ARA San Juan: la querella pidió la pena máxima para los imputados de la Armada
En un nueva audiencia de alegatos en el juicio por el hundimiento del ARA San Juan, las abogadas Lorena Arias y Valeria Carreras, representantes de la mayoría de las familias de las 44 víctimas, solicitaron las penas máximas de 5 años de cárcel y 10 años de inhabilitación para cargos públicos para los cuatro acusados de la Armada. “Los de arriba sabían que lo de abajo estaba roto, igual firmaron la orden”, sentenciaron las letradas.
En la etapa del juicio oral por el hundimiento del submarino ocurrido el 15 de noviembre de 2017, durante una misión de patrullaje en el Atlántico Sur, el pedido de condenas de 5 años de prisión efectiva y 10 años de inhabilitación para ejercer cargos públicos fue solicitado por el delito de “estrago culposo agravado por la muerte de personas”, el de mayor escala sobre otros cargos atribuidos como abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
El alegato de las abogadas de la mayoría de las familias –la otra querella es representada por Luis Tagliapietra, padre de uno de los 44 tripulantes fallecidos– apuntaron las responsabilidades contra las máximas autoridades de la estructura de conducción de la Armada durante la expedición de aquel noviembre.
“La negligencia en la cima de la pirámide es tan letal como el error en la base. Los de arriba sabían que lo de abajo estaba roto, igual firmaron la orden”, sostuvo Arias para descartar que desenlace mortal haya ocurrido por una falla técnica. “No se crean la excusa de la falla técnica aislada. Si el superior sabe que el material está fallado, y manda la tripulación al mar, no es el mar quien los hunde, es su decisión”, sentenció.
El argumento desarrollada por las abogadas fue que lo ocurrido en 2017 fue parte de un deterioro de la nave extendido en el tiempo. “La degradación del ARA San Juan no fue súbita, fue normalizada. Cuando el riesgo se naturaliza dentro de una estructura jerárquica, el desastre deja de parecer urgente hasta que ocurre”, indicaron en el alegato.
Además, las letradas señalaron que ese deterioro había disparado una serie de advertencias que fueron ignoradas por los superiores. “La defensa intentó fragmentar los hechos, separar cada advertencia de la otra”, apuntaron y agregaron: “Este debate fue extenso porque la degradación del ARA San Juan también lo fue. No se produjo en un día, se produjo en años”.
Otra de las líneas argumentales del alegato de la defensa de la Armada que las abogados buscaron desarmar fue la falta de responsabilidad de los superiores para poder predecir que esa expedición concluiría con el desenlace mortal. “Los imputados no fueron sorprendidos por un riesgo desconocido, convivieron con él”, indicaron y advirtieron que “el derecho penal no exige prever el último minuto. Exige evitar el riesgo objetivamente conocido”.
Las abogadas, por último, mantuvieron el recuerdo de los 44 tripulantes y el cumplimiento de sus funciones al aceptar la expedición: “Subieron a un submarino dentro de una estructura militar vertical, donde negarse no es una opción real”. “No porque fueran suicidas, porque confiaban en que quienes tenían el deber de supervisar, controlar y proteger iban a cumplir con su función”, lamentaron.
“Tenían nombre, tenían familia y tenían proyectos. Quedaron 44 familias atravesadas por la forma más cruel de duelo, un duelo sin cuerpo, sin certezas, sin responsables y a casi 9 años sin una sola disculpa”, sentenciaron.
A pesar de la argumentación sobre el mal funcionamiento de la organización piramidal de la Armada Argentina, las abogadas señalaron que los pedidos de condena no son en abstracto a la institución sino a los “funcionarios que incumplieron los reglamentos que la propia Armada Argentina impuso”.
“Cuando la defensa invoca la institución, este tribunal deberá recordar que fue la institución la que emitió esos reglamentos y los cuatro imputados los incumplieron”, resaltaron.
Tras el alegato de las querellas, restan las exposiciones de las defensas de los acusados, antes de que el Tribunal Oral Federal de Santa Cruz fije fecha para el veredicto.
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