EDUARDO BARCESAT: “Están obrando, a sabiendas, contra el derecho vigente”.

Por  Gabriel   Russo   –

Con el abogado constitucionalista Eduardo Barcesat, profundo conocedor de las doctrinas que rigen el derecho, ganamos claridad sobre  el  futuro de  la causa de Vialidad, que apunta a una condena contra Cristina por parte de jueces y fiscales que están obrando,  a sabiendas, contra el derecho vigente según consideró  el Dr. Barcesat,  quien afirmó que hay dos  iniciativas para liberar a Cristina de esta injusticia.   Una de ellas es la facultad del  Presidente de la nación, para que “ una vez llegado el momento de que exista una condena, instruya  al Procurador del Tesoro, que es el abogado jefe  de la nación,  para que independiente de lo que hagan los damnificados, impulse el pedido de anulación por cosa juzgada por formal írrita y presuntamente delictiva”.

-Lo que está pasando lo sabemos, el tema es lo que va a ocurrir . Estoy hablando de Cristina Fernández usted sabe?

Qué es lo que debería pasar si podría decirlo. Debería pasar que se anule este procedimiento porque es una expresión paradigmática del lawfare  o guerra  judicial. Recordemos que esta causa había tenido radicación años atrás en el juzgado  que depende del juez Ercolini, en la causa  de vialidad de contratos de obra pública de Santa Cruz, y  Ercolini, con criterio  ‘sensato’ le envió a la justicia  federal de Santa Cruz. Allí tramitó,  terminó el sobreseimiento pero fue rescatada y yo diría que una especie de resurrección jurídica, por una decisión de la sala IV de la Cámara de Casación Federal que es donde están los asiduos visitantes de olivos y de la Casa rosada me refiero a los jueces  Hornos y Borinsky. Y ellos le devolvieron  a Ercolini y que la recibió, con cambios de  180° y empezó a tramitar la niveles después la elevó a juicio oral donde está este tribunal y estos fiscales,  que parecen desconocer el deber de obediencia de la supremacía de la constitución nacional y  que han posibilitado y cometido quebrantamientos de lo que es el debido proceso, y lo que es todavía más doloroso diría, han quebrado lo que llamamos la finitud lógica del ordenamiento jurídico o principio de no exigibilidad de otra conducta,  al negarle a Cristina ampliar su declaración indagatoria, cosa que conforme la norma procesal puede  hacer hasta el momento previo del llamado de autos a dictar sentencia en la causa.

Eso viola el artículo diecinueve de la constitución que es una piedra yo diría de un rigor lógico precioso de la constitución histórica de 1853 que establece que ‘nadie está obligado a ceder a hacer lo que la ley no manda,  ni privado de lo que ella no prohíbe.

Bueno a ella que tenía el derecho de ejercer su defensa a través de una ampliación de indagatoria se lo han privado, es decir han quebrado el artículo  19 de la Constitución Nacional,  y esto en cualquier situación normal en el orden jurídico y de la actividad jurisdiccional implicaría el inmediato apartamiento del fiscal y jueces porque están obrando a sabiendas, contra derecho y por supuesto la nulidad de la causa porque no puede admitirse un error; un error no, un quiebre de esta envergadura  cometido  a conciencia que es al mismo tiempo abuso de autoridad, violación de los derechos de funcionario público en concurso con  prevaricato. Es decir fallar a sabiendas contra el derecho vigente.

De derecho no sé,  escucho,  aprendo y trato de entender, por eso pregunto cuando hay tantas fallas en un poder como es el judicial en este caso  en  este juicio, cuál  es la defensa que tiene la sociedad , en este caso ¿ tenemos que mirar cómo impunemente se eleva una condena, hay algún tipo de defensa?

Hay dos formas de la defensa una es la que está ejercitando el pueblo de la nación que se moviliza, que reclama que no es solamente la solidaridad con Cristina, esto se diga  o no, es también defensa del estado  de derecho y del deber de obediencia a la supremacía de la constitución nacional. Todo eso   en sede judicial  se  ha tirado por la borda porque lo único que les interesa es ejercer un poder para poderla proscribir a Cristina para el año 2023, eso  lo tiene que tomar el pueblo y hacerlo valer en la movilización yo les recuerdo que el artículo 36 de la Constitución que establece ese deber de obediencia a la supremacía constitucional como  una de las  incorporaciones más importantes del año 94, en el penúltimo párrafo de ese artículo dice”… Se le reconoce el pueblo argentino el derecho de resistir estos actos de violencia institucional”.

