Los defensores de menores criticaron la baja de la edad de imputabilidad
Una reforma “inútil e innecesaria”
Dos organizaciones del sector apuntaron contra el proyecto del Gobierno que habilita que chicos de 14 años vayan presos. “El contexto carcelario favorece una dinámica de violencia”, advirtieron.
El Consejo Federal de defensores y asesores generales de la República Argentina y la Asociación Civil de la defensa pública de la República Argentina (ADEPRA) manifestaron su preocupación sobre el proyecto oficialista de modificar el Régimen Penal Juvenil, que se debatirá este jueves en sesiones extraordinarias. Las agrupaciones sostuvieron que bajar la edad de punibilidad “es inútil e innecesario, ya que es ínfimo el número de delitos cometidos por personas menores de 18 años y más insignificante aún los cometidos por menores de 16”. Para cerrar, llamaron a las autoridades legislativas y al Poder Ejecutivo Nacional a desistir de avanzar con este proyecto, y a impulsar un debate serio.
En respuesta al proyecto del Gobierno para bajar la edad de imputabilidad a los 14 años, mediante un comunicado ambas agrupaciones detallaron por qué esto no traería resultados positivos, sino que fomentaría más violencia. Explicaron que la reforma es perjudicial porque “está comprobado que la privación de libertad afecta el desarrollo emocional del adolescente y que el contexto carcelario favorece una dinámica de violencia, reproducción de traumas y consolidación de identidades negativas”.
Uno de los comentarios que más corren en busca de aprobación para la ley es que, en nuestros países vecinos, la edad de imputabilidad es menor a 16, y nosotros que nos quedamos atrás debemos aggiornarnos. El comunicado en defensa de los menores entra en detalle sobre estos dichos, y expone que la baja de edad de punibilidad no garantiza mayor seguridad, sino más bien al contrario.
En nuestro país, con una edad de punibilidad de 16 años, el índice de homicidios por cada 100 mil habitantes es de 3,7. En Paraguay, con una edad de 14 años, el mismo índice es de 6,2. En Uruguay, con una edad de 13 años, índice de 10,7. México, edad de 12 años, índice de 22,6. Brasil, edad de 12 años, índice de 23,01. Es exponencial, cuanto más temprano encarcelan a niños, niñas y adolescentes, hay más homicidios.
“El proyecto de ley en cuestión (art. 28/31) habilita el alojamiento de niños, niñas y adolescentes en cárceles comunes, lo que es además de regresivo e inconstitucional, contradictorio con la realidad existente”, declararon las agrupaciones. Y explicaron que hoy en día Argentina tiene el mayor índice de cantidad de presos de nuestra historia, lo que provoca que en la mayoría de las unidades penales haya hacinamiento. Muchos lugares no están bien preparados para cumplir con las penas de presos de mayor edad, y “mucho menos lo están para alojar niños y adolescentes”.
ADEPRA y el Consejo federal de defensores también destacaron que casi el 90% de los delitos cometidos por adolescentes se concentran en Santa Fé, Buenos Aires, Córdoba y CABA, mientras en el resto del país se vive una realidad muy distinta. Además, la mayoría de los delitos que involucran adolescentes son delitos contra la propiedad, como robos, y esa franja etaria en delitos graves como el homicidio es muy escasa, por lo que la urgencia del Gobierno para tomar esta medida sería injustificada, desproporcionada, o con intenciones distintas a las que proclama.
“Si la intención de este proyecto es mejorar la seguridad ciudadana, los recursos existentes (siempre escasos) se deben volcar a los sistemas de protección, a la prevención, al acompañamiento a las víctimas y no en hacer nuevas cárceles, como así también a abordar las verdaderas causas sociales del problema”, se lee en el documento.
Este jueves, después de debatir la reforma laboral, La Libertad Avanza espera discutir el proyecto de reforma penal juvenil. Al principio la propuesta libertaria era bajar la edad a los 13 años, ahora la subieron a 14 en búsqueda de más apoyo. Para lograr media sanción, necesita el dictamen del plenario de cuatro comisiones.
Las agrupaciones sostienen que el Estado tiene obligación de dar respuestas a las víctimas y a la sociedad, agotando recursos para que no se repitan hechos graves, pero debe hacerlo con prevención, y atender las causas que generan los delitos “desde un ámbito no penal, desde el ámbito del derecho de familia o desde otro lugar que no implique perjudicar a las niñeces”.
FUENTE : PAG 12
