El poder económico y el establishment mediático viven por estos días momentos de adrenalina. Es que después de una década de batalla judicial, la Corte Suprema estaría a punto de dejar firme la condena a Cristina Kirchner, lo que dejaría a la presidenta del principal partido opositor afuera de la competencia electoral y cercenaría el derecho al voto a una parte importante del electorado que tiene intenciones de elegirla.

Si bien esta semana el Máximo Tribunal dejó allanado el camino para tratar la causa Vialidad, abundan versiones de todo tipo, incluso aquellas que alimentan la teoría de que podría haber una postura disidente que estire los tiempos y que le dé a la expresidenta margen para presentarse como candidata.

Como se mencionó hasta el hartazgo, la Corte no tiene plazos para fallar, aunque el ministro Ricardo Lorenzetti dijo en TV semanas atrás que no había razones para estirar el asunto más allá de las elecciones. A la luz de lo que ocurrió a comienzos de semana,  cuando los supremos dieron a conocer su rechazo unánime a la recusación que planteó la defensa de Cristina Fernández contra el supremo, esos dichos cobran mayor sentido, y reducen casi por completo las posibilidades de que el fallo judicial de mayor relevancia política de la última década quede para la segunda parte del año.

En los últimos días, en los tribunales reinó el hermetismo. Por lo bajo, una de las pocas voces que respondieron a consultas de Tiempo se animó a plantear una recomendación. Un llamado a prestarle suma atención a las próximas reuniones de acuerdo, que se llevan a cabo de manera semanal y son el ámbito en el que Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Lorenzetti se juntan para dictar sentencias. Esa recomendación, enfatizaron, debe comenzar a tenerse en cuenta a partir de la reunión del próximo martes a las 10 de la mañana.

Y como se mencionó, el camino para fallar parece haber quedado allanado cuando los supremos rechazaron la recusación contra Lorenzetti. Al conocerse esa decisión, las fuentes repetían que era imposible apartarlo de la votación sobre su propia recusación y que no había causales de peso para hacer lugar al reclamo y sortear a un conjuez que vote en Vialidad. “Cuando las recusaciones planteadas son manifiestamente inadmisibles, deben ser desestimadas de plano”, dijeron.

También perdió fuerza la posibilidad de que el fallo se demore y quede para los próximos meses o años, tal como ocurre asiduamente en muchos de los casos que llegan al Máximo Tribunal. La ansiedad expresada en algunas editoriales de diarios y canales de TV, que son lisa y llanamente actos de presión públicos, a cielo abierto, apunta a que haya novedades antes del cierre de listas bonaerense y del comienzo de la feria judicial, para lo que restan seis semanas y seis reuniones de acuerdo.

Cristina Kirchner tiene más que claro el clima de agitación y presión que cobró fuerza en las últimas semanas. Frente a eso, en los últimos días mostró mucha actividad política de cara a la construcción de una unidad del peronismo que se traduzca en las listas que se cierren el próximo 19 de julio.

Bajo mucho hermetismo y sin dar declaraciones públicas, sus defensores también analizan la situación a la espera de noticias. Beraldi y Llernovoy le pidieron a la Corte que anule el fallo de Casación y que la absuelvan después de analizar el expediente completo y de convocar a las partes a audiencias públicas. La estrategia apunta a exponer las irregularidades que hay detrás de una condena: desde mostrar que se montó sobre supuestos delitos descartados por la justicia santacruceña hasta la intervención de jueces y fiscales que se reunían con Mauricio Macri o jugaban a la pelota en su quinta.

Las chances de que eso ocurra son prácticamente nulas. Por eso, de confirmarse la condena, los abogados de la expresidenta deberán enfocarse en mitigar los efectos de la ejecución, al tiempo que prevén recurrir a instancias internacionales. El propio Beraldi anticipó que queda una posibilidad de apelar y es por medio de un recurso de revisión, que aplica en casos excepcionales y que puede proceder si un tribunal internacional como podría ser la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dicta una sentencia en contra de la condena y dice que la queja de la defensa es razonable. Eso podría habilitar la posibilidad de que la Cámara de Casación revise las actuaciones, aunque con una Sala o conformación distinta a la que ratificó la condena del TOF.   «

Por: Ariel Stemphelet-TIEMPO A.