Las novedades sobre la causa que impulsa la abogada Rípoli ex directora de Jurídicos de Vialidad Nacional y que involucran a Macri y a sus amigos, en particular a Iguacel, motivan el diálogo con Comunas, donde la jurista nos actualiza acerca de esta causa y afirma que no tiene por qué caerse, ya que hay pruebas y declaraciones contundentes.
Al pedirle aclaración sobre la causa en la que declaró Carlos Balbín, la abogada explicó que fue en la causa de la denuncia de los accesos a la ciudad de Buenos Aires, de la gestión de Macri. “No es la causa de Vialidad por sobreprecios en la Obra Pública que es en la que está declarando Cristina la semana pasada -precisó-, son dos cosas distintas.
“La causa donde declaró Balbín, -especificó-, es la que tiene que ver con la renegociación de los accesos a la CABA. Él fue Procurador del Tesoro de la nación, nombrado por la gestión de Macri en 2016 y estuvo un par de meses y después fue removido por la propia gestión cuando empezó a poner objeciones en materia de Correo Argentino y se hizo una investigación interna dentro de la Procuración, se opuso al aumento de las tarifas dolarizadas, y también a la renegociación de los accesos a la Ciudad de Buenos Aires.
La participación de la Procuración del Tesoro en ese momento fue clave y muy eficiente -remarcó Rípoli- como en todos los casos de defensa técnica del estado argentino cuando hay una causa que tramita el Tribunal Arbitral del Banco Mundial, del Ciadi, el estado puso su defensa técnica que era el famoso planteo de bifurcación, donde la Procuración del Tesoro de la nación, por conducto de Balbín decía que Abertis no estaba en condiciones de presentar ese reclamo ante el tribunal, porque en los 25 años de contrato de concesión había efectuado jamás una demanda ante los tribunales locales argentinos, que era un requisito para la competencia.
O sea, toda esa hipótesis que maneja el Juzgado respecto de la simulación de esa demanda ante Ciadi para después decirle a los argentinos que “estaban haciendo un negocio fenomenal” como salió diciendo Dietrich en su momento”, bueno hay una demanda ante Ciadi por mil millones de dólares, y nosotros vamos a arreglar por 500 millones de dólares igual que el negocio que estamos haciendo, eso precisamente es lo que se cae con las declaraciones de todos los que fuimos testigos.
Yo fui la primera que declaró, -informó la abogada-, después lo hizo el director ejecutivo del órgano de control de Construcciones viales, y posteriormente declaró el ex procurador de Tesoro de la nación actual juez de la Cámara de contencioso administrativo.
¿Esta causa se cae, sigue?
No se tiene por qué caerse, porque las pruebas son contundentes, también las declaraciones, las pruebas aportadas de actuaciones administrativas.
¿Cuál fue el delito de Cristina Fernández?
Lo de Cristina no tiene nada que ver en esta causa. Para mí Cristina aparece involucrada en esto por una cuestión electoralista o de marketing político, y no porque haya tenido que ver. En el poder ejecutivo hay una cadena de mando para toma de decisiones, diferentes competencias, en caso de la obra pública de vialidad eran obras que habían sido visitas y contratadas por la provincia de Santa Cruz.
Nada tenía que ver el poder ejecutivo de turno -el presidente de la nación que en ese momento era Cristina-, -reiteró Rípoli-, en todo caso el gobernador o intendente local y vialidad provincial que eran los que llamaban a licitación y contrataban a empresas. Vialidad lo único que hacía es financiar las obras en el marco de los contratos y convenios de diferentes modalidades. En vialidad históricamente se ejecutaban de hecho estas modalidades, sistema modular, transferencia operativa, eran de la década del menemismo donde la nación, así como existe la coparticipación federal donde se distribuyen los recursos públicos, hay provincias que tienen más ingresos, otras no tienen tanto y lo que se hace es una redistribución de esos ingresos conforme a las necesidades y demanda de presupuesto de cada provincia.
Además lo que se hacía en ese momento eran estos convenios donde Nación financiaba obras que ejecutaban en las provincias, cuando deberían haber sido financiadas por ingresos locales. Por ese motivo hay provincias que tienen más ingresos, otras menos. Es una decisión política si se financia o no. Pero todo lo que era llamado a licitación, la contratación, la certificación de obras era de la provincia -aclaró Rípoli- y no tenía nada que ver la nación, solo en el control el avance de las obras.
En la Auditoría interna de Vialidad que ordenó Iguacel y que nombro a los auditores en Vialidad, si uno va a esos informes de auditoría interna en la gestión macrista, dice que el avance de obra era correcto y que las certificaciones eran adecuadas.
Finalmente la abogada fue consultada sobre Macri y las 92 causas que tiene. ¿Hay alguna que tenga que ver con la Obra pública que afecte a Macri?
En Vialidad, de la gestión de Macri hay 3 casas (dos de concesiones viales y otra de sobreprecios en la obra pública en la ruta 8), pero no conozco las otras denuncias. La justicia federal penal debería investigar las denuncias -redondeó finalmente Rípoli-.
