Luego de las críticas de todo el arco político por el acuerdo, se conocieron varios de los términos a las que Argentina debe acceder. Es decir de qué dependen los próximos desembolsos del organismo y cuánto dinero ingresará. La Constitución Nacional asegura que un empréstito con organismos internacionales debe pasar por el Congreso, condición que el Ejecutivo no respeta.
Marcos Peña, Jefe de Gabinete, rechazó que el acuerdo fuera a pasar por el Congreso cuando fue consultado en su última sesión informativa. En la misma línea se expresó el diputado oficialista Mario Negri a principios de mayo: «En mi opinión, no requiere ninguna aprobación del Congreso por el artículo 60 de la propia Ley de Administración Financiera, que prevé que los organismos multilaterales de los que la Argentina es socio no requieren consentimiento previo del Congreso».
En cuanto a los términos, una de las premisas es que la deuda pública caiga en proporción al PBI hasta alcanzar el 55,8% del mismo hacia fines del año 2021.Pero lo que llama la atención es la cifra de 55,8%, dado que toda la información que el Gobierno había brindado anteriormente señalaba una cifra actual de deuda pública muy por debajo de ese guarismo, lo que indica, en buen romance, que hay más deuda pública de la que en forma se creía.
En segundo lugar, como consecuencia de la promesa de reducir el déficit fiscal al 1,3% del PBI en 2019, Argentina se compromete a seguir reduciendo los subsidios a la energía y al transporte.
Los consumidores deberán cubrir el 90% del costo de los mismos en 2020. Lo cierto es que el costo de la energía y el transporte están por debajo del precio internacional, que sólo es aplicable como costo a la parte importada de la energía, que es una porción minoritaria.
El acuerdo con el FMI no solo se propone que el Estado cancele deudas con el Banco Central por valor de u$s25.000 millones durante el transcurso del programa Stand By, sino que, a su vez, con esos fondos provenientes del Tesoro el BCRA debe disminuir el stock de LEBAC -lo que implica que la cantidad de pesos en el sistema financiero permanece inalterada en un primer momento- y el mecanismo a través del cual se hace esto debe promover la intermediación del sector financiero.
Se está prometiendo una buena dosis de expansión monetaria secundaria, dado que los bancos con los nuevos depósitos generados a través de la liberación de las LEBAC generan nuevos créditos que siempre son para comprar activos reales o financieros y por lo tanto vuelven a los bancos. Más allá de que Argentina se compromete a que no haya expansión monetaria primaria para financiar desde el BCRA al Tesoro, sí se contempla un apreciable grado de creación secundaria de dinero en forma implícita, dado que el stock de las LEBAC supera el billón de pesos.
Por último, el acuerdo con el FMI insiste en la consecución de metas de inflación, a pesar de la pésima experiencia que Argentina ha tenido con este tipo de políticas.
Desde el Bloque FPV-PJ del Congreso Nacional aseguraron: “Acompañados por legisladores de otros bloques, intentamos sesionar para reclamarle al gobierno nacional que envíe al Congreso Nacional el acuerdo que pretende firmar con el Fondo Monetario Internacional. No conseguimos quórum, pero dejamos testimonio de que la vuelta al FMI es la peor salida a la crisis en la que el gobierno nos sumió a todos los argentinos”.
Sostienen desde la banca que la Constitución Nacional le da atribuciones al Congreso para pronunciarse sobre los empréstitos que pueda tomar nuestro país. Y este no es un préstamo cualquiera, ya que el FMI impone condicionamientos que no conocemos en su totalidad. Si este acuerdo es tan beneficioso para los argentinos, como dice el presidente Macri, ¿por qué no debatirlo en el Congreso de la Nación, con los representantes del pueblo, de cara a la sociedad, como lo hizo Néstor Kirchner en 2005 cuando canceló la deuda con el FMI?
Agregaron: “Creemos que lo mejor que le puede pasar al país es que este acuerdo no se firme. Creemos que sus consecuencias serán nuevos despidos, cierres de empresas, baja de salarios y jubilaciones. Creemos que está en riesgo el Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la Anses, y con ello el pago de jubilaciones actuales y futuras. Y lamentablemente, si este acuerdo se aprueba, lo peor no pasó. Lo peor está por venir”.
Desde la izquierda, el dirigente y ex legislador porteño Alejandro Bodart: “Ningún sector realmente opositor debe apoyar el ‘gran acuerdo’ que plantea Peña. Lo que quieren acordar es un ajuste brutal, como exige el Fondo, que el gobierno solo no tiene fuerza para imponer. Pero si sigue ajustando va a provocar un estallido social como respuesta”
Bodart agregó: “El acuerdo que hace falta es entre los trabajadores y sectores populares para rechazar el pacto Macri-FMI y proponer un plan alternativo, que incluya anular los tarifazos, reestatizar los servicios con control social, dejar de pagar la deuda externa y nacionalizar la banca y el comercio exterior para evitar la fuga de capitales. Y si Macri veta la ley de tarifas, la CGT y las CTA deberían llamar a un paro nacional con movilización para repudiarlo.”
