PAMI sin Odontología corrobora el colapso por goteo del sistema médico asistencial
Por Walter Martello –
El lunes 18 de mayo comenzó la suspensión de la atención odontológica para afiliados del PAMI en distintos puntos del país. La noticia podría leerse apenas como otro conflicto prestacional, uno más dentro de una larga lista de tensiones administrativas y financieras generadas por este Gobierno. Pero alcanza con detenerse un minuto en el dato de que un odontólogo de cabecera está cobrando apenas 374 pesos por paciente para entender que el problema es mucho más profundo. No alcanza para los materiales básicos, mucho menos para sostener un consultorio. No alcanza siquiera para fingir normalidad.
La deuda, según denuncian los prestadores, se arrastra desde diciembre de 2025 y la interrupción de la cadena de pagos desde febrero de este año terminó de volver inviable la atención. Detrás de la suspensión de prestaciones odontológicas no hay solamente una discusión arancelaria. Lo que aparece es otra señal de una degradación sanitaria sostenida que ya dejó de ser una advertencia para convertirse en una realidad concreta. Porque todos sabemos que el sistema de salud no colapsa de un día para otro. Se rompe por goteo.
Primero desaparecen prestaciones. Después se interrumpen los tratamientos. Más tarde llegan las complicaciones, las internaciones y finalmente la saturación hospitalaria. Lo que hoy ocurre con odontología es un síntoma visible de una política sanitaria que decidió retirarse de la idea misma de salud como derecho.
Eso es lo que viene advirtiendo el ministro de Salud bonaerense Nicolás Kreplak cuando habla de una “situación límite” y de una degradación sistémica del acceso sanitario. El problema ya no pasa únicamente por el financiamiento. Lo que está en discusión es el rol del Estado como garante de atención. Y es ahí donde aparece el núcleo del conflicto.
Porque destruir el primer nivel de atención es destruir la capacidad preventiva de cualquier sistema sanitario. Cuando una persona pierde acceso a medicamentos, controles clínicos, vacunación, odontología o seguimiento médico temprano, la enfermedad no desaparece, solo se agrava. Porque el ajuste sanitario tiene efectos diferidos, pero devastadores.
La quita de medicamentos gratuitos durante 2024 fue presentada como una medida de ahorro fiscal. El resultado comenzó a verse durante 2025. El ministro de Salud bonaerense puso como ejemplo la diabetes, advirtiendo que crecieron un 200 por ciento las internaciones por esta enfermedad y sus patologías asociadas en mayores de 65 años. Lo que se dejó de invertir en prevención reapareció multiplicado en terapias intensivas, amputaciones, insuficiencia renal y complicaciones cardiovasculares.
No es una abstracción técnica. Son jubilados que empiezan a tomar la medicación “día por medio” porque no pueden pagarla. Personas que eligen cuál remedio comprar y cuál abandonar. Pacientes que suspenden controles porque los copagos son impagables o porque directamente ya no tienen prestadores disponibles.
La destrucción del primer y segundo nivel de atención produce exactamente eso, personas que llegan al hospital cuando la enfermedad ya explotó. Y ningún sistema sanitario soporta funcionar únicamente desde la emergencia.
También sucede con la vacunación. La demora en el envío de dosis y las dificultades de abastecimiento dejaron la cobertura antigripal cerca del 30 por ciento cuando, a esta altura del año, debería superar ampliamente el 70. A eso se suma la falta de vacunas de calendario y el deterioro de campañas preventivas que durante décadas habían permitido controlar enfermedades hoy en riesgo de reaparición.
El daño es doble. Por un lado, aumenta el riesgo sanitario colectivo. Por otro, se rompe la confianza social en el sistema público de inmunización, uno de los mayores consensos históricos de la salud argentina. Mientras tanto, el hospital público absorbe el impacto de todo ese derrumbe.
Cuando falla el PAMI, el jubilado no deja de enfermarse. Cuando una obra social deja de cubrir prestaciones, la enfermedad no entra en pausa. Lo que ocurre es un desplazamiento masivo hacia el sistema público, que hoy enfrenta niveles de demanda extraordinarios.
En la provincia de Buenos Aires las consultas en hospitales públicos aumentaron alrededor de un 30 por ciento. Pero el dato más revelador es otro: más de la mitad de las consultas e internaciones corresponden actualmente a personas que tienen obra social pero que no pueden usarla por falta de prestadores, cierres de clínicas o copagos inaccesibles.
El hospital público pasó de ser una red complementaria a convertirse en el último refugio sanitario de millones de personas formalmente “cubiertas”.
El problema es que también ese sistema empieza a mostrar señales de agotamiento. Las terapias intensivas ya rozan niveles críticos de ocupación antes de la llegada del invierno más duro. Y los equipos de salud advierten que todavía no comenzó el pico de enfermedades respiratorias.
Por eso la marcha federal de salud realizada el miércoles excede ampliamente un reclamo sectorial. No se trata solamente de salarios, aranceles o pagos atrasados. Lo que intentan visibilizar trabajadores, profesionales y prestadores es algo mucho más profundo y es que detrás de cada prestación suspendida hay una persona que pierde acceso real a la atención.
La discusión de fondo es política e ideológica, porque cuando el financiamiento cae, cuando las prestaciones se vacían y cuando el Estado se retira de la garantía sanitaria, lo que avanza es la exclusión no la libertad de elección. Queda adentro quien puede pagar. Afuera quien no puede sostener medicamentos, consultas, estudios o tratamientos.Y eso no produce un sistema más eficiente. Produce más enfermedad, más desigualdad y más mortalidad evitable.
La suspensión de la atención odontológica es apenas la noticia sanitaria de la semana. El verdadero problema es el modelo sanitario que esta revela.Un sistema que deja caer el primer nivel de atención termina colapsando inevitablemente al segundo donde confluyen la urgencia, la terapia intensiva y el hospital saturado.
El colapso no empieza cuando ya no hay camas.Empieza mucho antes, cuando una sociedad naturaliza que sus jubilados tengan que elegir entre comer o atenderse. Cuando comenzamos a naturalizar que la salud ya no es un derecho.
