Diputados: la oposición no consiguió quorum y se cayó la sesión por el DNU 70/23 de Milei

A pesar de que el Senado rechazó el DNU 70/23 en marzo de 2024, la Cámara de Diputados todavía no se pronunció sobre su validez. El temario también incluía la prórroga de la Emergencia en Discapacidad y proyectos para aliviar el endeudamiento de las familias y la morosidad.

De esta manera, antes de dar paso a los discursos de minoría, el recinto rinde homenaje a Norberto Di Próspero, histórico secretario general de la Asociación del Personal Legislativo (APL), quien murió este miércoles a los 61 años. Luego, los bloques contarán con 45 minutos para exponer sus posiciones.La discusión que volvió a tomar impulso luego de un fallo de la Corte Suprema vinculado con la Ley de Tierras Rurales, que quedó derogada por el decreto y establece límites a la compra de tierras por parte de extranjeros. Para contener la ofensiva opositora, el oficialismo consiguió dictamen para un proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada que incorpora la restitución de esa ley, una jugada que abrió otra disputa con los bloques que buscan rechazar el DNU.

La caída de la sesión también generó una reacción de Martín Menem, quien cuestionó a la oposición en X: “Una vez más, quisieron ponerle un freno a la Argentina y se quedaron en el intento. El país ya eligió un rumbo y no va a retroceder para satisfacer a los que nos llevaron al fracaso”.

A su vez, fue leída por legisladores opositores como un intento de sumar apoyos y complicar el quórum.

Desde la oposición, Juan Grabois llamó a acompañar la jornada en el Congreso y sostuvo que buscarán derogar el DNU.

Por su parte, Agustín Rossi afirmó: “El DNU 70/23 es malo para la Argentina. Por eso hay que derogarlo. Y hoy tenemos la oportunidad de hacerlo”. El legislador también vinculó el debate con la emergencia en discapacidad y el alivio para las familias endeudadas.

También desde Maximiliano Ferraro, presidente de la Coalición Cívica, quien cuestionó: “El vale todo, el oportunismo, la improvisación y sus cómplices, con tal de impedir el quórum”, escribió en X. A su vez, el diputado Pablo Juliano ironizó sobre la postura del Gobierno: “Ajustadores en lo económico, contorsionistas en lo político”.

Una marcha que vuelve a las calles

La sesión en la Cámara de Diputados coincidió con la quinta Marcha Federal Universitaria, convocada por estudiantes, docentes, no docentes, rectores y organizaciones gremiales frente al Congreso y en distintas ciudades del país.

A la protesta se llega después de que el juez federal Martín Cormick impusiera una multa diaria de $100.000 al jefe de Gabinete, Diego Santilli, por incumplir la cautelar que ordena aplicar la Ley de Financiamiento Universitario.

La discusión quedó plasmado en un documento al que accedió PERFIL: Defender nuestros sueños, garantizar el futuro. Allí, rectores, estudiantes y organizaciones gremiales advierten que el conflicto excede la discusión por los fondos y ponen el foco en el incumplimiento de la ley. “La universidad pública no es el problema de nuestro país”, sostienen, y cuestionan que el Ejecutivo avance con una “voluntad de gobernar por decretos de necesidad y urgencia”.

A esa discusión se suman números concretos. El proyecto de Presupuesto 2027 presentado por el Gobierno contempla $7,3 billones para las universidades nacionales, mientras que el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) estima que se necesitan cerca de $11 billones. La diferencia es de unos $3,7 billones.

Para el presidente del CIN y rector de la Universidad Nacional de Rosario, Franco Bartolacci, “las universidades están en serio riesgo de no poder sostener sus funciones el año que viene”.

Los salarios son otro de los puntos centrales de la protesta. La Asociación Gremial Docente de la UBA (AGD-UBA) sostiene que el Gobierno acumula una deuda salarial del 32%.

Su secretaria general, Laura  Carboni, señaló que un ayudante de primera con dedicación semiexclusiva cobró en octubre un salario básico bruto de $561.659, cuando, según el cálculo del gremio a partir de la ley, debería haber percibido $741.111. “El nivel de asfixia salarial al que nos están sometiendo llegó a un límite insostenible”, afirmó.

Carboni también vinculó la pérdida de poder adquisitivo con el funcionamiento cotidiano de las universidades. Desde AGD-UBA, además, advirtieron sobre la salida de más de 1.200 docentes e investigadores de la UBA y alertaron que la falta de salarios adecuados compromete tanto el dictado de clases como la continuidad de la investigación científica.

Pone la lupa sobre las Becas Progresar, que, según los firmantes, permanecen congeladas en $35.000 desde 2024.

RM MV-PERFIL