Casi a fines de febrero de 2017 la Confederación General del Trabajo de la República Argentina emitió un documento cuya principal premisa es “sin mercado interno no hay desarrollo posible”. Así comienza, desmintiendo varios argumentos oficiales como la tan esperada lluvia de inversiones, una inflación en baja y la inserción en el mundo de nuestro país.
La CGT denuncia que las inversiones sólo fueron financieras y especulativas, lo cual sólo impacta en el mercado de capitales; el freno de la obra pública, lo cual pone un freno a uno de los sectores económicos más importantes, la caída del consumo y la pérdida del poder adquisitivo, agudizando la desigualdad social, apertura económica la cual va en detrimento directo de la industria nacional.
También fija una supuesta posición de claro rechazo ante la política neoliberal de ajuste salvaje que avalan esa inequitativa redistribución de la riqueza.
Establece claramente que no hay costos laborales sino derechos sociales adquiridos para mejorar la calidad de vida de los trabajadores.
“No vamos a cesar en su defensa. No nos confunden con discursos añosos y descartados hoy en todo el mundo”.
Esto sí ha quedado claro y expresado por escrito. Ésta supuesta defensa no quedó reflejada en los discursos del 7 de marzo. La realidad muestra que no está en ellos defender ninguna causa más que sus propios intereses. Con absoluta frialdad, ninguno de los tres miembros lanzó la fecha del paro que el movimiento trabajador estaba exigiendo desde hace tiempo y ahora con más vehemencia.
Es cierto que ya no se confunden con discursos añosos, los avalan deliberadamente sea por acción u omisión. Ya hace tiempo que han cesado en la defensa de los intereses de los trabajadores.
De las tres movilizaciones que tuvieron lugar a comienzo de la semana, las dos primeras fueron producto enteramente de una fuerte presión de las bases.
Uno de los propósitos de la movilización del martes era que se diera a conocer esa fecha tan esperada desde el año pasado.
2016 año en el que la misma CGT prometió el paro si se vetaba la ley antidespidos la medida de fuerza era inminente; se sigue pisoteando los derechos laborales, sin que el trabajador encuentre alguna contención de sus representantes.
Los miembros del triunvirato cambiaron brindar con sus representantes para brindar con el Ejecutivo a fin de año, dando una señal de cierta connivencia con la política económica.
El gobierno, que ve en el salario un costo más, lo único que quiere es bajar los costos y aumentar las ganancias. Coherente con sus ideas, se ajusta por los que menos tienen para que ganen los que tienen más. Para ellos no existe una puja redistributiva. Debe excluirse a la mayor cantidad de gente para que los eternos incluidos se aferren a su lugar.
El costo de los ricos siempre lo pagan los pobres, pero los costos de los pobres lo pagan los pobres. Los CEO’S gobernantes, a través de sus políticas, reproducen la pobreza a niveles enormes para luego pretender extinguirla. Pero no por medio de un desarrollo genuino sino con un gran desprecio y estigmatización.
No van a reconocer la realidad que ellos mismos generan. No es producto directo de la meritocracia sino de una política inclusiva.
Por eso ponen tanta resistencia ante gobiernos inclusivos, que sin salirse del capitalismo, implementan modelos que se acerquen al fifty-fifty, a una redistribución justa de la riqueza.
Lejos de ésta perspectiva se encuentran la razón y la moral de los dirigentes sindicales.
La dirigencia sindical sigue creyendo que aún el gobierno cuenta con voluntad de cambiar el rumbo.
Enorme ingenuidad, por parte del Triunvirato en creer que a los CEO’S del gobierno se les va a hacer cambiar el rumbo económico que tanto lo beneficia.
En buena hora que sea el pueblo quien haga esos reclamos, pero no los dirigentes sindicales que alguna vez supieron hacer populares reclamos que no lo eran. La urgencia apremia y no hay más tiempo que los trabajadores quieran dar.
Es jugar con la paciencia de la gente y subestimar todos sus derechos. El silencio y la omisión también es una respuesta política. Es tomar posición ante los miles de despidos, las cesantías, la recesión económica, el parate industrial y la apertura indiscriminada de las importaciones. Es criminal.
La medida de fuerza es ampliamente esperada, ya desde el año pasado. No queda más gobernabilidad que garantizar.
Tan ingenuo es creer que ante alguna presión el modelo económico va a tomar un rumbo distinto al actual, que ayer quedó expresado claramente ante la noticia del nuevo esquema tarifario de gas como también la intención del Poder Ejecutivo de subir el IVA a 25% y disminuir las cargas patronales.
Medidas con tinte de ajuste escondido. Ajuste que pagaran los mismos de siempre, los que menos tienen para subsidiar a los que cada día tienen más.
No sólo no se cambiará la política económica sino que la profundizar y refuerzan.
Resulta más grave y preocupante la posición adoptada por los dirigentes gremiales que la postura adoptada por el gobierno, cuyo plan siempre fue conocido. No tanto así el del triunvirato, dirigencia que supo realizar paros y manifestaciones por el impuesto a las ganancias y hoy no es capaz de reclamar por el hambre de sus representados.
Desde la finalización del acto del martes hasta hoy, el gobierno no dudó en minimizar el impacto que tuvo la protesta. Sea desde bajarle la cantidad de personas como declarar abiertamente que “los argumentos de la CGT para realizar un paro son falsos”.
Siguen sin querer tomar nota de una realidad que nada ni nadie puede tapar y desoyen los reclamos. Bastardean las necesidades de la gente, juegan con su dignidad y desconocen las urgencias.
Ciegos, sordos pero no mudos, ante una realidad que le duele a muchos y que beneficia a pocos.
Soledad Sganga. Politóloga. UBA
