El gobierno intervino el AFSCA y Sabbatella llevó el caso ante la justicia
La medida, dictada por decreto, rige por 180 días y alcanza a la AFTIC. El interventor es el ex legislador del PRO y hombre de Marcos Peña, Agustín Garzón.
A menos de 15 días de asumir, el nuevo gobierno nacional presidido por Mauricio Macri dictó ayer por decreto la intervención por 180 días de la AFSCA y AFTIC, los entes responsables de la aplicación de las leyes de Servicios de Comunicación Audiovisual y de Argentina Digital (telecomunicaciones), volvió a eludir la participación del Congreso y los mecanismos establecidos en ambas legislaciones para remover a las autoridades de ambos organismos, y modificó de facto, como mínimo, la aplicación de ambas normas en lo relativo al recambio directivo. En conferencia de prensa, el ministro de Comunicaciones Oscar Aguad justificó el DNU porque las autoridades «no responden a la estructura orgánica de la ley de ministerios» y, según el gobierno «existe una rebeldía para atenerse al nuevo régimen que fija las políticas de comunicación». Tanto desde AFSCA como de AFTIC presentaron ante la justicia sendos hábeas corpus en el fuero penal de la Ciudad y recursos de amparo en el fuero Contencioso Administrativo nacional en contra del DNU macrista.
El gobierno nacional decidió, además, montar un operativo policial durante las primeras horas de la mañana en la puerta de entrada de la sede central de la AFSCA, en Suipacha 765, horas antes que el DNU estuviera publicado en el Boletín Oficial, hecho fuertemente denunciado y repudiado públicamente, tanto por asesores legales de AFSCA y diversas personalidades de la política, los Derechos Humanos y el sindicalismo, como por cientos de manifestantes de diferentes organizaciones y autoconvocados que con el correr de las horas se unieron frente a la sede del ente bajo la consigna «La Ley de Medios no se toca». El presidente de AFSCA salió en varias ocasiones a conversar con los medios, y entre otros puntos sostuvo que considera al decreto como «absolutamente ilegal». «No se está respetando la división de poderes. Hay un avasallamiento y un atropello brutal a la ley. Por lo tanto, ante ese conflicto de poderes, estamos pidiendo que el Poder Judicial lo resuelva», sostuvo Sabbatella. Según el funcionario, las autoridades de AFSCA seguirán en sus funciones por lo menos hasta que se expida la justicia. Salvo que, en una actitud que no está fuera de los cálculos dada la magnitud de los acontecimientos, el gobierno macrista decida enviar por la noche a la fuerza pública para tomar de hecho el lugar. Anoche, el interventor designado por Macri, Agustín Garzón, denunció penalmente a Sabbatella por «abuso de poder» e «incumplimiento de los deberes de funcionario público».
El decreto, que parte en sus fundamentos del artículo 42 de la Constitución, referido a «consumidores y usuarios de bienes y servicios», señala «incumplimientos» en las leyes de Servicios Audiovisuales y de telecomunicaciones que merecen un «severo cuestionamiento» y asegura que para esclarecer esos presuntos hechos «resulta necesario disponer una intervención transitoria de los referidos entes que facilite una ordenada y completa investigación de su actuación desde sus respectivas fechas de creación». Para ello designa como interventores a Agustín Ignacio Garzón en AFSCA y a Mario Enrique Frigerio en AFTIC quienes tendrán, según el escrito «facultades de gobierno» en los respectivos organismos, establecidos en la LSCA 26.522 y en la Ley Argentina Digital 27.078 respectivamente.
Con la fuerza pública
Pasadas las 8 de la mañana, el presidente de la AFSCA Martín Sabbatella y parte de su equipo llegaron a la sede del organismo y se encontraron con vallas, un micro de Infantería, «tres patrulleros y seis motos» de la Policía Federal, según pudo saber Tiempo. Algunos medios periodísticos, enterados de la intervención y de la conferencia del ministro Aguad, aguardaban al funcionario. Mientras Sabbatella efectuaba la primera de varias intervenciones mediáticas ese día, parte del operativo se desmontó. Alrededor de las 9:30 además, se acercaban los manifestantes alertados a través de las redes sociales. Ya durante el mediodía, en la cuadra no había uniformados, mientras podía verse en la página web del Boletín Oficial el DNU. Entre ovaciones, comenzaron a entrar y salir del edificio numerosas personalidades de distintos ámbitos afines al Frente para la Victoria.
El constitucionalista Eduardo Barcesat deslizó un recuerdo inquietante: aseguró que «desde 1982», durante la dictadura no ayudaba a presentar un recurso de hábeas corpus. «La intervención se realizó a través de un decreto que referencia al DNU de reorganización ministerial, norma que tiene severas deficiencias de validez, por lo que entiendo que la autoridad federal va a impugnar con una acción de amparo este decreto» consideró. La abogada Graciana Peñafort hizo especial hincapié en que el gobierno macrista no dudó en enviar a las fuerzas de seguridad antes de la publicación del DNU en el Boletín, por lo cual señaló que «retrasar la salida del Boletín Oficial viola el principio de publicidad de los actos de gobierno» y además enfatizó que «rodear de policía un organismo en base a un norma desconocida porque no ha sido publicada son vías de hecho y es ilegal».
