Juntos por el Cambio ratificó el acuerdo alcanzado en diputados para sesionar con modalidad mixta

El interbloque Juntos por el Cambio ratificó, tras un encuentro presencial de la mayoría de sus miembros en el Congreso, su voluntad de sesionar la semana que viene con modalidad mixta, combinando la asistencia remota con la concurrencia de los jefes de bloque al recinto, tal como se acordó el lunes por la noche con el oficialismo y el resto de las fuerzas parlamentarias.
Como se presumía, tras varias horas de reunión, el interbloque comandado por el cordobés radical Mario Negri cerró filas tras el acuerdo entablado con la bancada mayoritaria del Frente de Todos, y por el que cada uno tuvo que ceder parcialmente sus pretensiones originales.
La propuesta que finalmente vio luz fue la de elaborar un protocolo especial para sesiones mixtas y dictaminarlo en comisiones, y luego aprobarlo con el voto remoto de las tres cuartas partes de los diputados.
La fuerza opositora también exigió que el flamante sistema que se intenta poner en pie no sea a perpetuidad, sino sólo mientras dure la pandemia para después retornar al régimen tradicional y natural de sesiones presenciales.
En tal sentido, logró el acuerdo del oficialismo para que tenga una vigencia de un mes prorrogable con dos tercios de los votos en Labor Parlamentaria, de modo tal que el voto de JxC sea determinante en la extensión o no de las sesiones virtuales mixtas.
«El principal temor de algunos diputados era que la sesión mixta quedara para siempre, más allá de la pandemia. Pero se explicó que para continuar mes a mes con las sesiones mixtas Labor Parlamentaria deberá aprobarlo con dos tercios y Cambiemos expresa casi la mitad de la Cámara», señalaron fuentes de JxC.
Hasta el fin de semana, el sector de Negri exigía que la primera sesión del período ordinario debía ser presencial, en el recinto o en otro espacio físico externo, y en todo caso promover allí una reforma del actual reglamento (que impide las votaciones virtuales), con el previo dictamen de la comisión de Peticiones, Poderes y Reglamentos.
Esa mirada no era compartida por el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, ni por la bancada que dirige Máximo Kirchner, que consideraban que no era necesario pasar por comisiones ni tampoco impulsar una modificación del actual reglamento para sesionar por videoconferencia.
La postura más rígida de Juntos por el Cambio sufrió algunos resquebrajamientos internos, que se pusieron en evidencia cuando los diputados que responden a Sebastián García de Luca – con terminal en Emilio Monzó- y el radicalismo porteño de Emiliano Yacobitti firmaron un pedido de sesión especial junto al lavagnista interbloque Federal, que preside Eduardo «Bali» Bucca.
En los fundamentos, había en esa solicitud un aval explícito a la modalidad virtual de funcionamiento de las sesiones.
En ese contexto, el sector de Negri convocó a sus legisladores a lanzarse a las rutas en sus vehículos particulares y vinieran a Buenos Aires para una demostración de fuerza, y eventualmente para sesionar en minoría de forma presencial.
A esta iniciativa la llamaron «Travesía por la Democracia», y la presentaron -con imágenes y expresiones difundidas en las redes sociales- como una suerte de epopeya en defensa de las instituciones que el oficialismo supuestamente pretendía atropellar.
Finalmente, este relato se desmontó: Juntos por el Cambio mostró flexibilidad en su postura, y acercó al oficialismo una propuesta de consenso, con la que en un mismo movimiento logró no sólo el acuerdo interpartidario sino también cerrar su propio frente interno.
Ahora queda por definir el temario de la sesión extraordinaria, algo que ocurriría el jueves que viene en una reunión de Labor Parlamentaria, luego de repasar las iniciativas de cada uno de los bloques.
El interrogante es si el proyecto que grava las altas fortunas, que todavía no fue presentado en el Congreso por el Frente de Todos, será de la partida en dicha sesión: el Gobierno lo apoya y necesita inexorablemente del aval parlamentario, ya que está imposibilitado constitucionalmente de legislar por decreto en materia impositiva.



