LUCAS MARISI: La férrea lucha de Stop flybondi vs. el aeropuerto trucho del Palomar

El sostenido reclamo que lleva adelante el abogado Lucas Marisi del colectivo Stop Flybondi promotor de la denuncia judicial con pedido de clausura del aeropuerto trucho del Palomar, lo lleva nuevamente a actualizarnos sobre el curso de esta causa donde se evidencia que la codicia del gobierno y el afán de beneficiar a empresas amigas, ponen en serio peligro la salud de los vecinos de esa localidad de Hurlingham.

Marisi recordó que es vecino del lugar, donde estuvo enclavada la primera brigada aérea militar del Palomar “que se está usando como aeropuerto comercial, -remarcó- sin tener infraestructura, ni estar habilitado jurídicamente de acuerdo a lo describe el código aeronáutico, y con motivo de un negociado que se orquestó desde el gobierno del presidente Macri con Dietrich a la cabeza y otros funcionarios más, para beneficiar en un inicio a flybondi, y luego a la aerolínea de fondos norteamericanos Jet Smart, para comenzar a lucrar con el patrimonio público operando desde una base aérea militar que están utilizando como aeropuerto comercial sin cumplir con la legislación ambiental, entre otras cosas”.

El abogado también añadió:

“En ese marco, nosotros como vecinos damnificados que vivíamos en un barrio tranquilo de la provincia de Buenos Aires, (Hurlingham, Palomar, Morón, Haedo), de la noche a la mañana empezamos a tener despegues y aterrizajes a cualquier hora con aviones de gran porte en un lugar donde antes no había actividad ni siquiera movimiento de naves militares. O sea no había impacto ambiental ni acústico, tampoco peligro de un despegue y aterrizaje a cada rato”.

“En septiembre de 2017 -recordó- iniciamos una demanda de amparo ambiental ante el Juzgado Federal de San Martín a cargo de la jueza Forns denunciando, entre otras cosas, que no se había cumplido con el procedimiento de evaluación de impacto ambiental y que no existía una declaración de ese impacto que debía ser emitida de forma previa al inicio de las obras y de los vuelos, que es lo que existe en la ley general de Ambiente”.

Consultado sobre el aspecto del beneficio comercial que representa para el gobierno, Marisi señaló:

“Todas estas violaciones se dan porque la decisión que se toma tenía como objetivo un negociado consistente en beneficiar a estas empresas para que no paguen las tasas aeroportuarias que paga el resto de las aerolíneas que operan en los verdaderos aeropuertos como Ezeiza y Aeroparque. El gobierno para promover la competencia desleal entre las empresas del mercado comercial argentino, no tuvo mejor idea de decirles que operen por afuera del sistema desde en un aeropuerto trucho donde se ahorran más del 70 % de lo que paga por ejemplo Aerolíneas Argentinas, Austral, etc.”.

Todo ese beneficio comercial, tiene como contracara un costo social de afectación a la calidad de vida y salud de la población que lo pagamos todos los vecinos de las localidades ya mencionadas.

“Esta demanda empezó su trámite -agregó Marisi- lamentablemente la jueza autorizó el inicio de los vuelos comerciales en febrero de 2018 a pesar de que no se había cumplido ni al día de hoy, apelamos y en agosto del 2018 llegamos a la Corte Suprema. La buena noticia se dio concretamente el 16 de abril del 2019, ante una decisión de la Corte suprema de Justicia de la nación que decidió tomar en el caso nuestro, abrir el trámite del recurso de quejas y decidieron tomar nuestro caso y en la primera intervención le exigió al gobierno presentar la declaración de impacto ambiental. Fue como balde de agua fría para el gobierno porque venía repitiendo que la declaración de impacto ambiental no existía porque la jueza le había dicho que no era necesaria. Y la corte ya desde el inicio comienza a darnos la razón”.

En otra parte de su diálogo con Comunas el abogado se refiere a otras irregularidades del complejo problema sobre Flybondi, que finalmente cerrará su base en Córdoba.

“Concretamente está perdiendo alrededor de 3-5 millones de dólares de déficit por mes. Todo indica que a fin de este año la empresa ya estaría en colapso total y mientras tanto en esto ha servido mucho la lucha que hemos dado en todos los frentes denunciando”.

“Seguimos esperando la orden de la Corte Suprema de Justicia para que ordene la clausura total del aeropuerto trucho del Palomar, y por otro lado esperando que la jueza Martina Forns resuelva una denuncia que presentamos pidiendo el cese de los vuelos nocturnos”-precisó finalmente.