Enrique Viale: “Es necesario debatir sobre temas ambientales”-M. Mei
Así lo sostiene el Precandidato a Diputado Nacional de Capital Federal por “Sur en Marcha” y Abogado ambientalista, Enrique Viale. Además afirmó que se necesita “una mayor red de subte” y que el proyecto del Ecoparque en el zoológico no se llevó a cabo.
Por Mariana Mei.
Sostuvo que “la gente tiene mucho más interés del que demuestra por las cuestiones ambientales” y “es importante meterlo en debate”. Por otro lado, aseguró que “una de las mayores problemáticas en cuanto a lo ambiental en la Capital es el transporte”.
Viale afirmó que “el Gobierno de la Ciudad cambió Subte por Metrobus” y la catalogó como una “decisión marketinera porque era necesario tener obras que se vean”. Sin embargo dijo que “estamos de acuerdo con los carriles exclusivos, pero hay que tener una mejor red de subtes”.
En lo que hace a la calidad de vida, el precandidato a Diputado aseveró que “tenemos que discutir cómo vivimos y cómo viajamos, cada vez corremos más la línea”. “Naturalizamos vivir en 18 metros cuadrados, viajar como ganado y comer mala comida, eso no puede suceder”.
Impacto ambiental de las represas en Santa Cruz
El Ministerio de Energía y Minería emitió un comunicado respondiendo las acusaciones vertidas en una denuncia sobre la participación del subsecretario de Energía Hidroeléctrica, Jorge Hugo Marcolini, en el estudio de impacto ambiental de las represas de Santa Cruz, De acuerdo con la denuncia presentada por el senador Fernando «Pino» Solanas y el abogado Enrique Viale, Marcolini trabajó y tuvo o tiene acciones en las consultora que realizó la primera evaluación, es director titular de la firma de capital estatal que hizo la segunda y es el encargado en el Estado de la principal área a cargo del tema. Sin embargo, la dependencia que conduce Juan José Aranguren consideró que todo el proceso «cumplió con las normas y procedimientos establecidos en las leyes aplicables».
«No existe transgresión alguna por parte del ingeniero Marcolini de las normas sobre conflictos de intereses establecidas en la Ley 25.188. Las tareas profesionales que realizó como empleado de IATASA, referidas a los aprovechamientos hidroeléctricos del Río Santa Cruz (como proyectista junior aunque en proyectos que diferían completamente de los actuales), fueron realizadas entre los años 1976 y 1978, por lo que el plazo transcurrido es muy superior a los 3 años previstos en las normas sobre incompatibilidades de la Ley 25.188», sostuvo el Ministerio de Energía y Minería. Agregó que «la firma IATASA no tiene actualmente ninguna vinculación con el proyecto» y que «Marcolini dejó de prestar servicios para IATASA antes de su ingreso a la función pública».
El segundo punto que marcaron «Pino» Solanas y Enrique Viale es que Marcolini fue designado el año pasado director titular de EBISA, una empresa de capital estatal (el 99% de sus acciones pertenecen al Ministerio de Energía) que realizó el segundo estudio de impacto ambiental de las represas, ya que el proyecto original y la evaluación realizada por la consultora de Marcolini fue duramente cuestionado por inconsistencias técnicas. Los denunciantes pidieron la nulidad del estudio, que será debatido el jueves que viene en una audiencia pública en el Senado.
Sin embargo para el ministerio que conduce Aranguren no hay irregularidades. «Nada impide al Estado Nacional desarrollar el estudio ambiental a través de una entidad propia especializada y con la colaboración de expertos en la materia. La propia Ley 23.879 exige en su artículo 3° la intervención en el proceso de ‘los funcionarios que participaron en la elaboración de los estudios'», alegó el Ministerio de Energía. «Eso no significa que el Estado ‘apruebe’ su propio estudio, como erróneamente señalaría la denuncia, sino que, como en toda actuación estatal, toma en consideración la información y documentación emitida por las áreas técnicas especializadas, creadas para ese fin, para que luego tome la decisión quien tenga la competencia como autoridad en la materia. Eso no significa que el Estado apruebe su propio estudio. El estudio brinda elementos de juicio para que la autoridad competente adopte la decisión que le compete, en este caso, la factibilidad de la obra», insistió.
El comunicado reconoce que «una vez recibido y analizado el estudio realizado por EBISA, la aprobación de la factibilidad de las obras no fue dictada por EBISA ni por los funcionarios que la integran, sino por las autoridades superiores del Ministro de Energía y Minería y de otros tres órganos estatales». Entre esas «autoridades superiores del Ministerio de Energía» está Marcolini.
