La Secretaría de Derechos Humanos (SDH) de la Nación ya no existe. Desde hace un mes, es una subsecretaría. Como parte del desguace de la política pública que viene implementando el gobierno de Javier Milei, ya casi no quedan abogados que intervengan como querellantes en las causas por crímenes de lesa humanidad en representación del Poder Ejecutivo Nacional (PEN). Esa situación fue quedando en evidencia en distintos expedientes donde Alberto Baños tuvo que reconocer que no sabe ni en cuántas investigaciones intervenía la SDH ni en qué jurisdicciones.