Colombia: una mancha de sangre sobre la Marca País.

Por  Margarita   Pécora  –

A muchas personas les  suele  ocurrir  que  cuando  escuchan  el nombre de   Colombia, de  manera  casi  automática   les llega a la   mente el término riesgo o   peligro, ligado  narcotráfico,  delincuencia  y   violencia.  Esta imagen se superpone,   lamentablemente,  a  los   atributos  del pequeño  pero hermoso  país   de playas y paisajes  encantadores,   cuna del  célebre escritor  Gabriel García Márquez, por solo citar uno entre tantos , y  del  sabroso café  Juan Valdez que  impregna un gusto inolvidable  en el paladar.

¿Es acaso  un estigma  lo que pesa sobre Colombia, o una cruda realidad?  La respuesta de esa imagen claroscura   tiene su explicación  no solo  en la historia de  su larga  guerra contra  los carteles de la droga, cuya figura emblemática  ha sido Pablo Escobar, y de  diálogos  y  negociaciones  interrumpidos para  lograr un proceso de paz que acabe de una vez por toda con el conflicto armado  que tantas vidas ha costado.

A ello  hay que sumar  el fenómeno, nada nuevo de la emigración. En los últimos años,  el éxodo venezolano no ha cesado de inundar las fronteras colombianas y cada semana hay hombres y mujeres que encuentran la muerte en el tránsito, muchas veces asesinados. Allí inician una segunda migración, entre el sufrimiento y la impotencia de sus familiares, el vacío legal y los negocios ilícitos de bandas armadas que controlan el territorio. Reportes recientes dan cuenta de  personas asesinadas  en la frontera, por  la sola sospecha de que  están contagiados por el coronavirus.

Violencia  a la carta

A  pesar del proceso  de pacificación entre el Gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), en algunas áreas del país sigue habiendo brotes frecuentes de violencia. Miles de civiles están sujetos al confinamiento o desplazamiento forzados debido a los enfrentamientos por el territorio entre grupos armados y organizaciones criminales, y muchos líderes comunitarios han sido asesinados.

Sería injusto   menoscabar    la reputación de  Colombia,  si no fuera cierto que hoy  es, junto a Honduras, el país  con el mayor  número  de   activistas  sociales asesinados, por  algo tan  noble y admirable como es  defender  el cuidado y respeto del medioambiente.

En Colombia, Hernán Bedoya fue baleado 14 veces por un grupo paramilitar. Fue asesinado después de manifestarse contra la palma aceitera y las plantaciones de banano en tierras robadas a su comunidad. Este es apenas un ejemplo, de los muchos para mostrar y que hablan, de que el  año pasado, 212 personas fueron asesinadas mientras defendían sus hogares, su tierra y el medio ambiente de proyectos destructivos que exacerban la crisis climática.

Desde hace veinticinco años Global Witness lleva a cabo campañas pioneras contra los conflictos y la corrupción relacionados con los recursos naturales, así como contra las violaciones de los derechos ambientales y los derechos humanos asociados a estos. Y es   Global Witness la que   sostiene, por un lado,  que Honduras es  el país más peligroso del mundo en el activismo mundial, pero al mismo tiempo que Colombia tiene un  alto  número de víctimas  y donde precisamente  «la agroindustria y el petróleo, el gas y la minería aparecen como los principales detonantes de los ataques contra personas defensoras de la tierra y el medio ambiente.  Y dice más, que una de cada 10 personas defensoras asesinadas en 2019,    eran mujeres.

Hay pruebas de que el gobierno colombiano   conoce esta realidad  y  busca  resolverla.  La  canciller  colombiana    Claudia Blum ,en un encuentro virtual muy reciente con  la Unión Europea,   deploró que se   condene y persiga cualquier amenaza, violencia, intimidación o ataque que afecte a  los defensores  medioambientales incluso reconoció  que  “Está ampliamente documentado que las agresiones contra defensores tienen una correlación directa con los enfrentamientos entre grupos armados ilegales por el control de distintas economías criminales (como la minería ilegal y el narcotráfico). Especialmente en algunas regiones del país donde las FARC hacían presencia.

Pero  no solo existe este flagelo en Colombia, también está el  reclutamiento  armado de niños y niñas. Me tomé el interés de  revisar el Informe Nacional  titulado  “Un guerra  sin edad”, del Centro Nacional de Memoria Histórica que recoge en   685 páginas,  testimonios de   los pavorosos abusos a los que han  sido sometidos, chicos que hoy  sufren  las consecuencias, marcas y huellas físicas, emocionales y simbólicas de los hechos experimentados durante el reclutamiento en el conflicto armado colombiano.

Es lamentable francamente que  estas cosas ocurran  en un  mundo  civilizado,  en nuestra propia región,  y  en un país  tan hermoso  como  Colombia,  que  desgraciadamente no puede  exhibir   con orgullo y  total transparencia su Marca País para el  turismo,   porque  la violación de los derechos del hombre,  lo empaña,

Solo nos   queda  hacer votos porque el Estado colombiano  resuelva definitivamente  esa mancha de crímenes, y que lo logre,  consolidando  políticas  de  prevención   y protección  a líderes y defensores, donde seguramente las  autoridades judiciales tienen un papel  clave  para evitar la impunidad y desmantelar las organizaciones criminales que siguen generando violencia y amenazas en comunidades vulnerables.