CUSTODIOS: EL GOBIERNO ACENTÚA SU CARÁCTER REPRESIVO
Un comunicado de prensa del Sindicato Unidos Trabajadores Custodios Argentinos, que lidera Christian López, señala tajantemente su oposición al decreto presidencial que intenta involucrar nuevamente a las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad interior y alerta sobre las consecuencias de esta decisión.
A la criminalización de la protesta social, a la persecución sindical, al intento de disciplinamiento hacia el Movimiento Obrero con multas anticonstitucionales a aquellos gremios, como Camioneros, que se oponen a esta política de saqueo a los trabajadores, se suma ahora un decreto ilegal que pretende volver a inmiscuir a las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad interior, que con el pretexto de la lucha contra el narcotráfico, el terrorismo y el crimen organizado, buscan sumar fuerzas represivas para controlar la conflictividad social.
Esto, para variar, entra en el paradigma importado o impuesto por EEUU. Son las nuevas amenazas y el enemigo interno. Se plantea el uso de la inteligencia militar para acallar la protesta social y gremial. No por casualidad, los ejemplos enumerados por Macri como objetivos a custodiar son Vaca Muerta y Atucha, dos importantes centros de conflicto gremial. Es necesario separar lo que es Defensa de Seguridad y esto tiene rango constitucional desde 1983 hasta la fecha. Por otro lado, implicar a las Fuerzas Armadas en seguridad interior siempre trae consecuencias catastróficas. Más allá de nuestro ejemplo, con la larga historia de dictaduras militares que culminaron trágicamente con la última experiencia iniciada en 1976, los recientes ensayos latinoamericanos tuvieron consecuencias nefastas: Colombia, Brasil y México. En el último caso produjo sólo entre el 2016 y 2017, 234.000 muertes. En Colombia más de 50 años de guerra con cientos de miles de muertos y desplazados. En Brasil con asesinatos a líderes políticos y sociales. En todos los casos el narcotráfico no sólo no disminuyó, sino que se incrementó exponencialmente.
Ante el creciente malestar social que provoca un modelo económico de ricos para ricos, que solo beneficia al complejo agroexportador, las mineras y la bicicleta financiera, sumiendo en la pobreza a amplios sectores de la población, parecería ser que la única respuesta que tiene el Gobierno nacional es la ampliación del aparato represivo.
Mientras se recortan las jubilaciones, se les saca las pensiones a los discapacitados, se cierran escuelas y unidades sanitarias, se desmantelan hospitales, se aplastan los salarios, se suben brutalmente las tarifas tornándose impagables, se cierran fábricas, se dispara la desocupación; sólo se invierte de manera desproporcionada en armamento para combatir la protesta social.
Hoy las Fuerzas de Seguridad están siendo entrenadas por potencias extranjeras, como Israel, se ceden permisos para la instalación de bases militares norteamericanas, se compran embarcaciones a Francia, como únicos permisos otorgados por el FMI. Dentro de este contexto se inscribe el decreto aludido. Esto no puede pasar. Los legisladores deberán oponerse en el Congreso y los trabajadores resistiremos en las calles.
