El intento de asesinato de su expareja, el enriquecimiento ilícito y la participación en diversos episodios de corrupción de ambos lados de la frontera con Bolivia no son los únicos motivos por los que Fernando Cerimedo debe rendir cuentas ante el Poder Judicial. El exasesor de Javier Milei fue intimado por un juzgado comercial argentino a pagar 139 millones de pesos en una demanda iniciada por el Banco Galicia, por haber firmado a principios de 2025 un pagaré en nombre de su empresa Numen Publicidad y Sondeos, deuda que nunca saldó.

El fundador del portal coprofílico La Derecha Diario cumple prisión preventiva en la cárcel de Palmasola, en Santa Cruz de la Sierra, imputado como autor intelectual de la tentativa de femicidio contra la abogada Nadia Beller, hasta entonces su pareja, que el 17 de agosto último recibió tres disparos efectuados por sicarios y sobrevivió para contarlo. En Bolivia también se lo investiga por enriquecimiento ilícito luego de que Beller revelara que como asesor del presidente Rodrigo Paz está involucrado en casos de sobreprecio en la distribución de combustible, la creación de un equipo de élite policial bajo su mando, pagos a legisladores para que se aprueben ciertas leyes y otras irregularidades. En una tercera causa, se lo investiga por presunto tráfico de sustancias controladas y encubrimiento al narcotráfico.

En nuestro país, el operador todoterreno de la derecha latinoamericana declaró en su momento como testigo en la causa por sobreprecios y coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), aunque las declaraciones de Beller, que ya manifestó su voluntad de testificar en caso de ser citada, podrían convertirlo también en imputado. La abogada contó que Cerimedo y su pareja argentina, Natalia Basil, fueron quienes filtraron los audios de Diego Spagnuolo sobre el 3 por ciento de las coimas para Karina Milei; dijo que el extaxista le contó sobre el involucramiento de la secretaria del presidente en casos de corrupción, pero también le mostró un cajón repleto de dinero que, según dijo, debía entregarle a la gran hermana, con lo cual también sería parte de la estructura corrupta de la que hablaba. La diputada Marcela Pagano pidió que Beller sea citada como testigo y la mujer aclaró que si es citada se presentará a declarar, medida que evalúan por estos días el fiscal Franco Piccardi y el juez Ariel Lijo.

La mala nueva para Cerimedo, tal vez menor en comparación, es que la Justicia Comercial hizo lugar a un pedido del Banco Galicia en una demanda ejecutiva contra el consultor y su empresa Numen Publicidad y Sondeos. El reclamo se originó en un pagaré de 70 millones que Cerimedo avaló, pero que con intereses y costas ya ascendería a 139 millones.

La decisión, que informó ayer el diario Clarín, tuvo lugar en la causa “Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U. c/ Numen Publicidad y Sondeos S.R.L. y otro s/ejecutivo”, que tramita ante el Juzgado Comercial 14, secretaría 27. El expediente se inició a partir de un pagaré por 70 millones de pesos emitido por Numen Publicidad y Sondeos el 10 de febrero de 2025. Según la demanda del banco, Cerimedo figura como aval del documento por la totalidad de las obligaciones asumidas por la sociedad.

El Galicia había reclamado el capital más los intereses compensatorios y punitorios. Según la liquidación presentada en la demanda, al 16 de abril de 2026 el reclamo ascendía a 138.977.808,22 pesos. La mala nueva para Cerimedo, esta semana, es que juez Pablo Frick ordenó librar un “mandamiento” para requerir a los demandados (el consultor y la firma) el pago de los 70 millones de capital, más otros 70 millones estimados provisoriamente en concepto de intereses y costas, y ordenó la inhibición general de bienes de ambos.

La resolución ordena librar los despachos correspondientes para hacer efectiva la medida y también contempla la posibilidad de requerir información a la Inspección General de Justicia (IGJ) sobre los datos de inscripción de Numen. Además, el juzgado dispuso que se libre oficio al Registro Único Laboral y a la ANSES para conocer, en caso de existir, información sobre el empleo del demandado. La resolución establece también que Cerimedo y la sociedad quedan citados para oponer excepciones y constituir domicilio dentro del plazo de cinco días, bajo el apercibimiento previsto por el Código Procesal.

La causa tramita como juicio ejecutivo, un proceso utilizado para reclamar judicialmente obligaciones documentadas en títulos que permiten una ejecución directa, como los pagarés. En su presentación inicial, el Galicia sostuvo que el pagaré fue presentado al cobro el 10 de marzo de 2025 y que desde entonces correspondían intereses punitorios. El documento establecía, según el banco, un interés compensatorio del 57 por ciento anual y uno punitorio del 28,5 por ciento anual durante la mora. El banco también había pedido la inhibición general de bienes porque, según expresó en su demanda, desconocía la existencia de bienes suficientes de los demandados para cubrir el crédito reclamado.