Plaguicidas en humanos: quieren exonerar a la investigadora del INTA que coordinó el estudio
Un estudio internacional destinado a analizar la exposición de las personas y el ambiente a los plaguicidas derivó en una fuerte controversia dentro del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). Su coordinadora en Argentina, Virginia Aparicio, enfrenta actualmente un sumario administrativo que, según su defensa, podría terminar con su exoneración del organismo.
Ingeniera agrónoma, doctora en Ciencias Agrarias e investigadora del INTA y del CONICET, Aparicio lleva más de dos décadas trabajando en la Estación Experimental Agropecuaria Balcarce y ha desarrollado buena parte de su actividad científica en el estudio de los plaguicidas y su presencia en el ambiente.
En diálogo con Rodrigo Marcogliese en COMUNAS AM por Radio Belgrano, explicó los resultados obtenidos en el país y cuestionó que esa información no haya sido utilizada para profundizar investigaciones y desarrollar políticas públicas.
Un proyecto internacional financiado por la Unión Europea
SPRINT —Sustainable Plant Protection Transition— es un proyecto internacional financiado por la Unión Europea que comenzó en 2020 y estudió la exposición a plaguicidas en seres humanos, animales y diferentes componentes del ambiente. El INTA participó institucionalmente de la iniciativa, junto con centros científicos europeos.
Según explicó Aparicio en COMUNAS AM, el proyecto recibió un financiamiento de aproximadamente 14 millones de euros y buscaba generar información que permitiera reducir la dependencia de los plaguicidas y avanzar hacia sistemas productivos más sustentables.
En Argentina, el trabajo se concentró en el sudeste bonaerense e incluyó voluntarios provenientes de zonas rurales, pueblos pequeños y ciudades como Mar del Plata, Necochea, Tandil, Lobería, Balcarce y Tres Arroyos.
Los investigadores tomaron muestras de sangre, orina, materia fecal e hisopados nasales. También analizaron polvo de los hogares y otras matrices ambientales, animales y vegetales.
Plaguicidas presentes en todos los participantes
Uno de los resultados que Aparicio destacó durante la entrevista fue la extensión de la exposición encontrada.
Según explicó, no hubo participantes en los que no se detectaran plaguicidas en las muestras analizadas. Otros informes sobre los resultados argentinos de SPRINT señalan que se encontraron entre 2 y 10 plaguicidas en sangre, entre 6 y 13 en orina y hasta 18 sustancias en materia fecal.
Aparicio señaló además que en el 100% de las muestras de materia fecal analizadas se detectó glifosato y que el estudio monitoreó cerca de 200 plaguicidas diferentes.
La investigadora aclaró que el problema no se limita a una sustancia determinada.
“No estamos expuestos a un único producto, sino que es masiva la presencia de los plaguicidas en nuestra vida cotidiana”.
Ese aspecto, sostuvo, abre interrogantes científicos sobre los efectos que puede producir la exposición crónica a mezclas de diferentes sustancias, especialmente porque todavía resta investigar cómo interactúan entre sí y qué consecuencias pueden tener a largo plazo.
“Es un problema de salud pública”
Para Aparicio, los resultados no deberían interpretarse únicamente como una discusión sobre producción agropecuaria.
“Realmente es un problema de salud pública, pero no solo hospitalaria”, sostuvo durante la entrevista.
La científica explicó que los plaguicidas son utilizados para combatir malezas y plagas y reconoció su importancia dentro de los sistemas productivos. El problema, señaló, aparece cuando no se utilizan correctamente o cuando no se estudian previamente otras alternativas de control.
También advirtió que la exposición no queda necesariamente circunscripta a quienes trabajan directamente en el campo.
El estudio incluyó habitantes urbanos y de pequeñas localidades y analizó incluso el polvo acumulado dentro de las viviendas. Para Aparicio, esa información permite abrir nuevas líneas de investigación sobre enfermedades ambientales y humanas y sobre las distintas vías por las cuales las personas pueden quedar expuestas.
El conflicto con el INTA
La controversia comenzó cuando llegaron los resultados.
Aparicio sostuvo en COMUNAS AM que las autoridades del INTA impidieron una reunión que tenía prevista con los voluntarios para explicarles los datos obtenidos y que posteriormente el organismo decidió retirarse del proyecto.
“Cuando la dimensión de resultados que tenemos, la masividad de presencia de plaguicidas en todas las matrices, no me dejan tener una reunión con los voluntarios”, relató.
Información publicada sobre el caso ubica ese quiebre durante 2023: en junio de ese año el INTA habría frenado la presentación de resultados y posteriormente se retiró del proyecto. El sumario administrativo avanzó después y actualmente permanece abierto.
Aparicio sostiene que su participación en SPRINT había sido aprobada institucionalmente. El propio INTA había difundido anteriormente documentación sobre el proyecto y su participación en la iniciativa internacional.
Un sumario que podría terminar en exoneración
La investigadora enfrenta ahora un procedimiento administrativo que podría tener consecuencias particularmente graves para su carrera.
Según su abogado, Mario Bolla, el expediente propone su exoneración. La decisión final todavía no está tomada y corresponde distinguir esa propuesta de una sanción firme.
Aparicio explicó en COMUNAS AM que un sumario tiene como finalidad determinar responsabilidades y que cuenta con instancias para presentar pruebas, testigos y descargos.
Sin embargo, manifestó su preocupación por la gravedad de una eventual exoneración, que no solo afectaría su puesto en el INTA sino también su desempeño dentro de la administración pública.
“Para mí hay dos cosas importantes. Una es la de la empleada Virginia Aparicio que quieren exonerar y esa la tendré que resolver, pero hay otra que para mí es mucho más importante”, señaló.
“Para mí es casi más grave que mi propia exoneración”
Sobre el final de la entrevista, Aparicio puso el foco en lo que considera el aspecto central del conflicto: qué ocurrió con la información científica producida por el proyecto.
La investigadora sostuvo que los resultados fueron generados dentro de una iniciativa internacional evaluada científicamente y lamentó que no hayan sido aprovechados para orientar decisiones públicas.
“Que el Estado tenga información que está tan bien evaluada a nivel internacional y que no la utilice para volcarla en decisiones públicas y en herramientas para nuestro propio pueblo, esto para mí es casi más grave que mi propia exoneración”.
Para Aparicio, los resultados deberían servir para continuar investigando, mejorar los sistemas productivos y establecer políticas que permitan reducir los riesgos de exposición. El debate excede así su situación laboral. El interrogante que deja abierto el caso es qué hará el Estado con la información obtenida sobre la presencia de plaguicidas en personas y en el ambiente, y hasta qué punto esos resultados podrán convertirse en políticas de prevención, producción y salud pública.
