Diabólica de los pies a la cabeza.

Por Margarita Pécora –
Si a uno que no vivió los hechos, le indigna escuchar cómo se les arrebata la razón a los familiares de las víctimas del terrorismo de Estado impuesto por la dictadura cívico militar que marcó con sangre y despojo a la Argentina, imaginense cuánta rabia e impotencia estarán sintiendo esas personas que todavía están buscando a sus familiares desaparecidos, cuando quedan con vida quienes guardan el secreto del lugar donde los arrojaron, y cuando aparece una diabólica señora con hambre de poder en papel de cómplice, negando y tergiversando una realidad imposible de tapar con un dedo.
¡Hay que ser diabólica y estar bien desesperada por hacerse de un cargo de vicepresidenta de la nación argentina, para agitar de tal manera la teoría de “los dos demonios” y llegar a la Legislatura del pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, a negar , como en su momento lo hizo Mauricio Macri , la cifra de 30 mil desaparecidos.
Eso hizo ayer en un polémico homenaje en la Legislatura porteña, la candidata a vicepresidenta de la ultraderechista La Libertad Avanza, Victoria Villarruel, compañera de Javier Milei, quien reivindica la dictadura militar y honra a genocidas.
Torciendo la historia plagada de testimonios de los que sufrieron en carne propia a la dictadura, la señora Villarruel sostuvo que “el Estado en democracia nos está violando los derechos humanos para garantizarle la impunidad a un grupo de violentos que hoy gozan de libertad y de las garantías que les da nuestra democracia”, volviendo a revivir la teoría de los dos demonios, que equipara los actos de la guerrilla con el terrorismo ejercido por el Estado durante la dictadura (1976-1983).
Y lo peor de todo, es que no conforme con esa negación, provocó y lastimó las heridas abiertas en tantas familias argentinas, diciendo que “no existió terrorismo de Estado”, y que “después de 40 años de una visión amputada de los derechos humanos y de demonizarnos (a los militares de la dictadura) ya no les tenemos miedo”.
Una teoría conspirativa, sin lugar a dudas que no resiste análisis. Para quien no vivió este proceso, con quien escribe estas líneas, basta con haber visto durante las últimas décadas la plaza de Mayo bañada de lágrimas de madres y abuelas peregrinando y clamando por sus hijos y esposos desaparecidos, algunos eran estudiantes, gremialistas o simplemente obreros.
Y si alguna duda queda del ensañamiento que caracterizó a esa dictadura, hablan por sí solos los hijos y nietos recuperados por las Abuelas de Plaza de Mayo y Madres Fundadoras, gracias a un Banco Genético y a los trozos de historia que han armado el rompecabezas de tanta barbarie.
Es repudiable el negacionismo que se trata de volver a imponer cuando se cumplen 40 años de la recuperación de la democracia. El negacionismo «es la quintaesencia de la violencia simbólica» y, disfrazado de opinión, busca «abrir una brecha» en el rechazo social a los delitos de lesa humanidad y en la deslegitimación de los represores. Esto ha dicho el profesor universitario, investigador, ensayista y crítico cultural Alejandro Kaufman, para quien resulta necesario limitar este tipo de mensajes.
Y es que Argentina necesita su Ley contra este fenómeno que pone en duda, banaliza o niega los crímenes de lesa humanidad y el sufrimiento de las víctimas de la última dictadura militar con expresiones emparentadas a los discursos de odio, en pos de instaurar una narrativa «fraudulenta» y otro «orden» social.
Por suerte, ya están las primeras ideas contenidas en algunos proyectos parlamentarios que podrían replicar normativas ya vigentes en otros países donde se condena a quienes niegan los crímenes cometidos durante el régimen nazi y la Segunda Guerra Mundial bajo el mando de Adolf Hitler, países como Alemania, Francia, Suiza, Austria, Bélgica, España, República Checa, Israel, Letonia y Liechtenstein tienen legislación que penaliza, con matices, a quienes justifiquen o nieguen el holocausto.
Por lo pronto, no hay ley, y de ese vacío legislativo se aprovecha una diabólica libertaria que utiliza esas reivindicaciones de la dictadura, avasallando a los derechos humanos. Pero precisamente desde las organizaciones de Derechos Humanos le responden a Villarruel: “En este país no hubo una guerra entre dos demonios, sino que fue un terrorismo de Estado, un genocidio con 30 mil víctimas directas, delitos aberrantes y crímenes de lesa humanidad que no prescriben”.