Adair Pinto: “Bolivia atraviesa una crisis muy compleja en el manejo de la Justicia”
El periodista boliviano analizó en diálogo con Comunas la detención del fiscal general Roger Mariaca, acusado de presuntos vínculos con el narcotráfico. La Asamblea Legislativa busca designar una autoridad interina mientras crecen las tensiones políticas y los interrogantes sobre el futuro de las investigaciones judiciales.
Bolivia atraviesa una profunda crisis institucional tras la detención del fiscal general del Estado, Roger Mariaca, investigado por los presuntos delitos de organización criminal, legitimación de ganancias ilícitas y tráfico de sustancias controladas.
El periodista boliviano Adair Pinto explicó en diálogo con Comunas que la Asamblea Legislativa Plurinacional se encuentra ante la necesidad de designar una autoridad interina que conduzca el Ministerio Público mientras se desarrolla el proceso judicial contra Mariaca.
“La política boliviana ha puesto nuevamente al país bajo la mirada de la comunidad internacional”, señaló Pinto al describir un escenario marcado por detenciones, acusaciones cruzadas y un creciente vacío de poder dentro de la Fiscalía.
Adair Pinto
Las acusaciones contra Roger Mariaca
La detención del fiscal general se produjo después de que Estados Unidos le revocara la visa y lo acusara de brindar protección a organizaciones vinculadas con el narcotráfico.
Las sospechas se profundizaron tras la difusión de videos y audios atribuidos al narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, extraditado a Estados Unidos. En esas grabaciones, Marset habría asegurado que mantenía una relación cercana con Mariaca y con otras autoridades bolivianas.
Junto con el fiscal general fueron detenidos otros funcionarios y empleados del Ministerio Público. También se ordenaron actuaciones contra autoridades de la Fiscalía de Santa Cruz, mientras el exministro de Gobierno Eduardo del Castillo es buscado por la Justicia por sus presuntos vínculos con la misma trama.
Pinto remarcó, sin embargo, que las imputaciones todavía deberán ser probadas judicialmente y que el debido proceso debe respetarse más allá de la gravedad de las acusaciones.
Una disputa por la conducción de la Fiscalía
La detención de Mariaca abrió una discusión sobre quién debe asumir de manera provisional la Fiscalía General. Luis Montaño se presentó como fiscal interino, pero el Gobierno boliviano desconoció su designación, lo acusó de usurpación de funciones y anunció que sería detenido.
Ante esta situación, la Asamblea Legislativa comenzó a buscar una salida institucional mediante la designación de un fiscal interino. Esa autoridad permanecería al frente del organismo hasta que se cumplan los procedimientos constitucionales para elegir al nuevo titular.
“No está claro cuánto puede demorar la elección. Podrían ser horas, días o incluso semanas”, explicó Pinto.
El periodista sostuvo que la ausencia de una conducción reconocida afecta a todo el sistema penal boliviano, ya que la Fiscalía dirige las investigaciones criminales en el país.
“Se ha generado un vacío de poder y un caos en todo el sistema judicial. Bolivia atraviesa una crisis muy compleja en el manejo de la Justicia”, afirmó.
Las investigaciones que quedan bajo interrogación
Uno de los principales interrogantes se relaciona con el futuro de las causas que se encontraban bajo la órbita de Mariaca. Entre ellas se encuentra la investigación contra el consultor argentino Fernando Cerimedo, detenido preventivamente en Bolivia y acusado en diferentes procesos judiciales.
Pinto señaló que la detención del fiscal general se produjo cuando las investigaciones comenzaban a alcanzar a personas cercanas al poder político. No obstante, aclaró que por el momento no existen elementos suficientes para establecer una relación directa entre esas causas y las acusaciones contra Mariaca.
El periodista también llamó la atención sobre el papel de Estados Unidos en el proceso. Recordó que el Gobierno de Rodrigo Paz mantuvo reuniones recientes con autoridades norteamericanas y consideró necesario observar con atención el alcance de esa influencia sobre la política y la Justicia bolivianas.
“Es llamativo que hayan transcurrido varios meses desde la detención de Marset y que las medidas contra Mariaca se produzcan después de la aparición de información que comprometería a sectores políticos”, planteó.
Para Pinto, el caso abre un debate que excede la situación personal del fiscal detenido. Lo que está en discusión es la independencia del Ministerio Público, su relación con el Poder Ejecutivo y la capacidad de Bolivia para resolver la crisis respetando su institucionalidad.
La Asamblea Legislativa deberá definir ahora una conducción transitoria que garantice la continuidad de las investigaciones, en medio de un escenario de fuerte tensión política y de creciente desconfianza hacia el sistema judicial.
