga negociando de manera pacífica con los vecinos a los que se les propuso ir a otros distritos donde poder asentarse, vecinos que no están de acuerdo cómo se manejan las organizaciones de izquierda que bancan en gran parte la toma.
De lo contrario, de realizarse mañana esperemos justamente que la irracional postura de las organizaciones de izquierda de pretender que el gobierno les entregue las tierras a como dé lugar no termine desencadenando un operativo violento, porque los heridos y los muertos también se lo van a anotar a Kicillof o Fernández o a quien esté en el medio de no haber resuelto a tiempo un conflicto que, sin embargo data de décadas.
Será necesario más de 500 efectivos cuatriciclos, caballos para poder avanzar sobre el campo donde se montó la toma en Guernica. Que la policía choque con punteros y familias, será culpa de la insensatez del Polo Obrero, del Frente Organizaciones en lucha del Partido Obrero, del Movimiento Teresa Rodríguez y de una parte de Libres del Sur, que está vinculado a Humberto Tumini, que son los nombres propios que están detrás de la parte política que sostiene estas usurpaciones.
Estas organizaciones hasta el momento rechazaron la propuesta del gobierno de Kicillof que fue consensuado con intendentes y con la pata conciliadora de las organizaciones sociales que también defienden a los zapadores. La charlado es que los que no son de Presidente Perón sean reubicados en su distrito de origen, algunos en Almirante Brown otros en San Vicente, otros en Esteban Echeverría y unos muy pocos en Quilmes y La Matanza.
Los intendentes ya tienen a disposición de los terrenos para que esas familias sean trasladadas, y no hacen pública la ubicación justamente por el temor a que esos lugares se han usurpado también. Sin embargo también se contempla la posibilidad de que alrededor de 2 mil familias se queden en las hectáreas de Guernica que no forman parte del séptimo mobiliario.
A priori, si se concretara esa propuesta representaría un gran error, si bien la salida sería pacífica sentaría un precedente para que después las mismas organizaciones empiecen a extorsionar con tomas en otros lugares con la excusa del déficit habitacional.
