El escándalo de la venta de tierras de El Palomar

En 1937 se inauguraron las obras del Colegio Militar de la Nación, que integraba el ambicioso plan de obra pública desarrollada por el presidente Agustín P. Justo.

El año anterior, se presentaron ante las autoridades del Ejército las hermanas María Antonia y María Luisa Pereyra Iraola de Herrera Vegas, propietarias de 222 hectáreas aledañas a dicha institución. Realizaron una oferta de 10.000 pesos la hectárea. En noviembre de 1936 la tasación realizada por la Dirección General de Ingenieros arrojó un valor de 2000 pesos, aduciendo que eran terrenos inundables y poco productivos.

En el medio de la negociación apareció un intermediario, llamado Néstor Luis Casás, quien le ofreció a las hermanas venderles los terrenos a 6.500 pesos, quedándose él con la diferencia que pudiera obtener. Cerraron el trato.

Ya en 1937, siguiendo las indicaciones del Ministro de Guerra general Basilio Pertiné, el Ejército ofertó 1.900 pesos la hectárea, pero las propietarias comunicaron que retiraban la oferta. Lo que los militares entonces ignoraban que un apoderado de Casás, llamado Jacinto Baldassarre Torres, había comenzado a entrevistarse con miembros de la comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, que estaban estudiando el presupuesto para el año 1938. Baldassarre Torres ofreció las tierras a 11.000 pesos la hectárea.

El 20 de febrero de 1938 asumió la presidencia Roberto M. Ortiz. Y como Ministro de Guerra fue nombrado el General de Brigada Carlos Márquez.

En el proyecto de ley de Presupuesto para 1938, diputados y senadores aprobaron un artículo que facultaba al presidente a comprar las tierras en cuestión a un precio no superior a 11.000 pesos la hectárea. Algo debió sospechar el presidente Ortiz, ya que recién autorizó la compra los últimos días de diciembre de ese año.

En febrero de 1939 el gobierno ordenó librar el pago y en marzo el general Márquez estableció firmar el boleto de compra venta que contemplaba el valor de la hectárea a 11.000 pesos, aún sabiendo que la Dirección de Ingenieros de Ejército sostenía que el valor no debía superar los 1.900 pesos aunque por gastos de expropiación y otros podría llegar a abonarse hasta 4000 pesos.

En resumidas cuentas, las tierras se compran con títulos públicos. Las propietarias consiguieron 7.500 pesos por hectárea, embolsando 1.447.000 pesos, mientras que el intermediario Néstor Casás se llevó un millón de pesos.

Se destapa la olla

La compra parece haber quedado atrás. El 26 de febrero de 1940 se realizaron las elecciones a gobernador de la provincia de Buenos Aires, a cargo de Manuel Fresco, quien llevaba como candidato al caudillo de Avellaneda, Alberto Barceló. Como los comicios fueron fraudulentos y haciéndose eco de las pruebas presentadas por la oposición radical y socialista, el presidente Ortiz intervino la provincia en marzo y anuló las elecciones. Fresco no se quedó quieto. Contactó al periodista José Luis Torres, un tucumano de ideas nacionalistas, a quien le contó con lujo de detalles la escandalosa venta de las tierras. Torres lo denunció en el Semanario Ahora. Y la olla se destapó.

El senador conservador Benjamín Villafañe realizó la denuncia en la cámara alta y se formó una comisión encabezada por Alfredo Palacios, Gilberto Suárez Lago y Héctor González Iramain. Luego de entrevistar a los implicados y de evaluar las pruebas, la comisión concluyó que el ministro de guerra Márquez, el presidente de la Contaduría General de Gobierno y el Escribano de Gobierno habían violado los deberes de funcionario público.

Uno de los escribanos que había participado de la operación, suministró la lista de algunos de los sobornos pagados, que incluían a:
Juan Káiser, presidente de la Cámara de Diputados entre 1938 y 1939 $126.925,18
Gregorio Godoy. Presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda $140.689,26
Diputado Miguel Aguirrezabala, $25.373,85
Diputados Víctor Guillot y José Bertotto compartieron $12.612,48
Agustín Echevarrieta, secretario de la Comisión de Presupuesto y Hacienda $10.100
General Alonso Baldrich $ 8.871,39
La investigación buscó, sin suerte, a los poseedores de cerca de 500.000 pesos en títulos públicos que nunca aparecieron.

Un suicidio y una renuncia

Uno de los implicados, el radical Víctor Guillot, estaba abatido. Cuando fue interrogado por Alfredo Palacios y Vicente Solano Lima vieron a un hombre derrumbado, que clamaba por su inocencia, y juraba que no se había quedado con un solo peso. Pero los investigadores tenían el dato de que una tal Ana Gómez había cambiado los títulos que él había recibido en el Banco Español.

Guillot vivía en Cangallo 2630. En el primer piso tenía la vivienda familiar. Y en el octavo, su estudio. Ahí, el 23 de agosto de 1940, luego de escribir una carta a sus hijos, se pegó un tiro. Lo descubrió un amigo, aún con vida, aunque murió camino al hospital.

Al día siguiente, por el escándalo de la venta, Roberto Ortiz quiso presentar la renuncia, argumentando que las acusaciones contra su ministro de Guerra –que el ingenio popular había bautizado como «palomarquez«- eran una acusación contra su persona. Hubo intentos de juicio político contra el general Márquez. Pero la Asamblea Legislativa rechazó la dimisión de un presidente que ya estaba seriamente enfermo y apesadumbrado por la muerte de su esposa, ocurrida tres meses atrás. Finalmente, el 4 de julio delegaría el mando, por cuestiones de salud, en Ramón Castillo.

En 1945, los legisladores involucrados fueron condenados a penas de entre 5 y 6 años de prisión. Pero a esa altura ya se habían fugado al Uruguay. Baldassarre Torres y Casás terminaron presos. En 1947 el presidente Juan Perón indultaría a algunos de ellos.

¿Qué pasó con las tierras en cuestión? El Ejército las arrendó para la instalación de un tambo.