Rechazan la estatización por decreto de 3 mil km de autopistas

El presidente Mauricio Macri, decidió que el Estado tome el control de las rutas de los corredores 3, 4, 6, 8 y parte del 2, que pasan a manos de la empresa Corredores Viales SA, que maneja el Ministerio de Transporte y Vialidad Nacional. El decreto es rechazado por usuarios y organizaciones civiles.

«Otórgase la concesión de obra pública por peaje para la construcción, mejora, reparación, promoción, ampliación, remodelación, mantenimiento, administración, explotación, y prestación de servicios al usuario, en el marco del régimen establecido en la Ley N° 17.520, sus modificatorias y reglamentarias, de los Corredores Viales Nacionales (3, 4, 6, 8 y parte del 2), a la empresa Corredores Viales SA«, se informa en el Boletín Oficial.
Según se determina en el texto oficial, el plazo de concesión será fijado «en cinco años, contados a partir de la fecha de toma de posesión, con posibilidad de prorrogarse por períodos sucesivos».

Además, la empresa Corredores Viales mantendrá todos los puestos de trabajo de las concesionarios, cuyos contratos originales estaban vencidos desde hace dos años.
La empresa Corredores Viales SA, que administra en un 51% el Ministerio de Transporte y un 49% a Vialidad Nacional, tendrá por ingresos «las tarifas que se aplicarán a los usuarios (peaje), los ingresos que obtenga de la explotación de las áreas de servicios y de explotaciones complementarias, y las subvenciones, subsidios y/o transferencias de aportes del Estado».

Además, el Estado se impone, según se detalla en el Boletín Oficial, a contener un plan de «obras a ejecutar y los parámetros técnicos exigidos para la construcción, mejora, reparación, promoción, ampliación, remodelación, mantenimiento, administración, explotación, y la prestación de servicios al usuario».

Los cinco corredores viales que manejará el Estado equivalen a más de tres mil kilómetros de rutas, que corresponden a los tramos de las rutas nacionales 9 y 34, la 188 , la 19, la 12, la 16, la 8 y la 36.
Las empresas que ya no tienen las mencionadas concesiones, según se detalla en el Boletín Oficial, son Corredor de Integración Pampeana S.A. (Esuco, Decavial), Autovía Buenos Aires, los Andes S.A. (Rovella, Cartellone), Carreteras Centrales de Argentina S. A. (Losi, Pietroboni), Caminos del Paraná S. A.
(Helport, JCR) y Corredor Central S.A. (Supercemento, Luciano, Petersen).

Rechazo al decreto desde asociaciones civiles

Desde la Comisión Nacional de Defensa del Usuario Vial (CONADUV) manifestaron el más enérgico rechazo al Decreto N° 659/19, a través del cual se determina que la innecesaria y burocrática Empresa Corredores Viales S. A., paralela a la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), tome a su cargo más de 3.000 km de corredores viales concesionados que quedaron fuera de los escandalosos y fracasados Proyectos Públicos Privados (PPP)».

Esta insensata, autoritaria y antidemocrática decisión del Gobierno Nacional, es una clara entrega a la voracidad de la denominada “Patria Contratista”, el nefasto “Club de Peaje” y los amigos del poder, para que sigan obteniendo fenomenales ganancias, y generando serios perjuicios sociales y económicos a los usuarios viales y a toda la sociedad en su conjunto, y sin tener en cuenta para nada la defensa del interés general.

Los caminos son de dominio público, pagados con creces con nuestros impuestos, y no propiedad de un Gobernante o Funcionario Público, motivo por el cual antes de tomar este tipo de resolución en un tema tan importante como es lo relacionado con la infraestructura vial, debería convocarse a las entidades de usuarios viales directos e indirectos y pudiendo participar así en forma conjunta en la toma de decisiones que deben darse en defensa del interés general.

El CONADUV sostiene y lo ha hecho público en reiteradas ocasiones, que el sistema de peaje directo con cabinas de cobro en ruta impuesto en corredores viales nacionales y provinciales, es claramente inconstitucional por la falta de vías alternativas libres de pago y la doble imposición”.

“El CONADUV reitera que de una vez por todas, debe implementarse un Proyecto Vial, libre de peaje, que contemple toda la red caminera del País, a través de la reasignación efectiva de los fondos que se recaudan del Impuesto a los Combustibles, y Rejerarquizando la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) para que sea el Organismo Rector de toda la política vial.”