Presión impositiva y la necesidad de mayor infraestructura exportadora

A los sobrecostos energéticos se suma una estructura impositiva compleja. En particular, Paoloni cuestionó la decisión del gobierno provincial de elevar recientemente al 5% la alícuota de ingresos brutos sobre el sector, una medida que afecta tanto a productores como a industrias arroceras.

“La provincia va a contramano de lo que necesita la producción. Mientras en otros distritos se habla de reducir tributos, acá suben los impuestos al sector más intensivo en mano de obra y logística”, señaló. Según estimaciones del sector, la presión tributaria total supera el 50% si se consideran IVA, cargas sociales e impuestos provinciales.

Además, los insumos agropecuarios locales son más caros que en países vecinos: maquinaria, neumáticos y repuestos pueden costar entre 50% y 100% más que en Brasil o Paraguay, incluso tratándose de productos nacionales.

La falta de infraestructura portuaria adecuada también limita el acceso a los mercados. Si bien Entre Ríos cuenta con puertos como Concepción del Uruguay o Ibicuy, estos no operan a pleno o están virtualmente inactivos para el granel agrícola. Según Paoloni, «el productor tiene que ir a Rosario o Buenos Aires. Los costos logísticos en esas terminales se comen cualquier posibilidad de ganancia”.

Este escenario favorece la concentración de la actividad en grandes grupos industriales, que cuentan con acceso propio a mercados, logística integrada y economías de escala. En contraste, los pequeños y medianos productores enfrentan dificultades crecientes para sostenerse, incluso tras haber retornado a la actividad durante la suba de precios en 2023.

En la provincia hay unanimidad en un concepto que es muy claro. Si bien el arroz no tiene retenciones, si no se baja el costo de producir, de exportar y de financiarse, la superficie va a seguir cayendo y los productores van a desaparecer.

Una advertencia al gobierno nacional y provincial

Paoloni fue claro al señalar que la salida no pasa solo por el tipo de cambio. Si bien una devaluación mejora los ingresos por exportación, la clave está en reducir los sobrecostos internos y generar condiciones para la competitividad estructural. Esto implica, entre otras cosas, adecuar las tarifas eléctricas para el riego, revisar la carga fiscal sobre la producción primaria y reactivar la infraestructura portuaria regional.

“El productor argentino tiene capacidad, tecnología y experiencia. Lo que le falta es un entorno económico y logístico que no lo castigue por querer trabajar”, afirmó. En su caso, gestiona una pyme familiar junto a sus hijos, con producción y procesamiento propio en el departamento San Salvador. Su planta emplea a 50 personas, en una localidad que cuenta con 16 molinos arroceros, lo que da dimensión del impacto social de este sector.

A pocas semanas de que comiencen las decisiones de siembra para la próxima campaña, la cadena arrocera entrerriana se encuentra en una encrucijada. Si no se adoptan medidas urgentes, el recorte de superficie será inevitable y con él se profundizará la pérdida de productores, empleos y capacidad exportadora.

El arroz es una economía regional estratégica, con alto valor agregado y fuerte demanda laboral. Pero sin competitividad interna ni condiciones externas favorables, el riesgo de retroceso es real y creciente.  FUENTE.   ÁMBITO.