Bueno estamos asistiendo a  actos de violencia institucional perpetrados  desde el poder judicial,  que es el ariete de este lawfare,  o guerra judicial. Y esos actos son contra la supremacía de la constitución , y si bien todos los habitantes de la Argentina, todos los integrantes de los poderes están obligados con deber de obediencia, quienes tendrían que ser el paradigma de la custodia de ese deber de obediencia a la supremacía constitucional, son los violadores primero del texto de la constitución y con ello, de los tratados internacionales  de Derechos humano que establecen que la función judicial implica inmunidad, independencia, imparcialidad  y competencia. Estos no reúnen ninguno de sus 4 requisitos.

Cometiendo esos  “errores”, ya sabemos cuál sería la condena ¿Qué le queda el Poder ejecutivo, uno dice el indulto y Cristina Fernández no lo siguiente pero lo que queda es solamente que eso?

Desde el punto de vista institucional , si es que no se logra la recusación de fiscales y de los  integrantes de este tribunal y llevar adelante una condena, entonces no tiene institucionalmente más que dos iniciativas:  la primera que  es la del indulto , y es la facultad que tiene el Presidente;  y que quiero recordarle a la audiencia, esta facultad  fue ratificada  en el ’94, cuando las fuerzas políticas mayoritarias  eran peronismo y radicalismo los autores del Pacto de Olivos, de manera que ahora no miren para  otro lado hubo, o  que condenen o que no le guste, está en la Constitución y es una facultad.

Ahora bien,  no basta con esto porque el indulto quita la pena pero no borra el hipotético delito. Para borrarlo hay otra iniciativa institucional que es promover la  “nulidad de cosa juzgada  írrita formal y previsiblemente delictiva “, que es el fallo que hipotéticamente se  dictaría por el  Tribunal oral y  se convalidaría  por Casación y la Corte Suprema.

Entonces frente a eso creo que sería también digno que el Presidente de la nación, llegado el momento de que exista una condena, instruya  al Procurador del Tesoro, que es el abogado jefe  de la nación,  para que independiente de lo que hagan los damnificados, impulse el pedido de anulación por cosa juzgada  formal írrita y presuntamente delictiva.

Se me ocurre ¿cuando va a haber una marcha de abogados en contra del lawfare?

No sé si de  abogados de pero 26 000 abogados de suscribimos hace no unos  meses un pedido de juicio político contra la Corte suprema de que es la cabeza que orienta y encubre el lawfare, después presentamos como entidades y organizaciones sociales,  otro pedido de juicio político por otras tropelías constitucionales, bueno no se nos puede a nosotros pedir más que de lo que estamos haciendo.

Debemos decir que lamentablemente la Cámara de Diputados de la nación todavía no le ha dado comienzo de tratamiento, no digo que está estudiando, comienzo de tratamiento, hay dos   pedidos de juicio político, que repito han tenido un amplio apoyo de la abogacía Argentina y que además por entidades y organizaciones sociales, organismos defensores de derechos humanos han firmado, y repito todavía no se ha puesto en marcha el mecanismo del juicio político.

¿Será porque lo controla el Frente renovador el Congreso?

Eso no me corresponde mi responderlo, lo que sí digo, en todo nosotros decimos lo que debe hacerse, no describimos lo que ocurre, y esto es lo que hicimos como abogados, como catedráticos etc. Y es lo que está pendiente de tratamiento, que por supuesto, quedaría muy bien que  una nueva movilización-no digo que se  quite la posta a Cristina ni mucho menos pero de alguna de esas movilizaciones vayan al palacio de justicia porque allí es donde  anida esa corte suprema que repito, prohija y encubre estas prácticas perversas de lawfare de la doctrina de seguridad nacional-concluyó el Dr. Barcesat.