ATE lleva a Comodoro Py la denuncia por presunto desvío de fondos en el ministerio de Petri

El sindicato acusa a Defensa de ceder ilegalmente un predio para el Quilmes Rock, recaudar más de $80 millones sin rendir cuentas y poner en riesgo la seguridad nacional.
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) anunció que el próximo lunes presentará pruebas clave en Comodoro Py en el marco de la causa 3611/2025. La denuncia apunta a un presunto desvío millonario de fondos públicos y a la cesión ilegal de un predio estratégico de Defensa a un privado durante el festival Quilmes Rock.
Allí, más de 500 autos por noche ingresaron al predio y cada vehículo pagó una tarifa de $40.000 en efectivo o con débito. La ganancia total ascendió a unos $80 millones, pese a que el convenio firmado contemplaba solo $20 millones destinados a financiar proyectos de investigación que nunca se concretaron.
La acusación directa contra Petri
El secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, fue tajante: “Se trata de un nuevo y grave hecho de corrupción. Se robaron más de 80 millones de pesos en 4 días. Están haciendo de cada organismo un kiosco y lo peor es que pusieron en riesgo la seguridad nacional”.
Aguiar también reveló que el operativo se llevó adelante “con órdenes directas de la Presidencia”, lo que, según el sindicato, agrava la situación.
Más allá de la denuncia por fondos desviados, ATE advirtió sobre la vulnerabilidad en la que quedó expuesta la seguridad nacional. El predio de CITEDEF alberga información clasificada y áreas sensibles: laboratorio de ensayos balísticos; depósitos de material inflamable; un polvorín militar; y un helipuerto que sufrió destrozos
Durante las noches del festival, esos espacios fueron ocupados por autos y transeúntes sin ningún control militar, explicaron desde el gremio.
El funcionario a cargo de CITEDEF, coronel retirado Roberto Lloveras, reconoció el convenio con Seeker Parking, pero hasta ahora no pudo justificar el destino de los fondos. Por eso, además de Petri, ATE también lo denunció ante la Oficina Anticorrupción por presuntas irregularidades administrativas y éticas.
FUENTE. GLP