No hay nada más insípido que un expediente judicial, salvo escasas excepciones tanto las sentencias como los escritos de las partes carecen de humor, contexto social, histórico, económico y político, generalmente no se hace mención a otras circunstancias que no sean los hechos y el derecho que se ventila en la causa. Los más apáticos son los jueces, en sus fallos se colocan siempre un escalón más arriba del resto, como si sus resoluciones fueran definitivamente lo que “debe ser”, muy por encima del “ser” que reclaman las partes.
Determinar por ejemplo quién cometió un daño indemnizable, si corresponde paralizar una obra pública, si hubo alevosía en un homicidio o si un funcionario debe ser destituido, importan actos de firme convicción, sin olvidar que todas las convicciones tienen un origen político. Aunque no se diga los jueces acuñan actos políticos de determinación a los que deben someterse los hombres o las instituciones, ocultando un poder que en muchos casos puede superar a los otros dos, consideremos por ejemplo la declaración de inconstitucionalidad de una ley, donde una norma aprobada por el Parlamento y promulgada por el Ejecutivo, en un instante y en dos o tres carillas todo ese esfuerzo que a veces dura años de un plumazo puede desaparecer.
De momento, sólo de momento, la fuerzas armadas hay resuelto abstenerse de dar golpes de estado en América Latina, esto es así porque el país rector no quiere verse inmiscuido en problemas de legitimidad, por eso utiliza la propaganda comprada de los medios periodísticos como ariete, algunos políticos autóctonos que se desempeñan como traficantes de información y el Poder Judicial, adiestrando a los más encumbrados jueces federales en Washington, como en su momento lo hicieron con los militares en la Escuela de las Américas.
Otra diferencia con los otros dos poderes es que la Corte tiene mandatos vitalicios, salvo la edad de jubilación hoy establecida en 75 años, pueden permanecer en sus cargos todo el tiempo que deseen sin necesidad de reelección o convalidación alguna, si bien pueden ser destituidos por un juicio político, si saben pasar desapercibidos u ocultar bien sus delitos, es muy difícil que sean removidos. Esto les da a sus integrantes una supremacía, de allí su nombre, por sobre el resto de los mortales, así es que los gobiernos pueden pasar mientras que la Corte suele permanecer, baste decir de Carlos FAYT dejó su cargo a los 97 años después de ser ministro de la Corte por 32 años.
Hoy en la Argentina tenemos un tribunal supremo con sólo cinco miembros, con una mayoría automática (3 a 2 ó 4 a 1) que tibiamente ha empezado a fallar en contra del gobierno, lo que se torna peligroso porque estamos a un paso de entronizar a este poder, que si bien puede ponerle límites a un gobierno despótico y antirrepublicano como el que padecemos, en su camino puede suspenderlo o destituirlo y con ello gobernar en una transición, que seguramente postergará las elecciones y así empezar a transitar un camino incierto.
El Poder Judicial por naturaleza es conservador y patriarcal, no es democrático ni en sus nombramientos ni en sus ascensos, aunque lo oculte es familiar y hereditario, no tiene orígenes populares y dista mucho de ser progresista, salvo pequeñas y destacadas excepciones es así mal que se pretenda decir lo contrario, mas por esta sola circunstancia no podemos decir que sea corrupto, en todos los fueros y jurisdicciones existen jueces imparciales, además los tribunales orales pusieron un límite a ciertos desmanes, en lo que no hay duda es en el fuero federal, fundamentalmente en el de la Capital Federal, con jueces y cámaras que deciden procesamientos a pedido del político de turno, o en su caso obvia delitos aberrantes absolviendo a los culpables. Cuando hay presos políticos, causas inventadas y contemplaciones especiales para un pequeño círculo de poder, aunque haya honrosas excepciones, hay que decapitar de cuajo a todos estos magistrados de primera, segunda o tercera instancia.
Esto pasa hoy como nunca en la Argentina, donde el fiscal federal STORNELLI, que responde directamente del juez federal BONADÍO, están sospechados por escuchas con un traficante de influencias llamado D’ALESSIO. El primero fue llamado más de tres veces a indagatoria por un juez federal de DOLORES (Pcia. de Bs. Aires) persistiendo a la fecha en rebeldía. Este escándalo nunca visto en nuestra historia judicial y no hacemos distingos entre períodos constitucionales o de facto, merecería de por sí la intervención de la Corte a todo ese fuero porteño, sin importar los resultados del sumario dispuesto por el Procurador General.
Sin embargo lo que debe ser a veces no es lo conveniente, porque como dijimos si la Corte asume esta carga, en la vacancia de jueces que habrán de ser removidos, puede haber un encumbramiento supremo no querido. Ya sabemos que los magistrados corruptos responden al poder ejecutivo y en especial a su titular, por lo tanto, derrocado uno y destituidos otros, entraríamos en una acefalía peligrosa. A poco de las elecciones cambiar lo malo conocido puede ser muy arriesgado, máxime si el sustituto tiene las características reaccionarias que enunciamos.
