2 x 1: repercusiones del Fallo de la Corte Suprema
Por Romina Lambert
La gobernadora de la Provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, días después de conocerse el fallo de la Corte Suprema de Justicia que concede el beneficio del 2 x 1 a un represor condenado, salió a criticar la resolución diciendo que «los delitos de lesa humanidad deben ser tratados como delitos de lesa humanidad y no como delitos comunes».
Vidal indicó que se debe respetar «la división de poderes, pero también nuestra propia libertad de decir lo que pensamos. La memoria, para los que gobernamos es como en la vida: defender valores, los valores que hacen que estas situaciones de horror no se repitan». A lo que agregó: “Memoria es mucho más que conmemorar las fechas importantes, que incorporar discursos políticamente correctos”.
Por su parte, el presidente de la Cámara de Diputados bonaerense se manifestó en la misma sintonía que la gobernadora Vidal diciendo que el fallo del Máximo Tribunal que beneficia a los represores “no sólo representa un retroceso en materia de derechos humanos, sino que genera una peligrosa sensación de que todos los delitos son iguales y que deben ser juzgados de una misma forma”.
Luego de analizar el contenido jurídico y el impacto social del fallo del Máximo Tribunal, Mosca manifestó que “es imperioso comprender que el uso de la fuerza, la represión ilegal y la tortura ejercida por el Estado no puede tener el mismo tratamiento que cualquier otro delito”.
“Hay lugares hacia los cuales la sociedad ha avanzado que deben ser comprendidos por quienes tenemos responsabilidades institucionales, como lo ha hecho el Presidente y la gobernadora en su gran compromiso con los derechos humanos, con la desclasificación de archivos de la última dictadura, la digitalización de 2,5 millones de partidas de nacimiento de 1975 a 1981”, explicó.
En la misma línea, el diputado provincial de Cambiemos, Maximiliano Abad, se refirió al fallo de la Corte Suprema: “Es un fuerte retroceso en el camino iniciado por nuestro país en la materia de derechos humanos, desde el histórico juicio a los comandantes, celebrado en 1985 e impulsado por el entonces Presidente Raúl Alfonsín”.
Asimismo, sostuvo que “el espíritu que impulsó a Alfonsín en aquel momento, y también al derogar Decreto Ley de Autoamnistía que había dictado la Dictadura Militar fue, por un lado el de no consolidar la impunidad para los responsables del genocidio; y por el otro, no beneficiar en materia penal a los autores de delitos de lesa humanidad.”
Por último, expresó que “en honor a la historia, y al camino ya recorrido por nuestro país en la materia, no podemos menos que cuestionar la resolución mayoritaria de nuestro Superior Tribunal y ratificar que el criterio que sostenemos es la condena y el cumplimiento íntegro de las sentencias de todos aquellos responsables que sumergieron al país y a sus habitantes en la etapa más oscura de nuestra Nación”.
Lic. Romina Lambert
