El pañuelo verde se vuelve a agitar contra cualquier retroceso

La ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo no llega a todo el país de la misma manera. “El monitoreo realizado por cada grupa demuestra una implementación dispar en cada territorio. En la mayoría de las provincias se observan retrocesos en cuanto a la disponibilidad de equipos que puedan garantizar las prácticas. En algunas regiones del país hay una mayor concentración de prácticas en hospitales”, cuentan Ernestina Saccani y Paola Gross, de la Regional Rosario.

Este corrimiento a los hospitales también es un retroceso, según analizaron. “La Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) en primer trimestre puede realizarse en el primer nivel de atención, es decir en los centros de salud. Y hasta 2023 la mayor cantidad de prácticas se realizaban en los efectores de primer nivel de atención, que son los más cercanos a donde viven las personas, que conocen a las personas y que acompañan diferentes procesos de salud”, siguen Saccani y Gross.

El acceso a los insumos es el tema más candente, ya que el Programa Nacional de Salud Sexual no provee más misoprostol, mifepristona, ni siquiera anticonceptivos o preservativos. “Esto implica que cada provincia debe hacerse cargo. Por ejemplo, hay provincias que cuentan con producción pública de Misoprostol (Buenos Aires, Santa Fe y San Luis) y Mifepristona (Santa Fe ya distribuye y Buenos Aires está en desarrollo) y otras han garantizado compras con mucha dificultad y costos superiores a los que conseguía el Programa Nacional”, sigue el relato de las activistas rosarinas.

El drama que se vive en los territorios empieza en la falta de acceso a los métodos anticonceptivos y de barrera. “El Programa Nacional no garantiza la canasta completa de métodos, quedando a cargo de cada provincia la responsabilidad de las compras. Aquí es donde se manifiesta la inequidad, algunas provincias con decisión política y compromiso con los derechos sexuales y reproductivos han garantizado la compra de insumos mientras que otras no”, es lo que se desprende de los relatos de cada regional. Algunas compañeras, por ejemplo, las de Misiones, no pudieron llegar al plenario por dificultades económicas, aunque enviaron su informe.

“El programa Remediar, que durante 20 años garantizó la provisión de métodos anticonceptivos a efectores públicos de todo el país tampoco está funcionando”, sigue la descripción de una situación que se agrava cada día.

Como se ha contado en Las12, el desmantelamiento del Plan ENIA (de prevención del embarazo no intencional en la adolescencia) tendrá consecuencias, ya que apoyaba a las provincias que más lo necesitaban en función de sus indicadores y realidades con profesionales, capacitaciones e insumos. Lo hacía en escuelas y centros de salud, y logró reducir significativamente los embarazos no planificados en adolescentes. “También dejó de realizar estas tareas. La mayoría de las personas contratadas fueron despedidas y la Nación dejó de enviar los insumos”, sigue el relato de las situaciones mapeadas por la Campaña, en boca de las activistas de la Regional que este año pudo ser anfitriona.

El plenario anual iba a hacerse en 2024 en Rosario, pero la seguidilla de crímenes de trabajadores en marzo, que paralizó la ciudad, fue disuasiva. Este año, pudieron llegar unas 100 compañeras de más de 20 regionales, mesas y redes de todo el país.

El encuentro presencial puso en común las situaciones que viven en cada regional. “Los resultados son evidentes: hay más inequidad. En nuestra provincia por ejemplo, durante el año 2024 disminuyó un 75% la entrega de implantes subdérmicos con respecto al año 2023. Y en la mayoría de las provincias se reportan faltantes de métodos anticonceptivos”, siguen Saccani y Gross, que son las articulantes por Rosario.

La Campaña tiene desde hace años una comisión de articulación que da cuenta de su carácter federal. Este año, se decidió ampliar esa comisión a dos personas por regional, como así también dos por la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir, Socorristas en Red y la Red de Docentes por el Derecho a Decidir.

Lo que quedó claro fue la necesidad de revitalizar la Campaña, una construcción heterogénea y plural que -con tensiones y conflictos- fue protagonista en los últimos veinte años de un movimiento que logró una conquista histórica. Y aunque después de la sanción de la ley, en diciembre de 2020, se dio una discusión sobre la necesidad de la campaña, el gobierno de Javier Milei obliga a aunar los esfuerzos para defender la ley y exigir su cumplimiento.

Desde la Regional Rosario, la consigna sigue siendo “La Campaña somos todas”, más allá de los flujos y reflujos de la marea verde, con la apuesta a recuperar la capacidad de movilización en un contexto de ataque antifeminista y ajuste inédito.

“El retroceso que estamos viviendo en todos los territorios nos obliga a hacer los mayores esfuerzos para que la Campaña trabaje en unidad y sin protagonismos personales para exigir el cumplimiento de la ley”, consideró Lucrecia Aranda, también participante de la Regional Rosario. En el mismo sentido, Soledad Gorostiaga afirmó que “la campaña tiene un objetivo concreto, y se organizó alrededor de los derechos humanos a la salud sexual”.

“No sólo derecho a acceder a anticonceptivos y a la interrupción del embarazo, sino también a tener relaciones sexuales placenteras, no forzadas, todos temas que hoy están siendo atacados por un gobierno que nos eligió como sus adversarias principales”, agregó Aranda.

Este año la Campaña Nacional por el derecho al aborto cumple 20 años. El encuentro donde se decidió su lanzamiento se realizó el 5 de mayo de 2005 en la ciudad de Córdoba. El día de lanzamiento fue el 28 de mayo.

“Nos planteamos realizar diferentes acciones con una mirada federal en función de este aniversario, focalizando en las fechas de agenda feminista en la que la Campaña siempre sale con fuerza a la calle: 28 de mayo, 28 de septiembre y 30 de diciembre”, plantean Saccani y Gross.

Volver a los masivos pañuelazos que teñían de verde plazas y lugares emblemáticos de las ciudades es la tarea.

“La Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal Seguro y Gratuito ha marcado un hito trascendental y único en la historia de los movimientos transfeministas, sosteniendo la presencia e incidencia política como actora fundamental en la construcción de la democracia y como faro en la ampliación de derechos en América Latina y el Caribe y en todo el mundo”, dicen las activistas rosarinas.

Que la marea vuelva a subir, para garantizar los derechos que tanto costó conseguir, es la tarea.

Por Sonia Tessa-PÀGINA 12