Desde el FAOS sostuvieron que la presentación realizada por el Movimiento Empresarial Anti Bloqueo (MEAB), organización a la que vinculan directamente con el oficialismo nacional, carece de sustento jurídico legítimo. Según los abogados laboralistas, esta acción judicial «tiene como único fin amedrentar a Magistrados que, como en el caso, ejercen su función con independencia de los poderes políticos y fácticos».

El antecedente de la IGJ

En su descargo, el Foro recordó el cuestionado origen legal del MEAB. La organización sindical remarcó que la Inspección General de Justicia (IGJ) ya le había denegado la personería jurídica a dicha asociación empresaria. Aquella resolución oficial se fundamentó precisamente en la oposición del FAOS, que denunció la «ilegalidad del objeto que perseguía» la entidad patronal.

Este revés administrativo para el movimiento «anti bloqueo» no fue aislado, ya que la decisión de la IGJ fue ratificada recientemente por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil. Para el FAOS, este historial confirma que la asociación nació bajo «consignas contrarias a los principios democráticos y republicanos» que intentan sostener.

La Justicia como «ariete represivo»

La preocupación de los abogados de gremios radica en la metodología empleada por sectores empresarios para influir en los fallos laborales. El Foro denunció una estrategia sistemática que consiste en «utilizar a la Justicia Penal como ariete represivo de sus objetos contrarios al orden constitucional».

Ante la gravedad de los hechos, el FAOS concluyó su misiva con una exigencia a las máximas instancias del Poder Judicial. El foro de abogados realizó un «llamado a las autoridades judiciales para que, en lo sucesivo, adopten medidas que impidan tal tipo de conductas», con el fin de resguardar la integridad y la independencia de los jueces frente a presiones externas.

FUENTE.  MUNDO GREMIAL