Muchos hablan de la “legitimidad constitucional” que tiene este gobierno por haber ganado las elecciones de fines del año pasado, yo no estoy de acuerdo. No voy a intentar “deslegitimar” su mandato y mucho menos accionar para destituirlos, han asumido, tienen el poder y vayan si lo ejercen, lo que no implica aceptar como cierta la autenticidad democrática que esgrimen y que no tienen, porque ésta no se agota en un acto eleccionario que, a mi entender, estuvo viciado intelectualmente.
En nuestro país y en el mundo se aceptan “hechos políticos” como si fueran legales, porque así se presumen todos los actos de gobierno, aunque muchos no lo son: Las calificadoras de riesgo a nivel mundial, los opiniones de embajadores y cancilleres respecto de otros países, los comentarios de las reuniones de mandatarios, que siempre son secretas y su trascendencia es disímil para los dos países, los contratos comerciales internacionales, todo tiene una clara intencionalidad cuya publicidad incide en el conocimiento e interfiere en el cabal entendimiento de las personas, recordemos por ejemplo la denuncia de armas de destrucción masiva que EE UU hizo contra IRAK y que, luego de haber ejecutado a Sadam HUSEIN, se comprobó que no eran ciertas. Si yo vendo alimentos contaminados concluiré con individuos intoxicados y deberé pagar por ello, lo propio debería ocurrir si yo publicara noticias falsas, o hiciera denuncias sin fundamento, encuestas dirigidas, o sugiriera tendencias editoriales partiendo de hipótesis falsas.
Hay contaminaciones orgánicas, visuales, auditivas e intelectuales, cada una a su manera modifica o altera el normal “funcionamiento” humano: Si es orgánica tendré una hemorragia o una infección, si es visual distraerá mi concentración, si es auditiva me impedirá escuchar y disfrutar claramente de una melodía por ejemplo y si es intelectual afectará mi conocimiento y entendimiento, con lo que no podré tener razonamientos ciertos y equilibrados. Si por una campaña publicitaria efectista dijéramos que el azúcar está específicamente indicado para un tratamiento de diabetes, sin duda esa enfermedad se va a multiplicar, lo mismo ocurriría si en una ruta sinuosa alteramos los carteles de giro. La pregunta del millón es ¿por qué estos casos son penados por ley y los que dañan nuestro intelecto no?
La falsa denuncia penal, la injuria y la calumnia son delitos, ocurre que todo el efecto colateral que de esas actitudes se desprenden, multiplicados hasta el cansancio por los medios de comunicación, generan en la comunidad un concepto o duda que muy rara vez se disipa, doy un ejemplo: Si tengo una antigüedad de 30 años viviendo en el mismo edificio y un día digo que el encargado quiso violar a un familiar mío, aunque no lo denuncie el solo hecho de comentarlo con otros vecinos, que por supuesto luego de tanto tiempo van a dar crédito a mis dichos, generará de pronto una sospecha y retraimiento en el trato con el denunciado, llegando en muchos casos a ser despedido. En nuestra política nacional hubo durante todo el año 2015 varias imputaciones que involucraron a personas cercanas al partido gobernante y actos especulativos que perjudicaron la economía del país, la intención fue clara y lo lograron, adormecieron a la población haciéndole creer, por ejemplo, que una devaluación era necesaria, hecho único en el mundo que merece la declaración de incapacidad de todo ciudadano que haya creído tamaña grosería, recuerdo que una sentencia a un incapaz le hace perder a éste, entre otras cosas, la libre administración de sus bienes por lo que se le designa un curador. Hubo un 10 % que sabía perfectamente lo que hacía, porque con este gobierno efectivamente se iba a beneficia, pero el resto, una masa de no menos del 40 %, no entendió que el levantamiento del denominado “cepo cambiario” era una devaluación, o que el reclamo por el impuesto a las ganancias de los salarios iba a quedar en abstracto frente a tantos despidos y eventuales congelamientos de sueldos.
Todos esos “golpes blandos” que la doctrina política internacional explicita desde hace años, se han aplicado en la Argentina con el resultado que sabemos. No es posible juzgar que la receta de glucosa para un diabético es delictiva y aceptar sin más toda la contaminación intelectual con que bañaron a los votantes adictos a beber aguas contaminadas. Quitaron ex profeso todos los carteles que advertían el peligro de rocas en el mar, o curvas no señalizadas en la ruta, en consecuencia el pueblo inevitablemente se estrelló frente a la realidad.
Tal vez pueda pensarse que no es así porque las víctimas no reaccionan, ocurre que los efectos no se sienten tan rápidamente con la intensidad que otros ven, quien ingresa en aguas contaminadas se embriaga con cierta paz y calidez propia de aguas estancadas, de la misma forma la carne podrida, si le quitamos químicamente su olor nauseabundo, sabe tierna, el efecto dañino viene después. Las criaturas que van corriendo al mar lo hacen con toda la ternura y la alegría propia de quien va a jugar con las olas, cuando se hayan ahogado caeremos en la cuenta que no sabían nadar, pero ya habrá sido demasiado tarde.
Cuando los ingleses invadieron por dos veces nuestro territorio a comienzos del Siglo XIX, aprendieron la lección y desistieron de la ocupación territorial, fue así que dispusieron un coloniaje intelectual, que aún perdura en nuestros días y otro económico, con la complicidad de muchos políticos como RIVADAVIA. Fueron ellos los que inventaron los denominados “golpes blandos”, que no son otra cosa que actitudes de presión para lograr un sometimiento político y económico. Hoy por supuesto se hace con toda la tecnología y fundamentalmente con las nuevas y variadas formas de comunicación. No está legislado en ningún país, pero si lo definimos como un “golpe” estamos hablando de ilegalidad, por lo tanto este gobierno ha usurpado la voluntad en forma espuria, accediendo al poder por una sumatoria de votos que para nada limpia su origen delictivo. Si a eso le sumamos la actitud déspota que tiene en su desempeño político, concluiremos que se impone un juicio político y la denuncia de todos los actos ilegales que ha ejercido en su mandato.
