A poco más de un mes de conmemorarse el segundo centenario de la declaración de nuestra independencia y cuando nos aproximamos a los primeros seis meses de gestión del gobierno de Mauricio Macri, el escenario político está convulsionado en torno al debate sobre la Ley Antidespido sancionada por el Poder Legislativo Nacional e inmediatamente vetada por el Ejecutivo.
Por Oscar Cuartango Ex ministro de Trabajo de la provincia de Buenos Aires. Militante Peronista.
Cabe aclarar, que formalmente ambos poderes actuaron en el marco de sus incumbencias y facultades constitucionales y si nos atenemos a los aspectos formales, es así y punto. No obstante, si entramos en el meollo de la cuestión, el tema presenta sus vericuetos.
La Ley no era la panacea en términos de evitar despidos, sino que significaba un mero paliativo y omitía establecer un tratamiento diferenciado para las Pymes, que sin duda alguna, lo ameritaban.
Tampoco era un cepo a la creación de empleos como afirmó el Ejecutivo y sus voceros. A todo evento, resultaba un cepo temporario (por seis meses) para los despidos del trabajo preexistente a su sanción.
El veto de una ley, es una facultad presidencial, que a nuestro criterio y el de una calificada doctrina, debe ser ejercida excepcionalmente y con suma prudencia. En nuestro país, desde el retorno a la democracia, los presidentes usaron esa facultad en forma frecuente y en exceso, como es el caso del entonces Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y actual Presidente que hizo abundante uso de esa prerrogativa durante su gestión.
Puntualmente, en el caso de la mencionada Ley, la falta de voluntad, no de capacidad de diálogo de la clase política, impidió encontrar una salida consensuada que preservará el trabajo, contemplando y compatibilizando los intereses del conjunto.
Estamos en un momento complejo. Reivindicamos la convocatoria a la Reunión del Consejo del Salario, la puesta en funcionamiento de sus comisiones y la actualización del Salario Mínimo Vital y Móvil por decimotercer año consecutivo. Sin embargo, nos dejó la sensación de aplicar un oportunismo tendiente a crear una cortina de humo que minimizara el impacto y el costo político del veto.
También, nos pareció que esa fue la finalidad perseguida por la patética puesta en escena en la planta de la empresa Cresta Roja, donde se ratificó la decisión presidencial de vetar la ley, en un escenario en el que aún se intenta restablecer la normalidad laboral.
Así enmarcada la cuestión, circunscribir el análisis a, “sí al veto” o “no al veto”, es soslayar la cuestión de fondo. Los fundamentos desarrollados en el decreto y el discurso presidencial en Cresta Roja son una apología al liberalismo económico, donde un Estado presente equivale a falta de libertad.
En este marco, el debate debe pasar por determinar la posición de los actores políticos respecto del trabajo.
La del presidente Macri quedó claramente expuesta, lo considera como una variable más de la ecuación económica y lo deja librado a los avatares del mercado. En la vereda de enfrente, estamos los que consideramos imprescindible un Estado presente que lo proteja y lo estimule por considerarlo un derecho-deber e instrumento de inclusión social, de una más justa distribución de la riqueza y generador de movilidad social ascendente.
