La medida se justificó en que ambas entidades «presentaron factores de criticidad superiores a los valores límite establecidos para su funcionamiento» en áreas como la atención al beneficiario, aspectos prestacionales, contables y jurídico-institucionales. La SSSalud, que intervino varias obras sociales en el último año, intimó a las entidades a presentar un plan de contingencia en un plazo de 15 días para revertir la situación. Este proceso será supervisado por el Comité de Evaluación y Seguimiento de Crisis y Liquidación de los Agentes del Seguro de Salud, que también evaluará indicadores económicos y la dependencia de subsidios financieros.

Un «reordenamiento» de las obras sociales que alarma a los gremios

La declaración de «crisis» en estas dos obras sociales se suma a una lista creciente de entidades bajo la lupa del Gobierno. Recientemente, también se declaró en crisis a la Obra Social Asociación Mutual Metalúrgica Villa Constitución y a la Obra Social de Conductores Titulares de Taxis de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y se disolvió la Obra Social del Personal de la Industria Botonera (OSPIB) y la Obra Social del Personal Aduanero (OSPAD).

El Gobierno, a través del Ministerio de Salud que lidera Mario Lugones y la SSSalud a cargo de Claudio Adrián Stivelman, argumenta que estas acciones se enmarcan en un «reordenamiento del sistema» para «fortalecer el rol fiscalizador» y garantizar un sistema de salud «sustentable». La administración busca promover la libre competencia y la libertad de elección de los beneficiarios, un objetivo que se vio reforzado con la entrada en vigencia del decreto 170/2024, que permite a los trabajadores elegir directamente entre obras sociales y empresas de medicina prepaga sin la intermediación de un sindicato.

Sin embargo, para los gremios, estas medidas encendieron todas las alarmas ya que afectan, no solo a la prestación de servicios de salud para los trabajadores, sino también a importantes cajas de las organizaciones sindicales. La intervención de al menos ocho obras sociales en el primer año de gestión del presidente Milei fue leída como un intento de debilitar el sistema solidario de salud, que constituye un pilar fundamental del movimiento obrero.

La ofensiva del Gobierno, que también incluyó la intervención de la Obra Social de los Trabajadores Rurales y Estibadores (OSPRERA), la del Personal Mosaista (OSPM), la de Vareadores (OSV), entre otras, generó un clima de incertidumbre y preocupación por la estabilidad de las obras sociales y la continuidad de la cobertura de salud para sus afiliados. Los sindicatos, por su parte, denuncian que se trata de un intento de debilitar el sistema solidario de salud.

FUENTE : MUNDO GREMIAL