Críticas al oportunismo presidencial. Temores por la creación del Consejo de Seguridad sin ningún tipo de control externo. La Rosada se adjudica supuestas 45 sanciones a exploraciones y explotaciones petroleras cerca de Malvinas, pero no identificó a ninguno.
El oportunismo del discurso presidencial en el que anunció el endurecimiento de las medidas para evitar la explotación ilegal de hidrocarburos en las islas abrió cuestionamientos por la inacción previa. “Bienvenido a la causa Malvinas”, ironizaron sectores de la oposición, que no dudaron en trazar un paralelismo con el dictador Galtieri, que arrastró al país a la guerra en medio de la pérdida de legitimidad de la última dictadura militar. En cadena nacional, el Presidente echó mano a un marco normativo preexistente que otros gobiernos ya utilizaron para sancionar e inhabilitar a las empresas que participan del proyecto Sea Lion. Las críticas van más allá del contorsionismo presidencial y apuntan a la necesidad de “internacionalizar la respuesta”. Diplomáticos consultados por este diario alertaron, además, sobre la estructura del “Consejo de Seguridad”, que deja afuera a los gobernadores y pide que se le “deleguen facultades para responder con autonomía” ante amenazas estatales o no estatales. El día después del rayo malvinizador, el gobierno anunció “el inicio de los procedimientos sancionatorios de 45 sujetos, tanto personas humanas como personas jurídicas, por la exploración y explotación de hidrocarburos en nuestras Islas Malvinas”, informó la Oficina del Presidente sin identificar a ninguno de esos supuestos 45 sancionados.
El paquete presentado por Milei como una ofensiva para reforzar la soberanía tiene pocas novedades. La anunciada protección de los recursos hidrocarburíferos supone, en los hechos, aplicar una ley vigente desde 2011, que prohíbe la exploración y explotación en la plataforma continental argentina sin autorización del Estado y contempla sanciones e inhabilitaciones. Ese mismo marco ya fue utilizado contra petroleras que participan del proyecto Sea Lion. Tampoco es nueva la Base Naval Integrada de Ushuaia que el presidente incluyó entre sus anuncios. La obra comenzó en marzo de 2022, durante el gobierno de Alberto Fernández. La contradicción se completa con una decisión reciente. En agosto de este año, el propio Gobierno habilitó la venta de un predio de la Armada en Ushuaia que había sido previamente desafectado del uso de Defensa.
Las repercusiones fueron inmediatas. Minutos después de que terminara la cadena nacional, la consultora Pulso Research relevó 7.200 posteos sobre Malvinas en X. Entre los que tomaron posición, el 47% expresó rechazo, el 43% apoyo y el 10% escepticismo. Por su parte, QSOCIAL midió 1.435.960 acciones —la suma de reacciones, comentarios y reposteos— en las distintas plataformas. El 42,7% de las acciones del período se produjo entre las 21 y las 22 del 3 de septiembre y el 56,8%, en las tres horas posteriores al inicio de la cadena.
El arco político también fijó postura. En el Congreso, donde recaerá el pedido de facultades para dotar de autonomía al Consejo de Seguridad, dos exfuncionarios de Cancillería y Defensa salieron a responderle al Presidente. El exministro de Defensa Jorge Taiana dijo que “Milei busca galtierizar su figura para recuperar espacio ante el pueblo argentino” y advirtió que “utilizar la Causa Malvinas para crear un Consejo de Seguridad, en el marco de la estrategia contrainsurgente del ‘Escudo de las Américas’, resulta peligroso”. Taiana recordó, además, que las obras de la Base Naval que anunció Milei comenzaron en 2022, durante su gestión al frente del Ministerio de Defensa, pero que el gobierno libertario “paralizó las obras por tres años”. El diputado Agustín Rossi recordó que “hace semanas pusieron en venta terrenos aledaños a la Base”.
Ese predio es considerado clave en términos de soberanía por su cercanía a los controles de acceso al Atlántico Sur y la Antártida. El abogado Juan Augusto Rattenbach, divulgador de la causa Malvinas, destacó que la base “es necesaria”, pero recordó que “parte de ese proyecto inicial iba a estar financiado por el Fondef, que se dejó de ejecutar” durante el gobierno de Milei. “Deberíamos haber estado en un escenario de un presidente en cadena nacional inaugurando esa base en Tierra del Fuego en 2026”, dijo.
La última foto de Milei en esa base fue en 2024 junto a la general del Ejército de los Estados Unidos Laura Richardson, entonces comandante del Comando Sur. Ese día, Milei dijo que la base convertiría “a nuestros países en la puerta de entrada” a la Antártida y sostuvo que el mejor recurso para defender la soberanía argentina era reforzar la alianza estratégica con Estados Unidos, confirmando el tutelaje. El investigador del Conicet Gabriel Merino lo inscribió en una política más amplia de subordinación geopolítica. “Como en 1982, el gobierno parece aferrarse a un espejito de color mientras profundiza una subordinación geopolítica integral. Argentina juega como peón en la estrategia de Trump para presionar al Reino Unido a acompañar una eventual guerra contra Irán, involucrarse en la disputa por el Estrecho de Ormuz y aumentar su presupuesto militar”, dijo ante este diario.
Para el exembajador ante la ONU Jorge Argüello, “un decreto reglamentario y un proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional no atacan ni resuelven el problema central”, sino que “hay que internacionalizar la respuesta”. Según Argüello, “hay dos caminos que deberían activarse coordinadamente: volver a la Asamblea General de la ONU y explorar seriamente las herramientas jurídicas de la CONVEMAR. No se trata de elegir entre diplomacia y derecho internacional. Hay que utilizar ambos. Y hacerlo antes de que comience la explotación”.
Los internacionalistas consultados por este diario suelen recuperar el caso Chagos a la hora de hablar de Malvinas, ya que muestra cómo una disputa de descolonización puede avanzar combinando diplomacia, presión política y derecho internacional. Tras un pronunciamiento de la Corte Internacional de Justicia y el respaldo de la ONU, el Reino Unido terminó acordando con Mauricio la restitución de la soberanía del archipiélago. Sin embargo, Estados Unidos no lo permitió del todo. El acuerdo preservó su principal interés estratégico en la zona y garantizó la continuidad de la base militar de Diego García, que seguirá bajo control británico y podrá ser utilizada por Washington y Londres durante 99 años.
María Cristina Perceval, exembajadora argentina ante las Naciones Unidas, introdujo ante Página/12 otras dimensiones a observar. Para la diplomática, el lenguaje del discurso incluyó expresiones propias de las nuevas “guerras híbridas o tecnológicas” y advirtió que “pone en tensión la doctrina argentina”, que separa de forma estricta la defensa nacional de la seguridad interior. Perceval cuestionó la creación de un Consejo de Seguridad en el que articulen Cancillería, Defensa, Inteligencia y Economía sin presencia de los gobernadores “en un país federal” y pidió “máxima prudencia” a la hora de “delegar facultades”. Para la diplomática, “con la excusa de defender la soberanía se podría llevar puesta la democracia”.
