Encuentro de jóvenes economistas arriba a sus conclusiones sobre cambios en la legislación laboral.
La reforma laboral está al borde de la sanción definitiva. Página 12 consultó a diversos especialistas que participaron a mediados de febrero de un encuentro abierto bajo la consigna “No a la reforma de Milei. Discutamos estrategias alternativas” en la sede del Instituto Argentina Grande (IAG). Los y las analistas coincidieron en señalar que se requieren políticas productivas específicas más amplias –y no tan solo la modificación de la Ley de Contrato del Trabajo- para mejorar la competitividad de las firmas argentinas. Y que esta ley, por el contrario, acompaña a un modelo de contracción económica que innegablemente conduce al cierre de empresas con despidos masivos.
“La reforma laboral es procíclica, en el sentido de que si el modelo es recesivo, la reforma facilita los despidos”, advierte Hernán Herrera, investigador y coordinador del área de economía del IAG. “Los derechos laborales sirven para frenar los despidos en fases de contracción, pero con esta ley se despedirá más rápido y esto acelerará el derrumbe de la economía porque habrá menos salario en la calle”, agrega.
Para Herrera, la reforma va en sintonía con un “modelo de ajuste”, es decir, un esquema donde lo que importa “no es el resultado fiscal sino el ajuste del gasto público” y “el empleo se genera con un modelo de crecimiento no con un modelo de ajuste”. Los números son contundentes, liderado por la obra pública, la caída del gasto entre 2023 y 2025 fue del 27 por ciento real; la industria cayó un 11 por ciento acumulado y la construcción cayó más de 26 por ciento.
Juan M. Graña integra el Grupo Paternal y coincide con la mirada del analista. “La salida es la contraria a la que plantea Milei, se requiere una dinamización de la economía argentina para que haya crecimiento y eso permita aumentar el volúmen de ventas y que se diluyan los costos: con una baja en el costo unitario, las empresas ganan productividad. Pero esto deriva de un proceso macro y no de cambios puntuales para alguna empresa en particular”, afirma.
A favor de las más grandes
“Argentina tiene, como cualquier país de desarrollo medio, un nivel de productividad menor a los países con los que compite. En primer lugar China, que no solo tiene salarios más bajos sino más escala, más productividad, más desarrollo de proveedores, etc. El problema de competitividad es muy grande y bajar el salario (que es solo un parte del costo) resulta insuficiente. Además los salarios ya se encuentran en un piso histórico de las últimas dos décadas”, sostiene Graña.
“Los propios empresarios afirman que el costo laboral es uno más dentro de su combo. Hay problemas con el costo de financiamiento, también impositivos, y la principal dificulta hoy es la falta de demanda”, agrega Mara Ruíz Malec, economista de confianza de Axel Kicillof e integrante del Centro de Estudios Derecho Al Futuro (Cedaf).
“Un análisis más certero indica que esta reforma puede ayudar a bajar los costos de las grandes empresas, que aprovecharán esta ley para mejorar su poder de negociación, pero las pymes están desesperadas, por ejemplo porque tendrán que enfrentarse uno a uno con los sindicatos en la negociación por empresa”.
Además del problema estructural de la competitividad, Argentina enfrenta dificultades coyunturales como “tasas de interés altas y muy volátiles, tipo de cambio de apreciado, apertura indiscriminada en un contexto de disputa comercial internacional donde los países están buscando ampliar sus mercados, y una demanda interna muy débil”, apunta Graña. Todo esto no se corrije con que el salario siga cayendo.
En sintonía con las opiniones expresadas, Lucía Cirmi Obón, economista e integrante de Futuros Mejores, agrega que “si bien el crecimiento económico es condición necesaria para que aumente el empleo, tampoco es condición suficiente para que baje la informalidad”.
Para la especialista, el gobierno debería diseñar “un esquema macroeconómico sólido basado en un modelo productivo de país, que promueva el empleo industrial-tecnológico; para lo cual algunos sectores deberán ser protegidos aunque no absolutamente todos”, pero este no es el camino que elige el oficialismo. Por otro lado, “se necesita abordar la problemática de la informalidad con políticas sectoriales y no con leyes que modifican la Ley de Contrato de Trabajo”.
En ese sentido, apunta, existen cuatro sectores económicos donde se concentra el problema de la informalidad y que requieren medidas específicas: empleadas domésticas, construcción, comercio y plataformas.
Sin embargo, y por el contrario, “la reforma laboral legaliza la precarización del empleo en un contexto económico de deterioro de la producción, que provoca el cierre de muchas empresas o que dejen de fabricar para transformarse en importadoras”, apunta Matías Maito, investigador del programa de Capacitación y Estudios sobre Trabajo y Desarrollo (Cetyd) de la Universidad de San Martín.
También para el investigador “las leyes que pueden ayudar a generar empleo son las que incentivan a los sectores demandantes de mano de obra de calidad y que tienen al mercado interno como uno de sus pilares”. La reforma aparece así como un elemento funcional en un modelo económico regresivo y recesivo.
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