Privatización de AySA: advirten por el impacto en las tarifas y cuestionan la venta de la empresa
El defensor del Pueblo adjunto de la provincia de Buenos Aires, Walter Martello, cuestionó en COMUNAS AM el proceso de privatización de AySA y advirtió sobre sus posibles consecuencias para los usuarios. En diálogo con Rodrigo Marcogliese, señaló diferencias entre la valuación oficial y la oferta presentada, denunció falta de transparencia y alertó que seis de cada diez usuarios podrían afrontar tarifas más elevadas.
La privatización de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) abrió un nuevo debate sobre el futuro del servicio de agua potable y saneamiento, las condiciones de venta de la compañía y el impacto que podría tener sobre las facturas de millones de usuarios.
En una entrevista realizada por Rodrigo Marcogliese en COMUNAS AM, por Radio Belgrano, el defensor del Pueblo adjunto bonaerense, Walter Martello, expresó sus cuestionamientos al procedimiento impulsado por el Gobierno nacional y reclamó mayor transparencia sobre las condiciones de la operación.
Una oferta inferior a la valuación oficial
Martello sostuvo que uno de los aspectos más llamativos del proceso es la diferencia entre el valor estimado inicialmente para la empresa y la oferta presentada.
“Mientras los propios funcionarios del Gobierno habían hecho una estimación del precio del predio de esas 90% de las acciones en un valor entre 450 y 500 millones de dólares, la oferta que se presentó ayer terminó adjudicándose en las mismas en rondó casi un 25% menos”, explicó.
Según precisó, la propuesta alcanzaría aproximadamente los 340 millones de dólares, una cifra que consideró significativamente inferior a las estimaciones oficiales mencionadas.
También señaló que la operación contempla que la empresa compradora asuma una deuda de aproximadamente 70 millones de dólares que mantiene AySA.
Para Martello, estas diferencias justifican una revisión exhaustiva de las condiciones de la privatización.
Cuestionamientos por la falta de información
El defensor adjunto manifestó preocupación por las dificultades para acceder a documentación vinculada con la venta.
“Lo más notorio que nosotros vimos en este proceso de privatización es la imposibilidad de acceder a todo tipo de información”, afirmó.
Según explicó, ni los ciudadanos, ni las organizaciones gubernamentales, ni los representantes de los usuarios pudieron conocer adecuadamente las condiciones de la operación.
Martello recordó que la Defensoría realizó presentaciones judiciales para cuestionar aspectos del procedimiento, entre ellos la licitación y la falta de información sobre la valuación de la compañía.
También mencionó una denuncia impulsada por senadores nacionales relacionada con los criterios utilizados para establecer el precio de venta.
En ese sentido, cuestionó que el proceso avanzara sin una explicación pública suficiente sobre los mecanismos de tasación y las condiciones económicas de la operación.
Advierten que seis de cada diez usuarios pagarían más
Otro de los ejes centrales de la entrevista fue la modificación del esquema tarifario de AySA.
Martello explicó que se convocó a una audiencia pública para el 26 de octubre, destinada a analizar una nueva fórmula de facturación y los criterios de zonificación del servicio.
Según indicó, los cambios podrían modificar el monto que pagan los hogares, especialmente en aquellos sectores donde actualmente no existen medidores.
“El 60% de los usuarios va a pagar más tarifa, más tarifa independientemente de los aumentos que todos los meses nos vienen llegando”, advirtió.
El funcionario señaló que, de acuerdo con la información presentada, alrededor del 22% de los usuarios podría acceder a reducciones o beneficios vinculados con la tarifa social, mientras que otro sector mantendría valores similares.
No obstante, sostuvo que la mayoría enfrentaría incrementos derivados de la nueva modalidad de cálculo.
Una concesión por 30 años
Martello también cuestionó la extensión prevista para la concesión del servicio.
“La concesión es por 30 años”, recordó, y planteó que una decisión de semejante alcance requiere mecanismos sólidos de control y garantías para los usuarios.
Además, criticó que el argumento de la ineficiencia estatal se utilice para justificar la privatización después de un período en el que, según señaló, se habrían paralizado obras y aplicado fuertes aumentos tarifarios.
“¿Cuál es el sentido de privatizar y encima privatizarla a un precio, te reitero, un 25% menos de lo que nosotros decíamos que valía, sino que el propio Gobierno decía?”, cuestionó.
La nueva facturación y el reclamo de participación ciudadana
Martello advirtió que la discusión tarifaria no debe quedar limitada a cuestiones técnicas, porque afecta directamente la economía de los hogares.
Según explicó, el nuevo esquema incorporaría criterios de zonificación que podrían modificar las facturas incluso en viviendas sin medidor.
También cuestionó que las audiencias públicas no tengan carácter vinculante y que las autoridades puedan avanzar con decisiones que no necesariamente reflejen las objeciones de los usuarios.
“Por experiencia propia, las audiencias públicas no son vinculantes”, señaló.
Para el defensor adjunto, la privatización debe evaluarse no solamente por el dinero que recibirá el Estado, sino por las obligaciones de inversión, los mecanismos de control y las garantías de acceso a un servicio esencial.
El Gobierno nacional, por su parte, sostiene que el nuevo operador deberá cumplir un plan de inversiones para ampliar las redes de agua potable y cloacas, mejorar la infraestructura y elevar la calidad del servicio.
La defensa de los usuarios, en el centro del debate
Martello insistió en que la Defensoría continuará interviniendo para reclamar información y controlar las condiciones de la transferencia de AySA al sector privado.
Su principal preocupación, explicó, es que los usuarios terminen afrontando mayores costos sin que exista una mejora equivalente en las prestaciones.
La entrevista dejó planteados dos interrogantes centrales: si el precio ofrecido refleja el valor de la compañía y cómo impactará la privatización en las tarifas de los hogares.
Mientras avanza el proceso de venta, el debate sobre la prestación del servicio de agua potable y saneamiento continúa abierto, especialmente para los millones de usuarios del Área Metropolitana de Buenos Aires.
