Off Shore, Marca argentina
Presentan proyecto para evitar funcionarios con empresas en paraísos fiscales
La senadora nacional, Silvina García Larraburu, presentó un proyecto para modificar la Ley de Etica Pública, y el régimen de contratación del Estado, frente a las numerosas causas en las que funcionarios del gobierno nacional se ven imputados por integrar sociedades y empresas en paraísos fiscales.
«Hay situaciones que tienen la elocuencia de la síntesis. Una de ellas fue la incomodidad del Ministro de Hacienda en Madrid, ante el señalamiento público de su inconsistencia de declarar activos en jurisdicciones off shore, y reclamar inversiones para el país», adviritió Larraburu.
«La incomodidad del funcionario, es lo de menos. No lo es la inconsistencia y su relación con una imagen de la Nación, que se declama estar cambiando y mejorando» y consideró «el mundo off shore es el reino de lo opaco, donde se respira un aire de ilicitud y se convive con flujos y negocios de la corrupción internacional y de las formas tenebrosas del delito organizado. La transparencia que es exigible de quienes invisten una función pública, no se satisface con la mera declaración jurada. Reconocer la tenencia de activos en un ámbito oscuro, nada nos dice que permita descartar las presunciones y sombras que esas jurisdicciones proyectan sobre quienes las eligen».
Entre los considerandos de la modificación de la ley 25188 establece que «El Estado Nacional no contratara ni concederá autorizaciones o habilitaciones a sociedades “off shore” o a sociedades que, no siendo «off shore» ni proviniendo de jurisdicciones de ese carácter, estén constituidas, registradas o incorporadas en países, dominios, jurisdicciones, territorios, estados asociados y regímenes tributarios especiales, considerados no cooperadores a los fines de la transparencia fiscal y/o categorizadas como no colaboradoras en la lucha contra el Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo. Igual prohibición alcanza a las sociedades comerciales cuyo capital accionario pertenezca, en cualquier proporción, a esas clases de sociedades».
«Un funcionario transparente no es solo enunciar actos, sino explicarlos en toda su dimensión. Máxime si ellos se cumplieron en un lugar, donde habitualmente se ejercen actividades ilícitas, marginales y sospechosas», insistió Larraburu.
«Y si esto es grave, más lo es cifrar el futuro político de nuestra economía en la captura de inversiones, exhibiendo fenomenales guarismos de fuga de divisas y de activos en el exterior, particularmente de quienes dirigen el país. Es un camino condenado al fracaso». En tal sentido, Larraburu recuerda que «nuestro ordenamiento jurídico es hostil a los actos cumplidos en paraísos fiscales. Resulta incoherente esa hostilidad y funcionarios que radiquen allí partes de su patrimonio. También lo es contratar con personas jurídicas de ese origen, o cuyo capital pertenece a sociedades incorporadas en paraísos fiscales».
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