¿Endurece la mano el Gobierno?
Por Margarita Pécora B. –
No hay que pecar de optimismo, mucho menos cuando transita apenas por el plano expositivo, el paquete de proyectos que acaba de anunciar el presidente Alberto Fernández en la apertura del 139 Período de Sesiones de la Asamblea Legislativa, para que sean sometidos al consenso de los cuerpos legislativos y obtengan la pretendida fuerza de Ley.
El reflejo en la opinión pública, del argentino de a pie, es que “por fin van a someter a justicia a Mauricio Macri por el grave e irresponsable acto de endeudamiento con el FMI, que contrajo durante su mandato dejando una nación endeudada, con un manto de inestabilidad que desecha cualquier posibilidad de desarrollo y que deja al país rehén de los mercados financieros internacionales.
La justicia tarda, pero llega- es la frase que puede validar la “querella criminal “destinada a deslindar la responsabilidad delictiva que tuvo el gobierno conducido por Mauricio Mari con aquel endeudamiento que ha comprometido el futuro de generaciones de argentinos.
El propio presidente Alberto Fernández acaba de reconocer en este discurso que “ A una Argentina en absoluto default, el Fondo Monetario Internacional le adjudicó un préstamo de 55.000 millones de dólares. De esa cifra se desembolsaron 44.000 millones de dólares que solo sirvieron para facilitar la salida del mercado financiero argentino de capitales especulativos con la absoluta anuencia de las autoridades de entonces.
Ese monto adeudado, según lo acordado por el gobierno que nos precedió, debe ser pagado en cuatro años. Este año, la deuda a pagar es de 3.826 millones de dólares. En 2022 esa cifra aumenta a 18.092 millones de dólares. El año subsiguiente el monto asciende a 19.186 millones de dólares. Recién en 2024 el pago de la deuda se cancela abonando 4.921 millones de dólares.» Para muestra, un botón…
El Juicio por Jurados es otra de las apuestas que tiene el gobierno de extender para que sean sancionados a través de este mecanismo los “delitos graves en el ámbito federal” lo que permitirá cumplir con una antigua clausula que data de 1853.
Con expectación fue recibido también el anuncio presidencial de enviar al Congreso proyectos que piden establecer el “funcionamiento del recursos extraordinario ante la Corte Suprema “y crear un Tribunal de Garantías en asuntos de arbitrariedad.
El paquete de proyectos en materia judicial trae también el referido a la reformulación del Consejo de la Magistratura con la intención de despolitizar ese ámbito.
En el plano económico augura también fuerte debate la propuesta de Ley del Poder Ejecutivo para “desdolarizar” las tarifas de servicios públicos y su traslado a pesos, un proyecto que por lo visto será impulsado con prioridad, así también el del tratamiento a la reducción del impuesto a las ganancias para el salario medio.
La Educación no estuvo exenta de anuncios para impulsar la ampliación de la distribución de netbooks, algo considerado como un programa ambicioso de formación docente para mejorar las competencias digitales y que durante la pandemia puso a prueba las carencias y falencias en la disponibilidad técnica y operativa. Resalta también la convocatoria para debatir una nueva Ley de Educación Superior.
Por supuesto que los juristas que se respetan enriquecerán con sus valiosos juicios las proyecciones legislativas del gobierno nación, y respaldarán la necesidad de que se opere un giro rectificador en la actuación judicial empañada por la pérdida de prestigio en procesos amañados y de encubrimiento a quienes han sido autores de la persecución judicial a dirigentes políticos sometidos a prisión injusta.
Con todo, no hay elementos suficientes para afirmar que endurece la mano el gobierno con la justicia; para muchos lo ideal fuera que el presidente use las prerrogativas que le competen a su cargo y por Decreto ordene algunos temas que hacen a la justicia, como el de la amnistía a presos políticos, pero esto al menos, no parece estar en sus planes inmediatos de modo que estos proyectos legislativos y la fuerza en el debate que le imprima el oficialismo en las dos cámaras, serán un paso alentador ante un panorama judicial realmente desolador.