Amparos y hábeas corpus
«Estamos ante una situación que nos preocupa y mucho, porque hay una actitud intimidatoria. Nos preocupan los vallados a la mañana, porque hay una sensación de estado policial, y nos preocupan estos gestos de violencia institucional. Hay un gobierno indiscutiblemente legítimo, elegido por la voluntad popular, pero que tienen actitudes de un gobierno de facto, que no da cuenta de la ley, de la Constitución, de las normas», lamentó Sabbatella. El presidente de AFTIC Norberto Berner también salió en una de las ocasiones junto al titular de AFSCA y consideró que «no está fundada la intervención y un decreto simple no puede ir por encima de la ley… en cualquier parte del mundo los organismos reguladores en telecomunicaciones son instituciones autárquicas creadas por ley», señaló el funcionario.
Por sorteo, las cuatro presentaciones recayeron en diferentes juzgados. En el caso de AFSCA, el amparo cayó en el Juzgado Contencioso Administrativo Federal Nº 8, y el hábeas corpus el Criminal y Correccional 39 de la Ciudad. Entre los ejes del amparo, el escrito solicita la nulidad del decreto señalando el artículo 14 de la LSCA, que establece que deben existir dos años de diferencia entre el inicio del mandato de los directores y del Poder Ejecutivo nacional. Consideran que el Poder Ejecutivo no puede intervenir un organismo autárquico que debe ser independiente del gobierno y marca como «vicio en la causa» que los fundamentos esgrimidos en el DNU no dan lugar a la intervención. Además, basados nuevamente en el artículo 14 de la LSCA, señalan que «el presidente y los directores sólo podrán ser removidos de sus cargos por incumplimiento o mal desempeño de sus funciones» y sobre todo que la remoción debe ser aprobada por las 2/3 partes de los integrantes del Consejo Federal de Comunicación Audiovisual -Cofeca-.
«Vamos seguir cumpliendo nuestras funciones hasta que el Poder Judicial» se pronuncie, sostuvo Sabbatella. Por ahora, siguen.
Marcos Peña, superministro de contenidos
El gobierno nacional decretó la creación del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos en la órbita de la Jefatura de Gabinete de Ministros que conduce Marcos Peña. El Decreto 237/2015 especifica que al Sistema de Medios y Contenidos Públicos le competen las funciones de «asistir al jefe de Gabinete de Ministros en todo lo inherente a las expresiones tecnológicas, artísticas, educativas, culturales, informativas y formativas, y aquellas vinculadas a la divulgación del conocimiento que el Estado propicie difundir a través de medios audiovisuales, redes digitales, parques temáticos u otros».
Además señala que intervendrá en la administración y el funcionamiento de Radio y Televisión Argentina Sociedad del Estado (RTA SE) integrada por LS82 Canal 7, LRA Radio Nacional, y Radiodifusión Argentina al Exterior (RAE), tendrá injerencia «en la administración y el funcionamiento de Télam Sociedad del Estado», y colaborará con la planificación y administración de la ejecución de la publicidad oficial de los actos de gobierno. El nuevo organismo coordinará con el Ministerio de Educación «el contenido y funcionamiento de las señales Encuentro, Pakapaka y Depor TV y del Polo de Producción Audiovisual». También entenderá “en la administración y operación del Parque Temático Interactivo del “Proyecto Tecnópolis del Bicentenario, Ciencia, Tecnología y Arte», el Centro Cultural Kirchner y la participación del Estado Nacional en la cadena de noticias regional Telesur.
Un interventor del riñón militante del PRO
El nuevo interventor de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) es Agustín Garzón, un ex legislador del PRO cercano al jefe de Gabinete, Marcos Peña. A pesar de que desde el macrismo esgrimieron la “militancia” de Martín Sabbatella como el eje central para reclamar su renuncia, Garzón no pareciera tener un perfil neutral ni independiente del partido amarillo. Si bien el flamante funcionario intentó borrar de su cuenta de Twitter algunos de sus posteos más picantes, de todas formas circularon por Internet. “¡Hace 10 años Nestor planteo un sueño! ¿Cuántos ceros tenia?, ¿o lo midió en kg?”, escribió en 2013. Además de postear infinidad de imágenes de Macri, o retuitear frases de Marcos Peña, Garzón se refirió a la entonces presidenta Cristina Fernández como una “ladrona” en otro de sus escritos. En medio de la controversia por el traslado de la estatua de Cristóbal Colón, expresó: “Mientras Mauricio consigue un crédito para cortar las inundaciones, Cristina aprieta a la Corte, al campo y se roba una estatua”.
Garzón es abogado egresado de la Universidad Católica Argentina y realizó una Maestría en Derecho Administrativo en la Universidad Austral.
Antes de ocupar la función que en principio está reservada para el ex secretario de Medios porteño, Miguel de Godoy, el funcionario se desempeñaba en la Secretaría General de la Ciudad, comandada por Marcos Peña.
Fuente: Tiempo Argentino.
