Dos acontecimientos recientes transcurrieron en un clima de elevada tensión para el pueblo boliviano, que arde de rebeldía pidiendo la dimisión del actual gobierno: Por un lado el aniversario 195 de la independencia el pasado 6 de agosto, y por el otro el Día Internacional de los pueblos indígenas, conmemorado este 9 de agosto.
Sin la alegría del aymara o del quechua adorador profundo de su pacha mama, sin ver la bandera multicolor flotar al viento en señal de libertad plena, y abrumados como están por el hedor de los muertos que son velados en las casas, Bolivia “celebró” -término que suena como una ironía- los 195 años de su independencia.
Tampoco este 9 de agosto, Día internacional de los Pueblos indígenas, el gobierno de facto que encabeza Jeanine Áñez, cumplió con el acuerdo de la ONU a los gobiernos, de ejercer en el contexto de la pandemia por el Covid-19, políticas públicas para garantizar la resiliencia de los pueblos indígenas. Con más razón, tratándose de un Estado plurinacional cuya Constitución de 2009 reconoció la diversidad étnica del país, e hizo oficiales 36 etnias indígenas con sus lenguas en todo el territorio nacional. Entre ellas, son mayoría las poblaciones quechua y aymara.
Sería iluso pensar que la presidenta de facto de Bolivia, iba dedicar al menos un minuto de su tiempo, ocupada en decolorar su cabellera, bajo la cual oculta su verdadero origen, para valorar la identidad de los indígenas, mucho menos para intentar aliviar el dolor que les causa una política de exterminio y olvido por parte de ese gobierno que se impuso en el poder mediante una maniobra golpista contra el liderazgo de Evo Morales -un ascendiente directo de los indígenas aymaras-, que pudo devolver la dignidad a los pueblos indígenas a lo largo de los 14 años que ejerció el poder.
Cómo pensar que el gobierno de facto de Áñez iba a gestionar a favor de los indígenas, cuando su primer medida fue expulsar de Bolivia a los médicos cubanos que demostraron en esa humanitaria labor de colaboración, ser los únicos capaces de adentrarse en las entrañas selvas bolivianas para llevar salud a los indígenas, y de ningún modo para realizar espionaje como demencialmente han afirmado.
El servicio de salud en el campo boliviano es hoy muy carente. Ante un dolor de muelas, la cura es una brutal extracción en la propia casa, y cuando tienen una emergencia intentan ir a las ciudades ahora cercadas por el coronavirus, de modo que morir con esa enfermedad es el final inevitable. Para colmo el gobierno comenzó a prohibir que las familias de las ciudades, entierren a sus muertos en los pueblos de las áreas rurales.
Desde las selvas bolivianas, han bajado por estos días, los ponchos rojos, organización dirigencial de campesinos que exigen la renuncia de la presidenta Áñez y de todos sus ministros por la pésima administración en la gestión de la pandemia del coronavirus que ya cobró la vida de más de 3 500 personas, la mayoría del Departamento de Santa Cruz y Cochabamba.
Pero el pueblo boliviano parece que ya se cansó, y le está convirtiendo el país en un infierno el gobierno. La Huelga General Indefinida junto a los Bloqueos de Caminos y Carreteras estremeció al país, para exigir al gobierno de facto el respeto a los derechos del pueblo a la salud y a la educación, a elegir libre y democráticamente a sus gobernantes para enfrentar la crisis generalizada que sufren.
Bolivia arde y augura un septiembre rojo. Es parte del infierno que se buscaron tras un golpe de estado tan brutal e impune a los ojos del mundo.
Como fuego en un bosque, así se propaga la llama de rebeldía en el país del altiplano, cuando se acerca septiembre, fecha aprobada por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) para la realización de las elecciones. Aumentan la temperatura del enfrentamiento político interno y las discrepancias sobre los plazos para la realización de las elecciones y se recrudece la disputa que involucra a los principales grupos políticos de derecha en el país, incluyendo a la actual presidenta, Jeanine Áñez, en su afán por desaparecer del mapa político electoral al ahora partido opositor, Movimiento Al Socialismo (MAS), del ex presidente Evo Morales.
Lo ocurrido en Bolivia cruzó el límite del golpe blando, para ser un golpe de estado instigado ferozmente por el Departamento de Estado y sus maquiavélicos operadores en la OEA.
Ahora que en Bolivia se lamenta la pérdida de derechos democráticos, la persecución ideológica a los movimientos sociales, sindicales y ex funcionarios de gobierno de Morales, cobra mayor vigencia la afirmación del ex presidente, desde su exilio en Argentina, cuando advirtió que el golpe de estado se estrelló contra su persona, pero que el último fin de los golpistas ha sido afectar al pueblo boliviano y los derechos conseguidos durante 14 años. Las pruebas están a la vista.
