Una deuda histórica con el colectivo trans

Por Romina Lambert

En el año 2015 se sancionó en la provincia de Buenos Aires la Ley 14783, más conocida como Diana Sacayán. Esta norma establece que al menos el 1 por ciento del personal del sector público sea ocupado por personas trans. En el ámbito educativo la Universidad de Mar del Plata fue pionera en la incorporación de este cupo y ahora se intenta luchar para que en la UNLP también se cumpla.

Valentina Pereyra, integrante de la Asociación de Travestis, transgénero y transexuales, comentó que desde hace un año vienen trabajando para que el Ejecutivo bonaerense reglamente la Ley provincial. Por este motivo, “Nosotros entendíamos que desde la Universidad debíamos impulsar ya sea la adhesión a la normativa provincial o bien un proyecto nuevo. Empezamos a trabajar en un proyecto y estamos casi en la instancia final y con ganas de que se efectivice lo más rápido posible”.

Algunos de los puntos principales que contempla el proyecto son: el acceso a un trabajo formal y digno dentro del ámbito universitario de las personas trans y travestis. Se plantea una revisión en el concepto de idoneidad, que es una de las principales trabas históricas por el tema de que se ha impedido la educación primaria y secundaria. Por otro lado, se plantean también diferentes programas de extensión que coordinen con bachilleratos para que este requisito de la educación no sea un obstáculo sino, que sea un acceso a esos derechos.

Por su parte, Valeria Segura, abogada y directora del Centro de Víctimas de Violencia de Género de la Facultad de Derecho comentó: “Vimos la necesidad que dentro del ámbito universitario no queda ajeno a los debates que se están dando tanto a nivel provincial como nacional. Por eso, es que queríamos traer esta discusión a la UNLP y también a los programas de extensión de la Facultad de Derecho”.

En relación a la situación laboral que se vive en la ciudad de La Plata, Pereyra explicó que “Las personas trans no tenemos la posibilidad de elegir de qué trabajar. Históricamente hemos sido excluidas de todos los sistemas educativos, familiares y de trabajo”.

Asimismo, Segura resaltó que “Es una deuda histórica con un colectivo que se le ha restringido el acceso a todos los derechos humanos básicos con un promedio de vida de 35 años. La verdad que la universidad tiene que responder frente a esta demanda y generar las mejores condiciones para el acceso y el cambio de vida de la colectividad trans”.