
En la Cámara alta, avanza el tratamiento de extinción de dominio. Con esta herramienta -utilizada en otros países del mundo- se intentará desactivar organizaciones delictivas como el terrorismo o narcotráfico y así el Estado recuperar esos bienes producto de ilícitos.
La media sanción de diputados no convence, y mientras la oposición propone que se amplíe a casos de delitos como los de cuestiones económicas, financieras, el manejo de la bolsa, información privilegiada, y hacia las empresas offshore para esconder bienes productos de delitos como lavado de activos, evasión fiscal o narcotráfico; el oficialismo la acortaría a delitos complejos como son los de narcotráfico, financiamiento de terrorismo, trata de personas y algunos hechos de corrupción. Se sabe que en estos días intentarán llegar a un consenso.
La iniciativa se encuentra en debate en plenario de las comisiones de Justicia y Asuntos Penales y Seguridad Interior y Narcotráfico. Lo cierto es que el bloque que conduce el neuquino Marcelo Fuentes presentará un proyecto propio para modificar lo que sancionó Diputados, y ampliar la pena no sólo para los corruptos sino también para corruptores. Las propuestas son las que impulsa el rionegrino y jefe del bloque peronista Miguel Pichetto; la del oficialismo encarnada en el presidente provisional del Senado, Federico Pinedo y ahora se sumaría la de Unidad Ciudadana, bloque capitaneado por Fuentes.
Por su parte la santafesina María de los Angles Sacnun pidió que se incorporen «todos los delitos» a la extinción de dominio, como por ejemplo «los de cuestiones económicas, financieras, el manejo de la bolsa, la información privilegiada, las empresas offshore para esconder bienes productos de delitos como lavado de activos, evasión fiscal o narcotráfico».
«Los bienes adquiridos antes de que se llegue a la función pública deben ser apartados de la extinción de dominio», reclamó el rionegrino Pichetto mientras que el porteño Pinedo se pronunció para que «solo sea para el caso de delitos complejos como son los de narcotráfico, financiamiento de terrorismo, trata de personas y algunos hechos de corrupción que generen provecho».



